Rocío Vélez de Piedrahita
El Colombiano, Medellín
Febrero 19 de 2010
El caso del coronel Plazas Vega, es de lo mas intrigante que se pueda dar en materia de justicia.
El 6 de noviembre de 1985 el grupo terrorista M 19 entró al Palacio de Justicia con el propósito de quemar los expedientes contra los narcotraficantes. El doctor Belisario Betancur ordenó respetar el estado de derecho, recuperar el Palacio y salvar a cuantos se pudiera.
El coronel Plazas Vega, comandante de una unidad táctica de la Escuela de Caballería, recibió orden ‘explícita’ de adelantar el esfuerzo para entrar al Palacio. En el ejército las órdenes son para cumplirlas aun cuando se exponga la vida. Plazas Vega no fue el único comandante de la operación ni el único oficial con responsabilidad de mando; jamás tuvo competencia ni autoridad sobre el manejo de las personas que rescató - más de 260 - que, una vez fuera del Palacio quedaban a cargo de los organismos de inteligencia: Plazas Vega nunca perteneció a unidades de inteligencia.
En 1986 el tribunal de la Corte Superior de Justicia dictaminó que el ejército había obrado bajo mandatos de la constitución y en defensa del estado de derecho; investigó a fondo la actuación del coronel Plazas y declaró que había cumplido a cabalidad con su responsabilidad.
Tras 7 años de investigación el M 19 fue condenado por homicidio agravado, asonada, secuestro, terrorismo, incendio, rebelión. En 1990 el M 19 entrega las armas, y a sus directivos les empiezan a llover nombramientos de categoría: Vera Grave es hoy panelista en foros internacionales, Petro ex concejal, senador, ¡candidato a la presidencia!
A partir de 1992 el coronel Plazas dedica 10 años a la academia y la cátedra universitaria.
Durante la visita de Juan Pablo II a Colombia, fue jefe de seguridad del Pontífice algo que el Vaticano solo respalda tras una larga investigación a la trayectoria del candidato, tanto en lo público como en lo privado.
Su último cargo en 2002, fue el de Director Nacional de Estupefacientes, nombramiento que le hicieron el Presidente Álvaro Uribe y su ministro Fernando Londoño por “la verticalidad demostrada por el coronel en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en Colombia”. Dirigió proyectos de leyes de extinción de dominio sobre hoteles, haciendas, vehículos, aviones, barcos, cuentas bancarias, más de 300 empresas, activos pertenecientes a la mafia, y la administración de los bienes incautados.
En noviembre del 2004, a los 20 años del asalto, tras un debate de congresistas del Polo, algunos ex M 19, el Congreso decide reabrir la investigación al coronel Plazas. Por una razón desconocida, no se practica la prueba del ADN a unos cadáveres cuya identificación resulta indispensable para el esclarecimiento de los hechos y se ha manipulado el profundo y comprensible dolor de los parientes, para desviar las investigaciones en contra del coronel.
Hace dos años el coronel está preso. Lo acusa la Fiscalía General de la Nación de secuestro y desaparición forzada, delitos que en derecho, se excluyen el uno al otro pero que la fiscalía hizo coexistir en este caso, según parece, por primera vez.
No han podido condenarlo porque, no logran encontrar pruebas contundentes de que haya cometido los delitos que se le imputan. Hay un testigo cuyo nombre no coincide con la cédula, otro nunca perteneció a la Escuela de Caballería, otro no pudo presenciar los hechos porque estaba en Granada Meta, otro estaba preso; y así.
La saña contra el coronel Plazas Vega causa perplejidad. El padre del coronel enfermó de gravedad -en 2008-, pidió permiso para visitarlo y le fue negado. El señor se agravó, el coronel insistió en su pedido y de nuevo se lo negaron El señor entró en etapa terminal; negaron el permiso por tercera vez. En la defensoría del pueblo confirmaron que el juzgado tenía obligación de respetar el derecho del coronel; en el juzgado no atendieron a la persona que demostró el derecho. Tenían listo el permiso y la instrucción de dárselo cuando ya el señor hubiera muerto; efectivamente le llegó 10 minutos después la muerte de su padre!
La familia está destrozada, la salud del coronel Plazas “se tambalea”; el hospital no lo había dado de alta cuando fue llevado a la Picota; tanto él como su esposa protestaron airadamente, “fueron golpeados” y el coronel sometido con una inyección de no se sabe qué.
Lo que está pasando con el coronel Plazas Vega no es normal aun dentro de una justicia tan particular como la nuestra.
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