Hernán González Rodríguez
El Colombiano, Medellín
Febrero 16 de 2010
En días pasados, en el programa de Fernando Londoño, La hora de la verdad, entrevistaron a Juan Carlos Echeverry, doctor en economía de la Universidad de Nueva York, profesor de la Universidad de Los Andes y asesor internacional, para consultarlo sobre las reformas a la salud del presidente Uribe. Al respecto afirmó haber liderado él un equipo integrado por dos actuarios, dos expertos en estadísticas y dos economistas para analizar el problema de la cobertura de toda la población colombiana con elevados estándares.
Anticipo su conclusión: “Sería necesario elevar próximamente al 50 por ciento de los salarios las contribuciones de la tercera parte de los colombianos que sí pagan a la fecha, para poder prestar los servicios de salud en las circunstancias actuales”.
Estimo que a estas circunstancias contribuyen las nocivas Sentencias de la Corte Constitucional. Contribuyen la medicina en manos de algunos jueces con sus tutelas absurdas. Los médicos que no ejercen la medicina honestamente, los que recetan drogas costosas a cambio de prebendas de los laboratorios. Ojalá no fuera cierto que algunas EPS fomentan las tutelas con la regla atienda cualquier tutela y cóbrele al Gobierno.
Me atrevo a afirmar que el gobierno del presidente Uribe se precipitó desde el comienzo de su mandato con sus ambiciosos planes de salud y, como era de esperar, los actores citados le convirtieron la salud en una carga explosiva contra las finanzas del país.
En los Estados Unidos, país infinitamente más rico que Colombia, el 85 por ciento de la población cuenta con un seguro pagado por sus empresas, con el cual se consideran satisfechos, según las encuestas. El presidente Obama no ha logrado en un año cobijar el 15 por ciento desprotegido, a pesar de haber contado hasta hace poco con una supermayoría de su partido, el Demócrata, en el Congreso. Ni los mismos demócratas están de acuerdo entre sí.
En Colombia sí se acepta que la gente más pobre tenga acceso a mejores servicios de salud, pero esto no debería lograrse a costa del deterioro de los servicios de quienes sí pagan hoy, ni desquiciando la economía en nombre de ellos.
Otro problema de proporciones monumentales es el de las pensiones de jubilación de los colombianos. Insisto en la apreciación de autorizados analistas de la economía mundial, cuando observan que durante el Siglo XX, cuando la edad promedio de vida de incontables países promediaba los 72 años, se establecieron edades de jubilación de 65 años. Pero hoy, con promedios de vida de 80 años, ningún país puede pretender sostener sus pensionados durante 15 o más años, sin producir nada.
En vista de lo anterior, acaba Rusia de elevar su edad de retiro por sobre el promedio de vida, esto, para evitar que la mitad de la población se le pueda llegar a jubilar. Y porque, además, la población se le ha envejecido y prefieren acudir a los mayores todavía saludables en lugar de abrir sus fronteras a inmigrantes que no se integran con ninguna cultura.
De los 71 billones de pesos, millones de millones, de ingresos corrientes de Colombia en 2010, unos $25 billones se destinarán a la salud y otros $25 se canalizarán a pagar las pensiones de jubilación. El presupuesto total de Colombia para 2010 es de $149 billones.
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