Nuevo ataque al Plan Colombia

Editorial

El Mundo, Medellín

Febrero 2 de 2010

En el tema de derechos humanos encontramos en la carta de marras una colección de falsedades.

Muerto el senador ‘Ted’ Kennedy, comandante indiscutible de la avanzada contra Colombia en el Congreso de los Estados Unidos, su socio en el grupo de nuestros malquerientes en el Senado y por ese mismo motivo bastante familiar para nosotros, Patrick Leahy, tomó tan precaria bandera y se asoció con otros dos senadores demócratas, Chris Dodd y Russ Fiengold, para arremeter contra el Plan Colombia en una carta a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la que hablan de “fracaso” y reclaman una reducción substancial de la ayuda, porque, según ellos, “dado nuestro déficit fiscal récord no podemos darnos el lujo de continuar con una asistencia que no está dando resultados suficientes. Tenemos que eliminar los programas que no funcionan y concentrar los recursos donde sabemos se puede obtener más progreso”. Contra esa línea opositora extrema, minoritaria pero poderosa y bastante bien identificada, tenemos que afinar nuestra defensa y utilizar todos los recursos de la diplomacia y la propaganda para desmontar sus falaces argumentos y rechazar sus calumniosas afirmaciones, especialmente contra el Ejército colombiano.

Dicen los senadores de marras que, pese a los 7.000 millones de dólares gastados en los últimos diez años, no se ha hecho mella al tráfico de coca y aún no se ven progresos sustantivos en la defensa y protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento de las instituciones democráticas colombianas. Lo primero es una gran mentira y la señora Clinton lo sabe muy bien porque, hace precisamente un año, suscribió, como Secretaria de Estado, el informe sobre la lucha global contra la producción y tráfico de drogas, en cuyo amplio capítulo sobre Colombia resaltó que “el Gobierno colombiano batió récord en el decomiso de cocaína en 2008, pero debe fortalecer la presencia del Estado en zonas de conflicto para consolidar ese y otros logros”. También reconocía que en 2008 “los programas de erradicación aérea y manual de Colombia contribuyeron a reducir en 24% la producción potencial de coca, de 700 toneladas métricas de cocaína en 2001 a 535 toneladas métricas en 2007. Al mismo tiempo, se incautaron más de 223 toneladas métricas de cocaína y base de cocaína, una cifra récord para ese país, como récord fue la cantidad de grandes delincuentes extraditados a los EEUU durante el 2008”.

En cuanto al tema de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia sí que están equivocados los firmantes de esa carta. Para desmentirlos está el “Examen Periódico Universal”, instrumento de la ONU para monitorear la situación de DDHH entre sus países miembros, al que se sometió Colombia voluntariamente y cuyas conclusiones acaba de presentar en Washington el vicepresidente Francisco Santos. La primera y más importante de tales conclusiones es que nuestro país es un libro abierto al más riguroso escrutinio de la comunidad internacional en esa materia y que en los últimos siete años – como lo han reconocido la ONU y distintos organismos de derechos humanos – ha habido un esfuerzo, metódico y persistente, a favor de las poblaciones más vulnerables, como los desplazados o las minorías étnicas; en la investigación y castigo de los crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada, entre otros; y contra el espionaje o la interceptación de comunicaciones a sectores de oposición al gobierno.

En el tema de derechos humanos encontramos en la carta de marras una colección de falsedades. Los firmantes dicen estar “muy preocupados porque los lazos con los militares y nuestro apoyo a ellos continúan dominando nuestra relación, pese al patrón de abuso del Ejército”. Dizque están “consternados por el caso del escándalo de los ‘falsos positivos’” y porque “muchos de los implicados fueron dejados en libertad recientemente”. Y rematan con el calumnioso cargo de que “la cúpula militar continúa negando la magnitud del escándalo y se opone a que los implicados sean juzgados por la justicia civil”. Todo lo contrario. Primero, fue el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa y del Comando de las FFMM, el que denunció y adelantó la primera investigación interna sobre las ejecuciones extrajudiciales – mal llamados ‘falsos positivos’ – y aplicó drásticas sanciones disciplinarias y puso a disposición de la justicia ordinaria a los responsables. Y hace apenas 20 días, tras la decisión de un juez de garantías de excarcelar a varios de los implicados en los crímenes de Soacha, el ministro de Defensa y el comandante de las FFMM ordenaron confinarlos en una unidad militar, mientras se produce una decisión judicial de fondo.

No hay que desestimar la carta de Leahy y Cía, pues aquél lo hace prevalido de su condición de presidente del Comité senatorial de Apropiaciones para las Operaciones en el Extranjero, y así lo ha entendido el vicepresidente Francisco Santos, quien replicó con una carta de cuatro páginas, en la que desvirtúa las críticas, desnuda las falacias de los senadores y demuestra con cifras cuáles han sido los logros del Plan Colombia y cómo éste, aparte de ser un éxito del país, su gobierno y sus Fuerzas Armadas, también constituye “un éxito de la política exterior de los Estados Unidos”. Apasionados y mal informados, estos malquerientes de Colombia no se paran en pelos a la hora de descalificar lo que aquí se hace y fungir como Catones imperiales. Pero será una vez más que logremos pasar este conocido escollo.