Palacio de Justicia: ¿es esa la verdad? (1)

Libardo Botero C.

Blog Debate Nacional, Medellín

Enero 28 de 2010

Vivimos la moda de encomendar el esclarecimiento de la verdad sobre episodios históricos de uno u otro país a una comisión. Riesgosa tarea que ha generado polémicas sin fin, desde los casos más viejos de Chile y Argentina sobre los crímenes de las dictaduras militares, hasta los más recientes de Ecuador –para la operación que dio de baja a Raúl Reyes- y Colombia –para el holocausto del Palacio de Justicia-. Similar intento en Brasil ha generado fuerte reacción de los militares frente al gobierno, que quería a través de una “comisión de la verdad” cobrar al estamento castrense cuentas del pasado como es hoy costumbre, mientras se pasa de largo por los desafueros de los “rebeldes” de antaño.

Algunos atribuyen a Churchill la famosa expresión de que “un camello es un caballo diseñado por una comisión”. Cualquiera que revise el Informe Final de nuestra “comisión de la verdad” sobre el Palacio de Justicia no podrá menos que constatar que la verdad, en vez de ser esclarecida sufrió una notable distorsión. No otra cosa puede esperarse de jueces politizados fungiendo como historiadores y con el apuro de cumplir una tarea a las volandas.

Claro que el caballo es un mamífero cuadrúpedo, con semejanzas al camello. Pero de un orden y familia completamente distintos. Así ocurre con el informe. Ratifica hechos conocidos, pero avala otros francamente traídos de los cabellos y, sobre todo, presenta un enfoque y unas conclusiones inaceptables y francamente peligrosas. En nuestro caso la deformación de la realidad histórica ha resultado descomunal. Se ratifican dos o tres verdades de a puño, conocidas y que no requerían todo el boato de una comisión, como la responsabilidad fundamental del M-19 y su alianza con el narcotráfico. Mientras tanto, abundan las distorsiones y las dudas. Citemos algunas de pasada.

Las investigaciones de la época comprobaron que fue el M-19 el causante del incendio. Así lo corrobora en detalle la doctora Clemencia García de Useche, la juez que condenó a la cúpula del M-19 en su momento por estos hechos (aunque después fueron indultados), que se apoya en múltiples datos y testimonios de magistrados sobrevivientes de la conflagración, como Samuel Buitrago y Fernando González Carrizosa. La susodicha Comisión, sin embargo, levanta un manto de duda sugiriendo que fueron los militares sus causantes.

De la misma manera revive la acusación de que el infausto episodio no fue más que una “trampa para cazar palomas” urdida por los militares, según expresión acuñada por el ex ministro de Gobierno de entonces, Jaime Castro, o una “ratonera” como se la ha denominado de tiempo atrás. “La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis como una de las más probables”, para explicar la desprotección del Palacio ese día como un acto deliberado de la fuerza pública. Es una de las más absurdas e infames elucubraciones, desmentida por los mismos líderes del M-19, y refutada con lujo de detalles en el reciente libro “Ni golpe de Estado ni vacío de poder” del ex ministro Castro.

Pero lo más grave, lo central, es el propósito de acusar al Estado y en particular a las Fuerzas Militares de graves crímenes y llamarlos a aceptar una supuesta “responsabilidad política”, cuando no penal. Baste indicar que a exponer las responsabilidades del M-19 dedica 19 páginas ¡mientras a las del gobierno y las de las fuerzas militares la friolera de 52! Para el efecto proceden a desfigurar la acción oficial, que califican con desatinados epítetos. O establecen apreciaciones disparatadas, como que se violó “el principio de distinción” entre civiles y militares por las autoridades, aplicable en confrontaciones bélicas para proteger a los civiles, pero absolutamente inaplicable en un caso como este, de secuestro de civiles para usarlos como escudos humanos y objetos de chantaje.

El actual presidente de la CSJ, Augusto Ibáñez, recibió con alborozo el informe de la Comisión de la Verdad. Aseveró que la Corte de hoy vive un asedio parecido al de mediados de los años ochenta, y que el llamado de “cese el fuego” debiera repetirse para salvarla. Y obvio, reiteró la propuesta de hace unos meses, de constituir otra “comisión de la verdad” que estudie la violencia más reciente, sobre todo la provocada por el paramilitarismo y el fenómeno de la parapolítica. Si el proyecto fructifica no tardaremos en tener otro informe condenando al Estado, empezando por el Presidente y siguiendo con las fuerzas militares. Y no solamente ante el tribunal de la historia, como se estila decir; cuántos no ambicionan conducirlos ante los tribunales nacionales o internacionales.