Aurelio Martínez Canabal
El Universal, Cartagena
Enero 27 de 2010
Nadie duda de los resultados exitosos de la política de seguridad democrática, eje de la administración Uribe Vélez en sus dos mandatos presidenciales. El regreso del imperio de la ley, especialmente en el sector rural, ha permitido la recuperación de la confianza pública en la institucionalidad gubernamental. El incremento de la inversión privada y con ella el avance de nuestra economía, ha tenido como cimiento innegable la recuperación del ejercicio de la autoridad.
La preocupación nacional gira ahora en torno a la criminalidad desbordada en las ciudades. Deja mucho que pensar la coincidente acción delictiva en las principales capitales departamentales.
Estas sufren el flagelo de toda suerte de organizaciones dedicadas a las tareas ilícitas. No obstante el incremento de la fuerza pública, el hampa aparece enseñoreada en los centros urbanos. Definitivamente más que el aumento del pie de fuerza, hay que mejorar los servicios de inteligencia y la colaboración estrecha de fiscales y jueces.
A la par con la colocación del pie en el acelerador en esta batalla contra el crimen urbano, hay que encender la luz en la seguridad referida a la soberanía nacional y la integridad territorial. Un dilecto amigo me facilitó copia de algunos de los artículos que en “Cromos” le fueron publicados al general Alberto Ruíz Novoa, fallecido hace varios años. El oficial calificado, quien fuera Ministro de Defensa y Contralor General de la República, dedicó horas largas a examinar la seguridad en materia de relaciones externas de nuestra nación, especialmente frente a Venezuela. Las palabras que escribió en los años setenta del siglo pasado cobran actualidad: "En el vecino país obra un régimen agresivo desde el punto de vista internacional, que busca compensar su impopularidad interna distrayendo la atención hacia un diferendo con Colombia”.
Apoyándose en conceptos de expertos como Leo Hamon, catedrático francés, el general Ruiz Novoa precisó la necesidad de disponer nuestro país de una política de seguridad en las relaciones con otras naciones. Llamó la atención sobre el descuido que para ese entonces ya se tenía sobre los peligros externos. Planteó la necesidad de diseñar una estrategia que llevara a Venezuela, ayer como hoy, a disuadirla de su actitud agresiva. La utilización de una “Estrategia contra la guerra”, implica que ante el posible adversario se debe emplear una disuasión defensiva, basada en la capacidad para infligir un daño considerable, volver verosímil esa capacidad y lograr que parezca duradera esa capacidad y esa verosimilitud.
La estrategia disuasiva es, finalmente, una estrategia para obtener la paz. Debe, sí, ser lo suficientemente efectiva para lograr el propósito que se persigue. Demanda acciones coordinadas en los aspectos diplomático, social y político. Lo primero implica una gestión eficaz para lograr aliados, acercándose también a los países neutrales, lo segundo persigue penetrar en los segmentos de la población del adversario, divulgando los desatinos de su gobierno en el manejo internacional y lo tercero apunta a establecer vínculos con organizaciones ciudadanas de la otra nación, que simpaticen con la causa colombiana.
*Abogado Consultor en Minas e Hidrocarburos.
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