Magnicidio de Álvaro Gómez

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Enero 24 de 2010

El Proceso 8.000 renace cada cierto tiempo. Ahora lo hace de manos de las declaraciones de ‘Rasguño’, un capo del narcotráfico que fue tanto o más poderoso que los Rodríguez Orejuela.

‘Rasguño’ prometió ampliar desde Estados Unidos unas declaraciones sobre la información que tenía acerca del magnicidio de Álvaro Gómez. Cumplió y desató una polvareda al afirmar que el crimen de Gómez había sido instigado desde la Presidencia de Samper.

Coincide ‘Rasguño’ con lo que Fernando Botero, jefe de campaña de Samper y luego ministro de Defensa, ha afirmado a la Fiscalía en dos ocasiones, el 12 de junio del 2007 y el 09 de junio del 2009: que el asesinato fue un “crimen de Estado”, que Gómez era una “amenaza para la estabilidad del gobierno” y que su muerte violenta “se convirtió en un hecho profundamente intimidante para la oposición” de entonces.

De acuerdo con Botero, en el “alto gobierno”, del que él mismo hacía parte, creían que Gómez era “la única figura capaz de crear en la oposición una sola voz y una sola orientación”, el “único capaz de transformar una oposición fragmentada en una oposición unificada, sólida, coherente” y “una amenaza muy grande para el Gobierno”.

Asesinar a Gómez suponía eliminar la cabeza de la oposición y conjuraba el riesgo de que cuajara un golpe de Estado, percibido como real por parte de Samper. Y configuraba un elemento de distracción que convenía a la “estrategia de encubrimiento” del Gobierno, empeñado en sacar el asunto de la financiación de la campaña por los narcos del centro de la atención pública. Un hecho, dice Botero, ”lo suficientemente trascendental como para que el Proceso 8.000 dejara de tener el impacto que estaba teniendo en la situación política del Gobierno”.

A los narcos que, habían financiado la campaña para neutralizar los esfuerzos de restablecer la extradición, también les era útil la desaparición del dirigente político de mayor estatura moral, prestigio y autoridad de entonces y quien, como Galán o Lara Bonilla, estaba jugado a riesgo de su propia vida en contra del narcotráfico y sus ramificaciones políticas.

Gómez fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, después de un par de meses negros para el Gobierno. El 16 de septiembre de ese mismo año, y después de insistir en la necesidad de cambiar el “Régimen”, había solicitado públicamente la renuncia del Presidente. Unas semanas después, su hermano Enrique había impulsado entre los parlamentarios limpios un “pacto por la decencia”. Al mismo tiempo, y por primera vez desde la crisis, los gremios pedían una salida para la crisis política.

He dicho que las declaraciones de los bandidos hay que tomarlas con pinzas. No es distinto ahora. Pero no hallo razón para creer que, como ha dicho Samper, ‘Rasguño’ quiera “desviar y politizar” la investigación. ¿Para qué lo haría?

Si la Justicia dio carácter de plena prueba a testimonios con menos fuerza, lo único que hay que esperar es que se investigue a fondo lo dicho por el narco extraditado, que Botero encuentre los papeles que tiene sobre el asunto y que se establezca la responsabilidad plena de los autores intelectuales del magnicidio.

Al menos en este caso, todavía hay tiempo para que no prescriba. ¿Será capaz la Fiscalía?