Rodrigo Pombo Cajiao
El Nuevo Siglo, Bogotá
Febrero 14 de 2010
Mano firme y corazón grande fue lo que prometió y nos entregó el presidente Álvaro Uribe. En un país tan violento como el nuestro haber logrado que 52.581 delincuentes de los grupos terroristas, voluntariamente hayan dejado las armas sin que se haya terminado el conflicto ni se hubiesen vencido en el campo de batalla, demuestra el corazón grande de este período presidencial.
El hecho de que todas esas personas hubiesen decidido reintegrarse a nuestra sociedad implica infinidad de cosas. La primera y más evidente, una reducción de combatientes que estaban dispuestos a darlo todo con tal de sembrar el terror a como diera lugar. La segunda, se empieza a volver una realidad el postulado de la verdad, justicia y reparación, principios buscados por el Estado colombiano a través de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975) y, para cerrar con broche de oro, si el proyecto de reintegración es exitoso, como hasta ahora lo ha sido, se le garantiza a la sociedad la no repetición de la violencia por parte de los desmovilizados.
En un país que históricamente le ha dado la espalda al reconocimiento y resarcimiento de las víctimas de nuestra propia tragedia, bajo el amparo de esta ley, se han registrado 280.420 víctimas que se han hecho visibles y, no sólo eso, 34.445 han podido rendir versiones libres en relación con sus padecimientos y en procura de que se imparta justicia.
Las cifras son asombrosas: se han conocido 35.664 hechos delictivos de los cuales 17.262 ya se han confesado y sobre los cuales se empieza a producir una efectiva reparación. Ello ha dado lugar, por ejemplo, a que se hayan encontrado más de 2.900 cadáveres, exhumado 2.388 fosas y entregado 796 cuerpos a las dolidas familias que de no ser por la aplicación de este régimen jurídico, nunca hubieran podido conocer el destino de sus seres queridos víctimas de nuestra violencia.
A pesar de tozudas críticas, lo cierto es que de manera unilateral, la comunidad colombiana, a través del gobierno nacional, ha entregado más de $ 200 mil millones para la reparación integral de las víctimas.
Las bondades de la entrada en vigencia de esta ley son tan numerosas como trascendentales para nuestra nación como para evitar que ellas se diluyan en un abrir y cerrar de ojos porque su vigencia acaeció el 25 de julio de 2005. Urge prorrogarla en pro de la verdad, la justicia y la reparación de nuestras sufridas víctimas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario