El "policía del barrio"

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Febrero 2 de 2010

A partir de la próxima semana la Policía Nacional estrenará una nueva estrategia para combatir la inseguridad en las principales ciudades del país. El "Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes" asignará 36.000 uniformados a las zonas más críticas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla para que trabajen más cerca de la ciudadanía.

El objetivo, según el general Óscar Naranjo, director de la institución, es desarrollar arraigo y pertenencia de los policías a los barrios de los que son responsables. Dado que no hay recursos ni personal suficientes para cubrir la totalidad de cada urbe, los cuadrantes serán escogidos de acuerdo con su aporte al comportamiento criminal de la ciudad en homicidio, lesiones personales y hurto de vehículos. El lanzamiento de la iniciativa es bienvenido, pues recoge el clamor de millones de habitantes de estas capitales que se sienten hoy azotados por la violencia y la delincuencia. Es una respuesta tangible que busca ajustar esta pata rota de la mesa de la política de seguridad democrática.

La cercanía del agente a la comunidad es una necesidad sentida. Es difícil construir lazos entre la ciudadanía y sus policías si estos no conocen las dinámicas barriales; ignoran el perfil criminalístico del área y son rotados con frecuencia. Además, la sola presencia policial ayuda a mejorar la percepción de seguridad. La inclusión de actividades de prevención y de comunicación en el plan constituye un paso en la dirección correcta. Con el tiempo suficiente, estos lazos podrán transformarse en confianza mutua, tan vital en la lucha contra las bandas delincuenciales en las áreas más peligrosas. Un concepto radicalmente opuesto al de la red de informantes estudiantiles a 100.000 pesos.

Otro aporte para destacar en la nueva estrategia es el de la responsabilidad geográfica. La georreferenciación de los delitos en cuadrantes y la asignación de responsables permitirá hacer un seguimiento mucho más claro de la eficiencia de las unidades policiales y de sus comandantes. En vez de diluirse en grandes estructuras jerárquicas, los buenos resultados serán más fáciles de identificar y, por ende, de premiar. Si en un área determinada los delitos disminuyen notablemente, los otros policías podrán aprender de las buenas prácticas de sus compañeros. La iniciativa del general Naranjo resalta un interesante elemento de evaluación del servicio policial que le dará a la institución rendición de cuentas interna y transparencia externa.

Sin embargo, desde ya se perfilan algunos potenciales inconvenientes que sería prudente no perder de vista. El primero es el del escaso pie de fuerza. Como sólo habrá personal para unas zonas críticas específicas, se corre el riesgo de bajar la guardia en otras áreas de las ciudades. Los primeros meses serán claves en determinar el éxito de la medida y así poder asignar más personal en el futuro a más cuadrantes. Un segundo aspecto es el eventual desplazamiento de los delincuentes hacia cuadrantes no vigilados para aliviar la presión de las autoridades.

Un tercer punto es más conceptual que operativo. No todos los delitos tienen dinámicas susceptibles a este tipo de vigilancia comunitaria -por ejemplo, los de la criminalidad organizada-. Por lo tanto, sería injusto esperar que la estrategia produzca una baja generalizada en la actividad criminal. Además, en el criterio para definir los cuadrantes no están incluidas problemáticas típicamente barriales como el microtráfico de drogas, las pandillas y los asaltos sexuales a mujeres en parques y baldíos que impactan al ciudadano de a pie. Estos son aspectos que ameritarían ser incorporados de alguna manera en esta estrategia. Lo importante es que el Gobierno y la Policía están reaccionando puntualmente y con estrategias bien diseñadas a la generalizada alarma sobre los niveles de seguridad en las ciudades.