Parlamento Andino Inútil Despilfarro

Editorial

El Mundo Medellín.

Febrero 18 de 2010

El organismo es completamente inútil e inocuo, a la par de oneroso para los países miembros.

¿Cuántos colombianos, de los 29 millones aptos para votar, saben que el próximo 14 de marzo, además de los senadores y representantes a la Cámara, podrán elegir a los cinco representantes por Colombia en el Parlamento Andino, órgano “deliberativo” de la Comunidad Andina de Naciones? Nadie ha hecho una encuesta al respecto, pero es fácil suponer que son muy pocos y aun puede ser menor el número de quienes tienen alguna idea de qué es y para qué sirve ese organismo.

Los 67 candidatos inscritos en una docena de listas, presentadas a nombre de diversos partidos y movimientos políticos, se quejaban ayer amargamente, en un comunicado, de que, a sólo un mes de las elecciones, ni el Gobierno ni las autoridades electorales ni los medios de comunicación les habían parado bolas, y a estas alturas la inmensa mayoría de ellos son unos “ilustres desconocidos” para el electorado. Decían que “la baja información de este trascendental proceso impide a los ciudadanos contar con las herramientas necesarias para poder ejercer adecuadamente su derecho al voto, lo cual resulta altamente antidemocrático y perjudicial para el fortalecimiento del proceso subregional andino de integración”.

Se habla de “falta de pedagogía” sobre la naturaleza y los objetivos del Parlamento Andino y sobre la importancia de que sus miembros sean elegidos por voto popular y no por el Congreso de la República, como hasta ahora se ha hecho en Colombia. Pero ese reclamo, más que al Gobierno o a las autoridades electorales, desacredita a sus propias directivas y miembros, pues, si en 30 años de existencia no han sido capaces de conquistar el reconocimiento popular, una de dos: o quienes lo han dirigido son dechados de ineptitud o, como creemos nosotros, el organismo es completamente inútil e inocuo, a la par de oneroso para los países miembros y, sobre todo, para Colombia, que puso la sede para sus escasas y fantasmagóricas deliberaciones.

En el “Acuerdo de Cartagena” se define, en su artículo 42, el Parlamento Andino como “el órgano deliberante del Sistema, su naturaleza es comunitaria, representa a los pueblos de la Comunidad Andina y estará constituido por representantes elegidos por sufragio universal y directo...”. Y entre sus atribuciones (Artículo 43), figuran las de promover, orientar y examinar la marcha del proceso de integración subregional andina; formular recomendaciones...; sugerir las acciones o decisiones, ajustes o nuevos lineamientos generales con relación a los objetivos programáticos y a la estructura institucional del Sistema; y promover relaciones de cooperación y coordinación con los Parlamentos de los Países Miembros. ¿Habráse visto algo más vagaroso?

En Colombia, el Congreso de la República expidió la Ley 1157 de 2007, declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-502 del mismo año, norma en la que, entre otras perlas, se establece que “los representantes andinos de Colombia tendrán las mismas prerrogativas de Senador de la República; sus requisitos e inhabilidades son los mismos consagrados en la Constitución del 91; así mismo tendrán los mismos salarios, prestaciones y emolumentos”. Eso explica la proliferación de candidatos, pues ¿a quién no se le abre el apetito frente a un sueldo de más de 22 millones de pesos, un estatus diplomático y el derecho a viáticos por asistencia a eventos y visitas a otros países, sin más responsabilidad que la de reunirse, máximo una vez al mes, deliberar sobre múltiples aspectos de la integración subregional y formular unas recomendaciones que no tienen carácter vinculante ni obligatorio para los gobiernos de la CAN?

Aparte de lo que nos ha costado el sostenimiento durante tantos años de los cinco flamantes parlamentarios andinos, elegidos por el Congreso, ahora el país tiene que desembolsar $6.500 millones, que es el costo adicional de incluir el nuevo tarjetón y disponer lo pertinente para su elección en marzo, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Y así será cada cuatro años. Con razón dice la revista Portafolio, en su editorial del 10 de febrero pasado (“Dinero desperdiciado”), cuyos planteamientos compartimos plenamente, que “semejante gasto sería cuestionable en circunstancias normales, pero en este caso entra en la categoría de lo absurdo”.

Ahora bien. Si hubiera alguna posibilidad de ventilar y defender en ese organismo una causa común, pero está visto que la CAN está dividida en dos bloques prácticamente irreconciliables: el que conforman Bolivia y Ecuador, gobernados por pro-marxistas, enemigos del libre comercio y de todo lo que huela o suene a estadounidense, y el otro, de Colombia y Perú, que debieron avanzar solos, tanto en sus TLC con EEUU como con la Unión Europea y están en una perspectiva de alianzas cada vez más estrechas y fuertes. Entonces, no hay nada qué hacer. La Comunidad Andina de Naciones está in artículo mortis como ejercicio de integración económica subregional, y el Parlamento Andino no es más que un apéndice burocrático, porque, ¿qué diálogo político puede haber en una reunión de veinte personajes, la mitad de los cuales promueve la revolución y el socialismo y, la otra, el libre comercio y la democracia representativa?