Palacio de Justicia: ¿es esa la verdad? (2)

Libardo Botero C.

Blog Debate Nacional, Medellín

Febrero 2 de 2010

Como se recordará, el gobierno de Belisario Betancur adelantó varios procesos de paz con organizaciones guerrilleras. Haciendo a un lado sus intenciones, lo evidente es que se elevó a canon legal la fatídica “combinación de todas las formas de lucha”, al pactar una tregua indefinida con las Farc, que les permitía tener un partido político legal (Unión Patriótica) con brazo armado activo. De suerte que no hubo paz sino más violencia, y las guerrillas aprovecharon el cuarto de hora para fortalecerse. El proceso con el M-19 fue igual de ingenuo, pero la actitud demencial y delirante de este grupo, que se veía ad portas del triunfo, lo llevó a romper la tregua e intentar un asalto al poder del Estado. La toma del Palacio de Justicia a sangre y fuego, el secuestro de gran parte de la Corte Suprema de Justicia, y la exigencia de un juicio al Presidente, protocolizaron esa intentona.

Si algo quisiéramos rescatar de aquel gobierno fue la defensa erguida y firme que efectuó de las instituciones, aquellos 6 y 7 de noviembre de 1985, después de tantas insensateces y capitulaciones. Sin embargo, la “comisión de la verdad” se empeña en desvirtuar la legítima reacción del gobierno y la fuerza pública y condenarla ante la historia. Veamos algunos aspectos.

Aunque califica de “demencial” el ataque del M-19, está en desacuerdo con la “desproporcionada” respuesta militar de las autoridades, que “provocó el Holocausto del Palacio de Justicia”, razón por la cual el pedido de “cese el fuego” de Alfonso Reyes Echandía, presidente secuestrado de la CSJ, era “la exigencia de pensar una forma distinta de resolver los desacuerdos entre colombianos”. ¡Vaya disertación! ¿“Desacuerdos entre colombianos” los ataques bárbaros para derrocar las autoridades legítimamente constituidas? ¿Y por tanto “desproporcionada” la respuesta del Estado? Desde un principio la concepción de la Comisión está distorsionada, al desnaturalizar y descalificar la justa y legítima respuesta del Estado ante un ataque sanguinario y bárbaro.

Simultáneamente reclama una “forma distinta” de resolver estos litigios: el “diálogo” y el “respeto irrestricto de la vida humana por sobre consideraciones estratégicas”. Y a lo largo del informe insiste una y otra vez en que el respeto a la vida “debe prevalecer sobre cualquier otro tipo de consideraciones”. Se lamenta también que después de la tragedia del Palacio “no se haya generado un cambio en la forma de resolver los conflictos en Colombia”.

¿Entonces el Estado debe claudicar ante quienes lo chantajean tomando rehenes y amenazando asesinarlos si no se cumplen sus exigencias brutales? ¿Se debe renunciar a “consideraciones estratégicas” para colocar por encima la vida de los secuestrados? La misma prédica que por años hemos escuchado para justificar el “canje” de guerrilleros presos por secuestrados, bajo el manto de un supuesto “acuerdo humanitario”. Lo que debemos deplorar es que tan esclarecidos juristas sigan a estas alturas defendiendo las manidas tesis de los enemigos del Estado, que lo atarían de pies y manos ante el asalto feroz de sus enemigos.

Este es un tema sobremanera sensible, pero es indispensable tratarlo con franqueza. La vida no está por encima de todo. Hay principios y valores que a veces exigen entregarla a cambio. En una bella estrofa lo canta nuestro himno nacional recordando a Ricaurte: “deber antes que vida/con llamas escribió”. Siempre se ha calificado como héroes o mártires, ensalzándolos, a quienes la ofrendan en defensa de la patria, de las instituciones, de la religión, de la familia. Y de cobardes o traidores a quienes las ferian por salvan el pellejo. A veces hay cierta visión sesgada: se acepta que policías y soldados ofrenden su vida por los demás, como cosa normal, pero se arma tremendo escándalo si los que la ofrendan son funcionarios de “alto nivel”.

Una mujer precisamente, aquel fatal noviembre de 1985, le dio a Colombia una lección sublime, enteramente diferente a la que la “comisión” nos quiere vender hoy apoyándose en el pedido de “cese al fuego” de Reyes Echandía. Fue Fanny González Franco, la primer mujer que llegó a la CSJ, quien le expresó a su hermano por teléfono, antes de perecer inmolada: “(…) por autoridad de la ley vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia (…), no a llorar ni a pedir clemencia. Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrado. Si es designio que yo muera para que se conserven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, entonces que Dios, el presidente y las Fuerzas Armadas salven la patria. Muero, pero no me doblego”.