La tercera vía de la Corte Constitucional

Álvaro Forero Tascón

El Espectador, Bogotá

Febrero 8 de 2010

Casi todas las apuestas apuntan a que la Corte Constitucional dé vía libre al referendo de reelección presidencial, o a que lo sepulte.

Sin embargo, hay una vía intermedia que puede tener lógica jurídica y mucho sentido político. No la de permitir la reelección inmediata por medio de argucias jurídicas, sino declarar que existen vicios de trámite de la ley de referendo, pero que éstos son subsanables. Eso significaría que Álvaro Uribe no podría aspirar a la reelección inmediata, pero sí en 2014 o 2018, luego de que se subsanaran los vicios mediante un nuevo trámite de la ley convocante y se sancionara la violación de los topes de financiación mediante multas a los promotores.

La Corte tiene desincentivos tan grandes para declarar inexequible la convocatoria, como para darle vía libre. Habilitarla a pesar de vicios evidentes, como pretende el Procurador, sería un suicidio para la Corte porque implicaría renunciar a la prerrogativa que la ha hecho realmente poderosa frente a las otras ramas del poder público: la de tumbar leyes por vicios de trámite, en ocasiones vicios menores. Pero declarar que no pueden subsanarse los vicios de la aprobación de la iniciativa popular más importante de los últimos cincuenta años, que a diferencia de una ley cualquiera es expresión del constituyente primario, daría para que se le acusara de instaurar el gobierno de los jueces.

La ruta del medio, por el contrario, tendría muchos beneficios para los magistrados de la Corte. El más importante sería salvarse de la ira de las mayorías y, sobre todo, de una posible retaliación del uribismo, que podría cercenarle poderes frente a las otras cortes y ramas del poder, o incluso devolverla a la condición de simple sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como era antes de la Constitución del 91. El camino intermedio también tiene la ventaja de salvar a la Corte de la ignominia de permitir que se desvencije la Constitución con procedimientos ilegales, cuando su única función es defenderla.

Un fallo sibilino y políticamente correcto tendría dos consecuencias prácticas muy importantes: no decapitaría políticamente a Álvaro Uribe, pues le permitiría mantener poder político mediante la expectativa de que puede regresar a la Presidencia, y no desataría una polarización política aguda en el país.

Algunos dirán que en realidad no sería una tercera vía sino una manera discreta de enterrar para siempre la reelección de Uribe, porque si tramitar el referendo fue tan difícil con él en el poder, sería imposible sacarlo adelante con Uribe en el asfalto. Sin embargo, no sería difícil para Uribe comprometer públicamente tanto a los congresistas de su coalición, como a un sucesor designado, a tramitar con éxito la autorización de una tercera reelección y dedicar todo su prestigio a garantizar que así sea, especialmente si se mantuviera cercano a sus huestes parlamentarias.

Pero la principal ventaja de un fallo triangulado para los magistrados sería que podría coincidir con la voluntad secreta de Álvaro Uribe, de no aspirar inmediatamente a la reelección, sino usar la expectativa del referendo para imponer un sucesor y unas mayorías parlamentarias que le permitan regresar posteriormente al poder, y así instaurar una hegemonía duradera, de corte peronista.