Editorial
El Mundo, Medellín
Enero 31 de 2010
Las autoridades venezolanas han tenido que ir modificando su actitud de acusar a las nuestras de mentirosas.
La violación del espacio aéreo colombiano, el pasado miércoles, por parte de un helicóptero militar venezolano, que sobrevoló territorio de Arauca, en inmediaciones de la Decimoctava Brigada del Ejército, es un acto de agresión o, como mínimo, de provocación, que como tal, debía ser no sólo protestado sino denunciado ante los organismos internacionales competentes, como en efecto ha estado procediendo el gobierno del presidente Uribe, con pruebas en la mano y agotando para ello la vía diplomática.
La Cancillería colombiana denunció el mismo miércoles que “en un hecho inaceptable, un helicóptero de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela sobrevoló la ciudad de Arauca y la Brigada del Ejército colombiano. En una actitud prudente, las Fuerzas Militares colombianas no reaccionaron. El Gobierno de Colombia acudió a los canales diplomáticos y envió una Nota de Protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, solicitando las aclaraciones correspondientes”. Por su parte, desde Davos, Suiza, el presidente Uribe dijo que su intención era “interpretar el sobrevuelo como un error... La reacción nuestra debe ser: registramos el hecho, pero reaccionamos con total prudencia, como tiene que ser. El Gobierno de Colombia ha interpretado eso como un error, y no queremos pensar nada distinto”. Pero también advirtió: “Las Fuerzas Armadas de Colombia tienen que ser totalmente diligentes y además prudentes. La prudencia no se excluye con la diligencia”, lo que, en plata blanca, quiere decir que hay que estar preparados, no sea que nos cojan desprevenidos ante un ataque premeditado.
En contraste con la actitud serena pero firme del gobierno colombiano, su homólogo venezolano reaccionó al estilo que ya le conocemos. El canciller Maduro negó rotundamente que eso hubiera ocurrido: “Rechazamos absolutamente ese tipo de información, ninguna aeronave venezolana ha pasado los límites hacia Colombia”, y enseguida hizo gala de su insolencia, por aquello de que “la mejor defensa es el ataque”, diciendo que eso hacía parte de “una campaña sucia, brutal, de odio contra el pueblo de Venezuela, contra el presidente Chávez, para incitar sentimientos de desprecio contra nuestro país, en el marco de una política que pretende iniciar un conjunto de eventos para justificar hechos violentos, para violentar la paz en nuestra frontera”. Toda una retahíla que más parece una confesión de parte acerca de lo que ha sido, de allá para acá, una estrategia muy conocida de exaltación de un falso nacionalismo para presentar a Colombia como origen de todos sus males y desviar la atención de su pueblo de los graves problemas internos.
Al incidente del helicóptero se suman otros de reciente ocurrencia que no han sido motivo de protesta ni recibido mayor despliegue propagandístico, pero que no debieran pasar desapercibidos porque muestran una tendencia provocadora preocupante. Ese mismo día de la violación del espacio aéreo, fue retenido por unidades de la Infantería de Marina en territorio colombiano, un miembro de la Guardia venezolana, de nombre Juan Vicente Gómez Martínez, quien incluso, al verse sorprendido, disparó su arma con el aparente propósito de evitar la captura. Sin embargo, sin aspavientos, las autoridades migratorias lo pusieron a disposición de la Fiscalía en Puerto Carreño, la cual no encontró méritos para judicializarlo y dispuso su expulsión del país. Lo grave es que se trata del séptimo miembro de la Guardia Venezolana, en menos de tres meses, que es retenido en territorio colombiano, lo que lleva a dudar que se trate de simples errores o de actos individuales de indisciplina, por lo que la Cancillería no debería pasarlos por alto y denunciarlos como ha hecho con el sobrevuelo militar.
En vista de la firmeza con que Colombia presentó su queja y de las pruebas, documental y fílmica, irrefutables, que presentó el vicepresidente Francisco Santos al Secretario de la OEA y al Departamento de Estado de los EEUU, aparte de los testimonios de testigos del sobrevuelo, como el del propio comandante de la Decimoctava Brigada, el del alcalde de Arauca y los de vecinos de El Amparo, por donde ingresó y salió la aeronave del territorio colombiano, las autoridades venezolanas han tenido que ir modificando su actitud de acusar a las nuestras de mentirosas. El viernes, el viceministro de Defensa, Daniel Machado, ya no negó el hecho, aunque lo consideró un incidente menor, pero prometió “una investigación técnica que permita, mediante la triangulación de radares, establecer lo sucedido”.
Esa investigación puede que no llegue a ningún Pereira y que otros incidentes, provocados o no, vengan a ocupar la atención en el inmediato futuro, pero cuando el régimen de Chávez arrancó con tal ímpetu a negar el hecho, eso indica que el incidente sí es importante y que sí tiene una connotación de agresión injustificada a Colombia. Nos complace y nos parece digna de felicitación la manera como nuestro Gobierno sigue manejando las complejas relaciones con el belicoso vecino oriental, demostrando ante el mundo que el proceder de Colombia es más institucional y más serio que el de su contraparte venezolana.
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