Salud: un debate provechoso

Editorial

El Colombiano, Medellín

Febrero 4 de 2010

La inocultable crisis del sector salud, que hay que enfrentar con decisión y firmeza, ha permitido también abrir los espacios de concertación y diálogo que tanto necesita el país para superar sus problemas. El liderazgo del Presidente Álvaro Uribe y la sensatez de algunos sectores involucrados en los decretos de la Emergencia Social en Salud son un buen síntoma de que no todo anda mal.

Más allá de la inocultable crisis que afronta el sistema de salud en Colombia y de la necesaria controversia que desataron los decretos expedidos bajo la Emergencia Social, resulta saludable la disposición al diálogo y la concertación que ha mostrado el Presidente Álvaro Uribe con los sectores comprometidos en las reformas, con el único fin de garantizar la sostenibilidad del sistema. Alejados de la discusión jurídica sobre la exequibilidad o no de los decretos y su posterior reglamentación, tarea que está en manos de la Corte Constitucional, ha quedado clara la urgencia de hacer una reforma estructural de la Ley 100 en Salud, como quiera que la base financiera que le dio sustento desde su creación, en 1993, ha cambiado por múltiples circunstancias.

No sólo ha crecido la cobertura y, por ende, los costos que para el Estado tiene su financiación, sino que la propia Corte Constitucional ha legislado en favor de los usuarios, con justificación en muchos casos, pero también sin tener en cuenta las realidades presupuestales y económicas del país, en tantos otros. La tutela ha sido mal utilizada en muchas ocasiones y se ha prestado para "cogobernar" en temas de salud. Hemos sostenido, y lo volvemos a ratificar ahora, que los derechos a la vida y a la salud son fundamentales, pero para garantizarlos se hace necesario contar con los recursos económicos, que hoy están comprometidos por razones estructurales que hay que corregir, pero no por caprichos del Gobierno, como lo sostienen sus contradictores.

Hay una realidad evidente: la viabilidad del sistema está en riesgo de colapsar financieramente y lo más urgente y prioritario es evitar que eso pase, porque las consecuencias para la gente, incluidos los que hoy piden que se deroguen los decretos de la Emergencia Social, serían catastróficas. Sobre esa verdad celebramos que el Gobierno y los sectores que hacen parte del sistema de salud agoten las vías de la concertación y el diálogo, se enmienden los posibles vacíos o se aclaren las malas interpretaciones que pudieron suscitar los decretos y sus reglamentaciones. El propio Presidente Uribe ha ejercido su liderazgo para escuchar las distintas posiciones y hacer los correctivos que sean del caso para garantizar la autonomía de los médicos y, sobre todo, para que las reformas no menoscaben la calidad en la prestación de los servicios en salud, una vez se logre la universalidad y el equilibrio entre los regímenes Subsidiado y Contributivo, como lo exigió la Corte Constitucional.

Todo este sano debate deberá ser el punto de partida para acometer una discusión más profunda del sistema, sin tufillo politiquero y sin cálculos electorales. Hemos defendido el derecho a la protesta, pero pedimos que las marchas y concentraciones que ya están organizando movimientos sociales y grupos de jóvenes por Facebook no sirvan como telón de fondo para alentar la polarización de esta campaña política que ya tiene demasiada "propaganda negra", como lo advertimos en un reciente editorial. El problema es tan delicado que el Presidente decidió no dejarlo sólo en manos de sus ministros de Protección y de Hacienda, que de paso mostraron algo de improvisación y premura en los decretos, sino que mostró la disposición de radicar un paquete de medidas para discusión en el Congreso. Ojalá que cuando esto suceda esté aprendida la valiosa lección de que el diálogo y la concertación muchas veces funcionan mejor que la ley.