Salud: ¡que se cumpla la ley 1122!

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Febrero 7 de 2010

El debate sobre la emergencia social continúa, por lo que quisiera retomarlo, aportando nuevos elementos.

Una causa importante de la crisis es que no se ha cumplido con la Ley 1122 cuyo ponente fue el doctor Jaime Restrepo Cuartas. En esa norma se definen los plazos para pagar a las IPS, muchas de ellas públicas, para que no quiebren, algo que, inexplicablemente el gobierno no cumple. También creó el Comité técnico científico, cuya conformación quita a las EPS, que son negocios, el manejo del POS y lo convierte en un organismo mixto con representación académica y social, con visión de país, con criterio de solidaridad y rigor científico, lo que permitiría poner freno a los abusos de algunas de esas entidades; la ley hace obligatoria la salud preventiva, que protege previniendo, a la cual le sacan el cuerpo las empresas prestadoras del servicio, interesadas, por razones evidentes, en la enfermedad, teniendo al Fosyga como fondo sin fondo de dónde extraer recursos, etc.

La visión de la salud exclusivamente como un negocio, que tienen muchas EPS, la corrupción rampante en el manejo de los recursos para la salud, el manejo desbordado de nombramientos por parte de alcaldes y gobernadores, de personal en los hospitales, las tutelas pidiendo procedimientos que no tienen que ver con la salud del paciente sino con su estética (por supuesto, no me refiero a las tutelas que busacan que se garantice el legítimo derecho a la salud, que se le niega tramposamente a un paciente), etc; todo ello tiende a llevar al Fosyga a la quiebra.

Por eso, las cuatro primeras medidas deberían ser poner: a) en marcha todas las reformas al Sistema que implica la ley 1122 b) combatir la corrupción, c) poner un límite a la ambición de ganancia de las entidades prestadoras de salud) y d) limitar el uso indebido de recursos legales para tratamientos que no sean motivados por razones de salud.

Esto debe ir acompañado por una modelación económica que permita saber cuánto vale la igualación por arriba del POS para todos los colombianos, ya sean del régimen subsidiado y contributivo, si se hubiesen tomado en cuenta los ahorros que para el Sistema significaría llevar a la práctica las primeras cuatro medidas, y sobre ese cálculo, mirar el aumento del recaudo vía impuestos como los que se decretaron para las bebidas alcohólicas y juegos de azar, pero respetando el principio esencial impositivo de toda democracia que señala que no hay impuestos sin representación, es decir, que los impuestos deben ser aprobados por el Congreso y no por el ejecutivo.

Ahora bien, en la polémica hay un punto que me alarma. Es la insistencia del gobierno de que los ‘ricos’ ‘puedan’ acceder al pago de los servicios de salud en un caso de ‘prestaciones excepcionales de salud’. Mi preocupación consiste en que el presidente Uribe definió como ricos a las personas de los estratos 5 y 6.

Allí hay un sofisma. Todo el mundo sabe que el concepto de estrato es inadecuado para medir los niveles de ingresos. Todo el mundo sabe que un ciudadano de estrato 5 es una persona que tiene un nivel de vida medio, que ha tenido que trabajar toda la vida, e invertir sus cesantías, para tener una casa o un apartamento en un barrio relativamente equipado de una ciudad, y un vehículo que ha comprado con mucho sacrificio y ahorro. Posiblemente ha educado a sus hijos, apretándose aun más el cinturón en alguna universidad privada, teniendo que endeudarse para ello. Una persona de este tipo no es rica, simplemente vive con un cierto nivel de dignidad. Si llega a enfermarse deberá vender su vivienda y sus haberes y endeudarse sin esperanza de poder pagar, lo que lo condena a la muerte o a la indigencia.

Y lo mismo se puede decir de un gran número de personas del estrato 6. Un buen número, me atrevo a decir que la mayoría, son ciudadanos que viven de un salario o de un negocio pequeño o mediano, que comparte esta clasificación con gente que posee negocios que valen miles de millones de pesos o son ejecutivos de grandes compañías con salarios y honorarios muy altos. Unos y otros no son comparables. En realidad, la escala debería ser estrato, 6, 7, etc., según el nivel real de ingresos. Lo que debe mirarse es las declaraciones de renta. No es justo, entonces, que el presidente Uribe compare la clase media con la alta y la iguale por encima.

Finalmente, la reacción de las sociedades científicas y academias médicas logró que el presidente desautorizara a su ministro respecto a la autonomía y a los compromisos éticos de los médicos de los pacientes. En realidad lo del ministro fue tan burdo y no planificado que obtuvo el efecto contrario. Nadie está en desacuerdo con guías que parametricen servicios ni con la necesaria consulta de comités médicos para decidir sobre procedimientos en los que los diagnósticos difieren. Pero el supuesto de la buena fe y del mejor esfuerzo profesional con base en la presunción de que es idóneo para ejercer la profesión y su deber de defender el interés del paciente y no de la empresa, es la base sobre la que descansa la confianza que el paciente deposita en el galeno y en el sistema. Confianza que no puede ser traicionada por ninguna medida del Estado ni aceptada por un médico que ejerce su profesión con criterios de rectitud