The Economist, Londres
Febrero 4 de 2010
(Traducción Blog Debate Nacional)
El Presidente Uribe trata de empujar cambios muy necesarios
Mientras los aliados de Barack Obama buscan trucos procesales para pasar su reforma sanitaria ante un Congreso truculento, su colega colombiano, Álvaro Uribe, no se molesta con tales detalles. Él simplemente ha emitido un juego de decretos ordenando una necesarísima pero igualmente controversial sacudida de los servicios médicos de su país. La Corte Constitucional, cuyos fallos anteriores han añadido enormes tensiones al financiamiento del sistema de salud, será quien examine los decretos. Uribe ha comenzado a negociar con médicos y otros opositores como se aplican, pero él sigue decidido a llevarlos a cabo.
No es un argumento pequeño la necesidad de subsanar el gran déficit en el presupuesto del servicio de salud. Los decretos de Uribe incluyen un aumento de impuestos sobre el alcohol, cigarrillos y juego, y medidas para cortar pérdidas de la corrupción y la burocracia. Pero sus críticos lo acusan de aprovechar esta emergencia financiera para hacer cambios más profundos a la manera como se presta la asistencia médica, y con poco debate público.
Los médicos están especialmente enfadados por un decreto que limita su autonomía para prescribir el mejor tratamiento para los pacientes. Sus lineamientos son similares a las reformas introducidas en Gran Bretaña en los años 1990, procurando introducir una lista de medicamentos y tratamientos autorizados. Sin embargo, Sr. Uribe al principio procuró ir más lejos e imponer las multas de hasta 13,000 dólares para los médicos que prescriban más allá de lo que la lista permite. Fuertes objeciones lo obligaron a retroceder y prometer que los nuevos estándares de tratamiento serán sólo consultivos, excepto en ciertos casos.
Otro decreto polémico, aunque inobjetable en su objetivo fundamental, igualaría los beneficios proporcionados por los dos sistemas de salud paralelos de Colombia. En uno de estos, los trabajadores asalariados y los independiente tienen que contribuir con el 12 % de sus ingresos para cubrir planes de salud administrados por organizaciones prestadoras de servicios similares a las de los Estados Unidos. Los pobres y desempleados reciben el cuidado de un segundo sistema, subsidiado, con menos beneficios y servicios generalmente deficientes. Un estudio en 2008 encontró que un cuarto de aquellos supuestamente cubiertos por el régimen subsidiado no recibió la asistencia médica cuando ellos lo necesitaron.
Las cosas fueron concebidas de modo que los aportes pagados por las personas del sistema contributivo eventualmente generaran un excedente suficiente para subvencionar el sistema para los pobres. Pero esto estaba basado en previsiones muy optimistas, en cuanto a que el desempleo sería menor de dos dígitos (y fue de 12 % en 2009) y la economía crecería cerca del 5 % (los economistas esperan un crecimiento de 2.5 % este año). Como es muy improbable que los nuevos impuestos puedan generar suficiente dinero para cubrir el hueco financiero, hay preocupación en cuanto a que la "igualación" los dos sistemas podría significar el empeoramiento del sistema contributivo, y no el mejoramiento del subsidiado. Uribe dice ahora que está preparado para retrasar la aplicaación de esta parte de la reforma si se requiere para mantener los estándares de atención.
Además del desafío en la Corte Constitucional, Uribe afronta un intento de dos senadores para bloquear sus reformas con una “ley de derechos de los pacientes". Los sindicatos también planifican protestar contra ellas. El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, dice que los decretos presidenciales han sido "malinterpretados". Pero como Obama podría decirle, cualquier reforma a la salud para pasar inevitablemente implica una lucha.
1 comentario:
En cuanto al decreto de emergencia social es necesario para la política de sostenimiento de la seguridad social para todos, no somos un país rico, ni mucho menos un país que le sobre los recursos, en este orden de ideas, si tenemos recursos limitados, también ha de ser controlado sabiamente los recursos destinados a la salud, donde hoy por hoy los jueces colombianos coadministran con el sector salud, y por medio de las tutelas y demandas civiles comprometen partidas no presupuestadas. Con este decreto se llama al orden a todo el sistema de salud. Cobertura universal en salud no quiere decir derroche presupuestal para la salud. Aprendamos de lo sucedido con el ISS, empresa altamente ineficiente y politizada. Gracias a Dios la liquidaron. Julio Suescun.
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