Falsos testigos contra Plazas

Sergio Esteban Vélez

El Mundo, Medellín

Febrero 10 de 2010

La semana pasada, a raíz del hallazgo de los cadáveres de dos de los supuestos “desaparecidos” del Palacio de Justicia en una unidad científica de la Universidad Nacional, El Tiempo recordó que el coronel Alfonso Plazas Vega había insistido desde hace años en que tales cuerpos se encontraban en dicho lugar y en que las autoridades en su momento no respondieron diligentemente ante una revelación de semejante importancia.

Y precisamente ahora, cuando los medios han divulgado la noticia de que muy probablemente la providencia del polémico juicio al coronel sobre este caso se dará a conocer a finales de este mes, he recibido algunos mensajes de su esposa, doña Thania Vega de Plazas, quien me contactó con motivo de mi columna “Paradojas de la justicia”. Entre estos correos, que contienen informaciones imbatibles acerca de la inocencia del Coronel, se destaca un extenso artículo del columnista de EL MUNDO Eduardo Mackenzie, en el cual queda clara la parcialidad y la sevicia con las que ha sido tratado este distinguido militar, por un poder judicial presuntamente infiltrado por lo más bajo del narcoterrorismo.

La tesis principal del colega Mackenzie consiste en que este juicio sería el resultado de una venganza de la mafia contra el coronel Plazas, después de que éste, como director nacional de Estupefacientes, les confiscara más de dos billones de pesos a los más temibles narcotraficantes de Colombia.

Nuestro espacio semanal no nos alcanza para referirnos con detenimiento a tales documentos (que pueden consultarse en el sitio www.yocreoenplazas.com). Sin embargo, nos parece realmente importante comentar velozmente el contenido de un texto que doña Thania nos ha enviado especialmente para que sea divulgado a los lectores de esta columna.

El escrito devela datos espeluznantes, como los siguientes:

-.La denuncia que presentó el ex bachiller de la Policía Ricardo Gámez Mazuera (junto al cura comunista Javier Giraldo) contra el coronel Plazas, no tendría sustento, pues Gámez no podía ser testigo de los hechos del Palacio de Justicia, ya que no estuvo allí. Seis años antes de esa toma guerrillera, Gámez había desertado del Ejército. “¿Cómo pudo ser testigo de unos hechos que no conoció?”.

Sus denuncias, que fueron publicadas inicialmente por el semanario comunista Voz, fueron descartadas por la Procuraduría, en 1990, pues: “la queja del señor Gámez Mazuera contra personal militar carece de todo fundamento”.

En el 2005, Gámez reiteró sus denuncias. Sin embargo, en la Resolución de Acusación contra Plazas Vega, de febrero del 2008, la Fiscalía desvirtuó el testimonio.

- El segundo “testigo clave”, el cabo retirado del Ejército Édgar Villamizar, acudió en el 2007 a rendir declaración sin haber sido citado. Compareció inicialmente con un nombre distinto del suyo.

Actualmente, se ha logrado comprobar que para el momento del holocausto del Palacio, Villamizar se encontraba en el municipio de Granada (Meta), por lo cual no pudo ser testigo del mismo.

A pesar de que Villamizar se negó a ratificar sus denuncias, la Resolución de Acusación contra el coronel Plazas se basó en su primer testimonio. Este, sin lugar a dudas, es inválido, pues, como dice el documento, el ex cabo: “se cambió de nombre, cambió su firma, declaró en una diligencia de testimonio no programada, declaró sin la presencia de la Defensa del sindicado, un testimonio sin fecha; se equivoca en sus datos personales y en la declaración no se le verificó la identidad. Es decir, se violaron por parte de la Fiscalía las más elementales normas procesales penales”.

Posteriormente, en el juicio contra el Coronel, la Procuraduría calificó las afirmaciones de Villamizar como “deleznables”, y anuló a este testigo como prueba. Sin embargo, la Fiscalía le dio credibilidad y solicitó que el Coronel fuera condenado.

- Igual de inválido sería el testigo Tirso Sáenz Acero, de quien, según el documento, se habría probado que tampoco estuvo presente en los hechos del Palacio. La credibilidad de Sáenz es nula, pues ya había sido condenado por Falsedad material de particular en documentos públicos y, en otra ocasión, por Falsedad personal. Ha sido hallado culpable, además, de otros cinco delitos, entre los que se cuenta el de Homicidio. Sus afirmaciones fueron descalificadas por la Procuraduría. Pero lo más grave habría sido que, según el texto que nos envía doña Thania: “el abogado de Plazas Vega encontró en el juzgado una carta de Tirso Sáenz dirigida a la Juez, en la cual le reclama por no haberle cumplido los ofrecimientos que le habían hecho sobre rebaja de penas, y cambio de centro de reclusión. Amenaza en la carta con que, de no cambiarlo de inmediato a la cárcel de La Picota, procederá a dirigir una carta al coronel Plazas Vega, retractándose de todas sus acusaciones. La juez de inmediato envió dos documentos con el letrero de “Urgente” al juez de ejecución de penas de la Cárcel de alta seguridad de Cómbita, y consiguió el traslado inmediato de Sáenz a La Picota”.

Con estos hechos y otros divulgados constantemente sobre distintos casos, ¿puede quedar alguna duda de la degradación actual de la justicia colombiana?