La ley del silencio

Editorial

El País, Cali

Enero 25 de 2010

Por enésima vez el gobierno de Hugo Chávez arremetió contra los medios de comunicación independientes. En esta ocasión sacó del aire a Rctvi, porque no transmitió un acto en el que participaba el P residente para conmemorar la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez.

Pero no sólo sufrió la medida esta empresa, la misma Radio Caracas Televisión, Rctv, sacada de la señal abierta en el 2007, en medio de una polémica internacional, y que se reinventó como compañía en el sistema de televisión por suscripción. Ahora, la decisión cobijó también a Ritmo Son, Momentum, America Tv., American Network y RV Chile.

Esta nueva ofensiva contra las empresas de comunicación no afectas al Gobierno se enmarca en la aplicación de la antidemocrática Ley de Medios, que le entregó un poder omnímodo a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, dependiente del Ejecutivo, poder que está ejerciendo sin consideración alguna por el respeto a la diversidad de opinión y a la libertad de información.

Pero el asunto no para allí. Hace una semana, comandos armados del chavismo incursionaron en las instalaciones de Globovisión, otro canal de televisión independiente, y la emprendieron contra instalaciones, equipo y personal. El incidente, que quedó grabado y fue difundido, desató una oleada de protestas, hasta tal punto que incluso la Fiscalía venezolana se vio obligada a decir que “investigaría” lo ocurrido.

Además, en los últimos días la Comisión de Telecomunicaciones ha cerrado 34 estaciones de radio de nivel regional y local, aduciendo violaciones a su ley de Medios, con lo que la mordaza a los venezolanos se extiende a todo tipo de medios de comunicación. La ciudadanía venezolana se ha movilizado a las calles, portando pancartas en las que se dice “la radio no se apagará”.

Para algunos analistas toda esta acometida está relacionada con las próximas elecciones de Congreso, en las que el chavismo podría sufrir un revés, dada la pésima situación económica del país, por lo que el Gobierno quiere reducir al máximo toda opinión crítica o toda información que genere intranquilidad. Es la ley del silencio cómplice, que quiere Hugo Chávez para imponer su comunismo ya declarado.

La Fiscalía General de ese país presentó una propuesta de “ley especial sobre delitos mediáticos”, en la que se establecen penas de hasta cuatro años de cárcel para dueños de medios de comunicación, directores y periodistas que “omitan información que pueda alterar el derecho a la verdad” o “que inciten a la violencia” o “que generen intranquilidad”. Es una manera taimada de obligar a difundir las proclamas presidenciales, a cerrar sus espacios para informar sobre manifestaciones de protesta o a desconocer los informes sobre el deterioro de la economía. Todo ello encaminado a distorsionar la opinión pública, con miras a los próximos comicios.

En suma, Venezuela vive la opresión totalitaria de un régimen impopular empeñado en mantenerse en el poder a toda costa. En estas circunstancias, se abre para el pueblo el camino al ejercicio de un derecho fundamental consignado en “los derechos del hombre y del ciudadano”: el derecho a rebelarse contra la opresión.