Editorial
El País, Cali
Febrero 03 de 2010
Frente al comportamiento persistente de la violencia en Cali, el llamado del presidente Álvaro Uribe a la colaboración ciudadana, así como las medidas que anuncia la Policía Nacional son pasos en la dirección correcta. Que no tendrán los resultados que los caleños esperan si ellos no toman conciencia del papel que les corresponde en la defensa de su propia seguridad.
En otro tono, muy distinto al utilizado cuando anunció en Medellín la convocatoria a los estudiantes para que informen sobre lo que ocurre en sus barrios, el Primer Mandatario invocó uno de los presupuestos que hacen posible la convivencia en cualquier sociedad. Es la unión de los ciudadanos con sus autoridades para combatir la delincuencia, mediante la denuncia de hechos criminales, de organizaciones y personajes que los ejecutan. Porque de nada sirve que el Gobierno redoble la vigilancia si la comunidad no participa en la protección de su barrio, o de su comuna, o de su ciudad.
En el consejo de seguridad celebrado el pasado lunes en Cali, las cifras sobre homicidios demostraron que la delincuencia no da tregua. 147 muertes violentas en enero indican la gravedad de un problema que se ha vuelto crónico y reclama soluciones de fondo. Ya no parece ser el tiempo de buscar explicaciones sobre la incuestionable influencia del narcotráfico en esas estadísticas, como parece inútil volver a discutir sobre el peso de la intolerancia y de las conductas permisivas hacia el consumo de alcohol o el porte de armas.
Ahora hay que actuar. Claro que es importante el aumento en el número de efectivos que con frecuencia realiza la Policía Nacional para vigilar la ciudad. Más ahora cuando su Comandante ha anunciado la institución del ‘policía de barrio’, más permanente en la vigilancia y más cercano a la gente. Ese puede ser el principio de una relación distinta, basada en la confianza y en la cercanía con la comunidad.
Pero no será suficiente si la ciudadanía continúa como espectadora de un fenómeno que la amenaza en todas partes. Hoy es innegable que la criminalidad urbana ha tomado otras dimensiones, dando paso a la creación de organizaciones que se amparan en el silencio y el temor que generan sus cada vez más bárbaros procedimientos. Para ello debe existir una respuesta social, que empieza por llamar a la colaboración ciudadana, como lo es la convocatoria a los taxistas de Cali que hizo el señor Presidente.
Siendo tarea principal del Estado garantizar la seguridad, es esa ciudadanía la que tiene que decirles no a los criminales que la amenazan y apoyar la sanción a las conductas antisociales que destruyen la convivencia. Y su deber es estar de lado de las autoridades, apoyando sus actuaciones y aportándoles la información que sea útil para combatirla. Lo que no significa convertirse en delatores o espías a sueldo, sino velar por el propio interés y el de la comunidad. Ante la cruda realidad que desnudan las estadísticas de muerte en Cali y las grandes ciudades, la solución debe incluir la participación activa de quienes padecen en carne propia la delincuencia urbana.
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