José Félix Lafaurie
Vanguardia Liberal, Bucaramanga
Enero 31 de 2010
No es de poca monta lo que está en juego en la ganadería de leche. Su futuro depende, en el corto plazo, de una decisión del Gobierno –la determinación del precio del litro de leche cruda que debe recibir el productor–, y de las señales que envíe para su permanencia en el largo plazo. ¿Por qué el Gobierno tendría que intervenir y fijar un precio en un mercado? ¿No son la oferta y la demanda las que lo determinan? Infortunadamente lejos estamos de ese “deber ser”. Daño grave se le haría al país el aceptar esa tesis cuando existen condiciones de mercado adversas que habilitan intereses muy particulares. Es una situación en la que la industria procesadora de leche puede hacer lo que quiera con los productores. Algo debe decirles al Gobierno –y a todos los colombianos– los continuos períodos de crisis por la que atraviesan los productores de leche.
Hay que señalar que un poco menos de la mitad de la producción total de leche cruda es adquirida por la industria (2.700 millones de litros al año). Una pequeña parte se queda en finca (700 millones), y el resto (2.900 millones) lo absorbe el mercado informal. En la práctica lo que existe es una abundante oferta de leche cruda a disposición de la industria, lo cual significa que el argumento de exceso de oferta siempre va a ser válido para bajar precios, ya sea en época de invierno o de verano. Argumento que siempre utiliza la industria. El año pasado lo aceptaron los productores más con la responsabilidad social que los caracteriza que con ingenuidad, para que los colombianos menos favorecidos pudieran beneficiarse de la excelente oferta de leche cruda al estar dispuestos a poner $25 por litro para comprar los excedentes a la industria y llevarlos al mercado asistencial.
La pregunta entonces es, ¿por qué la industria no lleva esa abundante oferta a las poblaciones de bajos ingresos? Estudios de mercado indican que el canal de distribución por excelencia de los procesadores son los grandes supermercados, en donde colocan alrededor del 70% de sus productos. No van a las poblaciones pobres. Pero tampoco aprovechan los buenos precios de los mercados internacionales. Cuando el precio por tonelada estuvo a US$5.700, nuestros industriales no lograron exportar una tonelada de leche en polvo a nuevos mercados.
Cada uno maneja su negocio como mejor le parezca. Puede regalarla y exprimir a sus proveedores, pero lo que sí es claro es que el Gobierno no puede evadir su responsabilidad. La fórmula vigente para determinar el precio no corrige las distorsiones descritas. Lo que el ganadero pide es que el precio del litro aumente levemente por encima de la inflación, 2.7% (20 pesos) y el reconocimiento de una prima de verano tasada en 50 pesos durante 6 meses.
En la decisión del Gobierno debe prevalecer la urgencia de solucionar el problema inmediato para que el ganadero subsista en el largo plazo.
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