Por Sergio Clavijo
Portafolio, Bogotá
Marzo 25 de 2009
Se trata de “crisis hipotecarias encadenadas” que han ido contagiando de activos tóxicos los núcleos financieros, inicialmente de Estados Unidos y posteriormente de Inglaterra, la Unión Europea y, finalmente, parte de Asia.
América Latina aún no ha sido afectada en su canal de crédito. Pero si la contratación del producto se extiende más allá del 2009 y la amenaza de la deflación no se logra contener, no cabe la menor duda de que finalmente América Latina también sería parte de este riesgo sistémico.
Aunque la crisis ya ha completado casi año y medio desde su declaratoria en septiembre de 2007, no se tienen señales claras de que ésta haya tocado fondo. Por ejemplo, el índice Case-Shiller de precios de vivienda (termómetro clave de la magnitud de la crisis) se contrajo durante todo el 2008 a ritmos de 18%-20% y, muy probablemente dicha tendencia continuará durante el segundo trimestre de 2009. Adicionalmente, los procesos de dación en pago (foreclosures) de las viviendas ya han comprendido cerca de 2.3 millones de unidades residenciales. Esto implica que un 2% de familias norteamericanas han perdido sus viviendas, al tiempo que cae el consumo de los hogares y el desempleo ha llegado a niveles de 8.1%.
Construyendo sobre lo hecho por la administración Bush, el equipo de Obama ha refinado un paquete de salvamento/recuperación que consta de dos elementos centrales: i) el TARP (Troubled Asset Relief Program) orientado a rescatar activos financieros emproblemados (incluyendo mantener al día el pago de las hipotecas); y ii) el TALP (Temporary Assitance Liquidity Program) o plan de estímulo económico, que incluye alivios tributarios generalizados e inversión en obras públicas.
El grueso del TARP fue creado por la administración Bush y habilitó recursos por cerca de US$700.000 millones para restituir activos desvalorizados e incrementar los índices de solvencia bancaria. De este paquete, se han destinado cerca de US$241.000 millones (34%) al salvataje de entidades bancarias (citigroup, Bank of America, entre otras), permitiéndoles aumentar su capital regulatorio. Estos recursos también se han aplicado al sector real, siendo el más beneficiado el sector automotriz (GM y Chrysler) con unos US$24.800 millones.
Recientemente, la administración Obama destinó cerca de US$ 50.000 millones para alivios hipotecarios a deudores, cobijando: i) reducciones del principal y ii) reducciones en las cuotas crediticias, lo cual ayudará a mantener al día a los hogares en sus obligaciones hipotecarias. Esto viene a reforzar la inyección de US$293.00 millones destinados a Fannie Mae, Freddie Mac y AIG. El total de este paquete TARP representa casi el 8% del PIB.
El plan de estímulo económico (TALP) alcanza los US$797.000 millones (6.1% del PIB), donde cerca del 58% (US$461.000 millones) serán destinados a obras públicas (educación, infraestructura, energía, limpia, etc.) y el 42% restante a un amplio programa de alivios tributarios. Este segundo componente es sin duda mucho más demandante que el primero y también más vital para evitar el colapso del sector real.
El éxito de esta estrategia requiere: i) estabilizar los mercados financieros ii) aceitar el canal crediticio. Sin ello será imposible engranar nuevamente el aparato productivo, recuperar el empleo y revitalizar la débil demanda agregada. Aún en un escenario relativamente exitoso, luce poco probable evitar que el desempleo llegue al 9%-10% y que la economía norteamericana se contraiga a ritmos de -2.4% durante el 2009.
En síntesis, continúa siendo ilusorio esperar una recuperación de la economía de los Estados Unidos durante el primer semestre del 2009 y la mayoría de factores ubican dicha recuperación hacia principios del 2010. Más aun, todo parece indicar que tendremos una contratación global del producto cercana a -2.5% durante este año. En el caso de Colombia, los indicadores líderes del Anif-Leading-Index (ALI) nos han llevado a revisar drásticamente a la baja nuestro pronóstico de crecimiento para el 2009, del 2.3% a tan sólo 0.5%. Esto llevará aparejado un incremento del desempleo promedio en Colombia del 11.5% en el 2008 a cerca del 13.5% en 2009, con una grave tensión social y, preciso, en año electoral.
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