Editorial
El Mundo, Medellín
Febrero 4 de 2010
De todas maneras, sería un descanso para Colombia el no tener que seguir soportando la fumigación aérea de narcocultivos.
Estados Unidos no se ha preocupado nunca por reclamar la paternidad del Plan Colombia, aun cuando es bien sabido que el mismo fue una iniciativa surgida, formulada y concertada en 1999 por los gobiernos Clinton y Pastrana, como una estrategia integral para reducir el narcotráfico, revitalizar la economía y fortalecer las instituciones democráticas. Más adelante, en el mandato del presidente Bush, habida cuenta del contubernio de las organizaciones terroristas con el narcotráfico, se dispuso que los recursos del Plan tuvieran también el objetivo de combatir el narcoterrorismo. En todo caso, lo que aquí se ha entendido como “ayuda”, los estadounidenses la entienden más como una colaboración obligatoria en la lucha contra dos flagelos que no se los inventó Colombia sino que están presentes en todo el mundo y que, muy especialmente, golpean a la sociedad norteamericana.
Lo primero, pues, que hay que dejar sentado es que no se trata de una dádiva o gratuita concesión de los Estados Unidos sino la aceptación de una corresponsabilidad en la solución de un problema común y el reconocimiento de que somos un país aliado, su más importante aliado en Sudamérica, independientemente de quién esté al mando. Por eso figuramos en el proyecto de Presupuesto que anualmente presenta el Gobierno al Congreso, como figura Méjico, por razones similares. Hoy, por supuesto, no podemos esperar que las partidas para el Plan Colombia se aprueben como en sus primeros años “a viva voz” en el Senado y por amplia mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y tampoco que, contra lo que está previsto desde un principio, esas partidas se mantengan o se incrementen cuando, en sana lógica, tendrían que disminuir a medida que se van logrando los objetivos.
Por eso no entendemos el alboroto que han armado algunos colegas porque el presidente Obama, acosado por el grave déficit de su Nación, anunció, en su proyecto de presupuesto para el año fiscal de 2011, una reducción de US$ 55 millones en la partida correspondiente al Plan Colombia, partida que de hecho se ha venido recortando paulatinamente desde hace tres años. Según su propuesta, Colombia recibiría US$ 464,5 millones para los componentes social y militar del Plan Colombia y la mayor parte del recorte estaría representado por la eliminación del programa de fumigación aérea de cultivos ilícitos.
Si los propios EEUU toman la iniciativa de suspender la destrucción de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea de glifosato, es más lo que ganamos que lo que perdemos los colombianos. En primer lugar, si el anunciado recorte afecta mayormente ese frente, entonces lo que quedó fue muy amplio el presupuesto porque se trata de la operación más costosa de todo el plan. Y segundo, si ellos están poniendo una parte muy importante de la financiación de esa actividad y resuelven que ya no va más, para Colombia es de gran beneficio porque nos quita de encima uno de los motivos más fuertes de oposición a la colaboración antidrogas con los EEUU, primero por parte de los vecinos y, segundo, de quienes, dentro del país, apoyados en un falaz discurso ecologista, se han opuesto fuertemente a ese método de eliminación de narcocultivos, pese a que su efectividad está plenamente demostrada por las estadísticas. A los críticos los ha favorecido el hecho de que, si bien sí ha habido, de año en año, una disminución de las hectáreas cultivadas, el éxito es discutible, pues se mantienen altos niveles de siembras, que pasan de una región a otra, a pesar de lo que se destruye por esa vía. De todas maneras, sería un descanso para Colombia el no tener que seguir soportando la fumigación aérea y, en cambio, podría intensificar la destrucción manual y, sobre todo, algo en que estamos todavía en pañales, y es un agresivo programa de sustitución de cultivos en aquellas zonas cocaleras, con verdadero impacto sobre su economía y la calidad de vida de sus habitantes.
El colega editorialista de El Tiempo se lamenta del “tijeretazo” y al final de su comentario pretende sentar doctrina sobre el futuro de la alianza con los EEUU, arguyendo que “es indispensable buscar otros aliados, retomar el discurso multilateral de lucha contra las drogas y evaluar hasta dónde el famoso acuerdo de cooperación militar -el de las llamadas ‘bases’- sustituirá a largo plazo la ayuda que ha llegado en la última década dentro del Plan Colombia”. No vemos de dónde saca el colega la necesidad de buscar nuevas alianzas. Con las que tenemos es suficiente y lo que hay es que estrecharlas y hacerlas más eficientes. Estados Unidos es, obviamente, el aliado más importante y tenemos derecho a reclamarle que nos trate como tales. Somos aliados, además, de Perú, Panamá, Honduras, Méjico y estamos dispuestos a aliarnos con el Ecuador, si el señor Correa mantiene su cambio de actitud frente a las amenazas comunes del narcotráfico y la guerrilla.
En resumidas cuentas, a Colombia le va mejor que a Méjico en el presupuesto de Obama, pues, aparte de un menor recorte en la ayuda antinarcóticos, para Colombia solicita la aprobación de una partida para el Acuerdo de Cooperación Militar, bien importante porque implica una capitalización efectiva a favor del país, pues con ese dinero se mejorarán la infraestructura y el equipamiento de las vapuleadas bases militares que, suponemos, deberán estar en pleno funcionamiento, bajo los nuevos parámetros, a partir del 2011.
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