Las FFAA dan la cara

Editorial

El Mundo, Bogotá

Febrero 3 de 2010

Lo que no podemos aceptar es que se prejuzgue y se condene a las FFAA sin fórmula de juicio.

Con la plena convicción de que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen una clara conciencia de que no se pueden tolerar errores y mucho menos abusos durante los operativos contra las organizaciones ilegales, llámense guerrilla, paramilitares o narcotráfico, y así lo han venido demostrando sus comandantes cada que suceden irregularidades en esa materia, también tenemos que rechazar el ánimo malevolente con que personas e instituciones supuestamente abanderadas de los derechos humanos o que dicen representar a las víctimas de eventuales errores de las tropas, lanzan versiones mentirosas o exageradas de los hechos que finalmente terminan sirviendo únicamente a los delincuentes y a los enemigos del orden.

Nos referimos específicamente a la noticia que difundió el sistema informativo mundial en el sentido de que el pasado fin de semana unidades de la Fuerza Aérea Colombiana bombardearon un resguardo indígena en el noroeste del país y habrían causado heridas graves a cuatro indígenas Embera-Katío, entre ellos un bebé de 20 meses. El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, dice en comunicado fechado en Bogotá que “con la acción realizada por la Fuerza Aérea, en donde resultaron afectados integrantes de la población civil, igualmente resultó destruido el ‘tambo’, vivienda tradicional de los indígenas, los cultivos de pan coger en una extensión aproximada de una hectárea, y la muerte de los animales domésticos de las familias indígenas”, y dice, además, que otros cuatro indígenas, dos de ellos menores de edad, “resultaron afectados psicológicamente por el desarrollo de los hechos”.

El doctor Pérez da por sentado que los operativos militares de la noche del 29 y la madrugada del 30 de enero pasado se realizaron “sobre los territorios de la comunidad indígena Embera del Alto Guayabal, pertenecientes al Resguardo de Uradá-Jiguamiandó”, ubicado en la cuenca del río Jiguamiandó en el departamento del Chocó, dando absoluto crédito a las versiones de autoridades del Resguardo y a la Organización Indígena de Antioquia (OIA), y sin contrastar las mismas, como corresponde a un funcionario del Estado que debe actuar con objetividad e imparcialidad, con la versión oficial de los hechos por parte de los comandos del Ejército y la Fuerza Aérea. El funcionario reclama que el Gobierno tiene que “reparar integralmente los daños y demás afectaciones que (los militares) pudieron haber ocasionado” y, en una lista de recomendaciones, incluye la de que “se adelanten las investigaciones que permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos señalados” e “insta al Ministerio del Interior y de Justicia para que se adopten las acciones de coordinación necesarias para la prevención de posibles desplazamientos que puedan provocarse por los hechos descritos”. Si admite que es necesaria una investigación, “que permita establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar...” ¿cómo es que da pleno crédito a una versión evidentemente sesgada de una de las partes?

Para bien de la verdad y de la imagen de las Fuerzas Armadas, por fortuna, antes incluso de los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y de la OIA, los comandos de la Séptima División y de la FAC, a cuyo cargo estuvieron las operaciones, emitieron sendos comunicados, admitiendo el error de fuego que provocó las heridas con esquirlas a los indígenas, José Nerito Rubiano Bariquirá y Marta Ligia Majore, quienes fueron inmediatamente auxiliados por las tropas y trasladados en helicóptero militar al Hospital San Vicente de Paúl, de Medellín, donde reciben la atención médica del caso. El ataque combinado de FAC y Ejército estaba dirigido contra un objetivo, que los servicios de inteligencia habían identificado como un campamento de alias ‘Isaías’, jefe del bloque noroccidental de las Farc, quien logró escapar con cerca de 25 guerrilleros. En los comunicados se desmiente que el ataque haya sido en territorio del Resguardo; se aclara que los heridos fueron dos y no cuatro y se niega que resultara herido un niño.

El general Jorge Ardila, comandante del Comando Conjunto del Caribe, responsable de la operación militar, dijo que pudieron establecer que los dos indígenas que resultaron heridos estaban por fuera del resguardo porque decidieron pasar la noche en un maizal donde trabajaban, situado a unos dos kilómetros y medio del territorio indígena. Lo que las fuentes del doctor Pérez llaman “tambo”, era un cambuche improvisado para dormir. “No hubo daño en viviendas, porque el sitio donde se bombardeó era un sitio de acopio de cultivos de maíz”, insiste, por su parte, el comandante de la FAC, general Jorge Ballesteros, quien envió a la zona asesores jurídicos operacionales para que evaluaran en el aérea si hubo o no daño colateral.

La Fuerza Aérea promete investigar si sus unidades en el área cumplieron todos los protocolos establecidos en el manual de operaciones y está dispuesta a asumir su responsabilidad y a sancionar a los culpables de los eventuales errores. Los organismos de control y la Justicia tendrán que hacer lo propio. Pero lo que no podemos aceptar es que se prejuzgue y se condene sin fórmula de juicio, como pretenden algunos defensores a ultranza de los derechos de los indígenas.