Jorge Arango Mejía
El Mundo, Medellín
Enero 30 de 2010
En todas partes se habla, con razón, de la postración de la justicia. No son pocos los males que la aquejan. Veamos.
En los últimos años hemos padecido la peste de los magistrados y jueces parlanchines. Sin freno ni medida hablan de los procesos que llevan, defienden sus providencias y atacan a quienes discrepan de ellas. Convierten la noble labor de administrar justicia, en un espectáculo circense.
Olvidan que las providencias judiciales, para serlo, tienen que ser completas, incorporar su motivación: no es necesario agregarles ni quitarles nada. Recuerdo el caso de un magistrado que actuaba como ponente en un proceso de tutela relacionado con la conducta de un estudiante. Redactado su proyecto, pero sin haber sido aprobado por la sala respectiva, lanzó un comunicado de prensa en que informaba sobre la resolución, como si ésta ya hubiera sido adoptada. Cuando uno de los integrantes de la Sala manifestó que no compartía la solución, esgrimió el argumento de que ya su comunicado había circulado, que, como es lógico, le fue rechazado. Después de debatir el asunto, la sala llegó a la decisión contraria a la que él había propuesto.
En síntesis, esto de los magistrados charlatanes es una deformación de un oficio, una verdadera vergüenza. Nadie se imagina a Darío Echandía, José J. Gómez R. o César Gómez Estrada, como propagandistas de las providencias que adoptaban como jueces.
De otra parte, ahora se ha vuelto costumbre aceptar el dicho de los peores criminales como la verdad revelada. Veinte años después de haberse cometido un crimen, el “señor” ‘Popeye’ acusa a Alberto Santofimio Botero de haberlo ordenado. Y con base en esa calumnia infame, reforzada por el dicho de otro criminal convicto, se priva de la libertad a un hombre inocente. Y lo que es más lamentable: la familia de Luis Carlos Galán, cree o finge creer la mentira y la aprovecha para sus fines politiqueros, para pescar votos. Por fortuna el Tribunal Superior de Bogotá ha enmendado el error ostensible en que incurrió el juez, y la víctima de la injusticia ha recobrado la libertad.
En estos días, ‘Rasguño’ ha inventado una historieta sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, a todas luces inverosímil. Decir que el presidente Samper y su ministro Horacio Serpa ordenaron ese asesinato, es una monstruosidad, no cabe en la cabeza de ninguna persona sensata.
Llama la atención que aquellos a quienes el delincuente menciona como participantes en el delito, estén muertos, es decir, no podrán desmentirlo. Hay que recordar, además, que según una de las versiones que había en ese entonces, la negativa de Gómez a acompañar a los que tramaban el golpe, aliados con las Farc y hasta con el diablo, había determinado su muerte, como venganza de aquellos.
En síntesis, nadie que se respete puede hacerse eco de esta infamia atroz. Samper y Serpa son dos colombianos ilustres, que le han servido a la república y cuya vida no la mancha una mentira perversa de un criminal.
Pero, como era de esperarse, algunos seudo periodistas que cultivan sus odios con esmero y tienen la calumnia como su mejor arma, han celebrado la publicación de la noticia. No hay para que nombrarlos porque todo el mundo los conoce.
Es hora de poner freno a las mentiras de los criminales que aspiran a convertirse en acusadores para obtener beneficios de cualquier clase, notoriedad o dinero.
También hay que acabar con el cuento de los magnicidios de lesa humanidad, imprescriptibles.
No hay razón para aplicar normas penales retroactivamente. Todo esto no es sino el manto para tratar de cubrir la ineptitud de fiscales y jueces, y su pereza, causas de la lentitud en el trámite de los procesos. Y sigue siendo válido lo que comenté en esta columna, al respecto: con la misma lógica torcida ¿por qué no reabrir las investigaciones por los asesinatos de Gaitán y Uribe Uribe?
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