Sí fue en legítima defensa

Por Rafael Guarin

www.rafaelguarin.blogspot.com

Revista Semana, Bogota

18 de marzo de 2009

Atacar enclaves terroristas y llevar a cabo capturas en territorio extranjero es la última opción cuando no existe cooperación efectiva para perseguir a esas organizaciones e individuos.

Un año después de que la Operación Fénix eliminó a Raúl Reyes en un “campamento madre” de las Farc, en territorio ecuatoriano, vuelven a la carga los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa. Desde la muerte del terrorista, al que Chávez le dedicó un minuto de silencio, la actitud de ambos mandatarios ha sido la de acusar a Colombia de amenazar la paz y la seguridad regional. En este caso, la nueva andanada se produce por que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que se trató de “un acto de legítima defensa”.

Hay que recordar que la información certificada por Interpol, proveniente del computador de Raúl Reyes, develó la existencia de una clandestina alianza entre los gobiernos que impulsan la revolución bolivariana y las Farc, en lo que se puede definir como una guerra irregular contra el Estado colombiano. A algunos lectores les parecerá extremista, pero no es extraño que en contextos de expansión de revoluciones los grupos terroristas y los estados patrocinadores terminen realizando ese tipo de maniobras. 

Durante la guerra fría fueron características tales interferencias en forma de apoyo de potencias a bandas terroristas. Es lo que Carl Schmitt en la “Teoría del Partisano”, citando a Rolf Schroers, define como “tercer interesado”: “El poderoso tercero no sólo provee armas y municiones, dinero, ayuda material y medicamentos de todo tipo; también procura esa clase de reconocimiento político que el guerrillero necesita para no hundirse en lo apolítico – es decir: en lo criminal – como el pirata o el bandolero”. Basta recordar el rechazo de Correa y Chávez a calificar a las Farc de terroristas, el tratamiento de Estado que le otorgaron y los acuerdos hechos en Miraflores con Iván Márquez para conformar el “grupo contadora”, reconocer beligerancia a las Farc y lanzar la candidatura de Piedad Córdoba a la Presidencia de la República. 

En ese contexto, es evidente que la Operación Fenix fue un acto de legítima defensa que permitió acabar con quien era realmente el número uno de la organización, descubrir el entramado continental que soporta a las Farc, conocer su concertada agenda con los gobiernos vecinos, establecer el grado de compenetración de la guerrilla con los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Brasil, visibilizar ante el mundo esos vínculos, promover la vigilancia y la presión internacional para disuadir a estos de continuar esa alianza y, sobre todo, abortar parte del complot que se gestaba contra Colombia.

A pesar que con pragmatismo y para facilitar la superación de la crisis el presidente Uribe se comprometió a no repetir ese tipo de operación (esperando la corresponsabilidad de los demás estados en la lucha contra el terrorismo), es irracional una renuncia absoluta. Una nueva acción fuera de las fronteras depende de los países vecinos, no del gobierno colombiano. En otras palabras, atacar enclaves terroristas y llevar a cabo capturas en territorio extranjero es la última opción cuando no existe cooperación efectiva para perseguir a esas organizaciones e individuos. No obstante que hay que enfatizar el carácter multilateralista de la lucha contra el terrorismo, cuando éste no funciona el Estado mantiene la obligación de defenderse y defender a sus ciudadanos, situación en que obligatoriamente debe acudir, como último recurso válido, a la “legítima defensa”. No puede ser de otra manera cuando en vez de cooperación de gobiernos foráneos lo que existe es complicidad con las organizaciones terroristas. 

La creación del Consejo de Defensa Suramericano es un escenario que debe aprovechar el gobierno de Colombia para construir esa cooperación de cara a la opinión pública internacional o, en su defecto, emplearse para dejar constancia de las solicitudes de cooperación insatisfechas y de las relaciones que tengan gobiernos con las Farc. No hay que ser muy optimista. Quienes integran esa instancia hacen parte de la OEA, organismo que además de no contribuir eficazmente a resolver la crisis se negó a adelantar investigaciones respecto a los vínculos de gobiernos con la guerrilla.

Cediendo a las presiones, el Secretario José Miguel Insulza prefirió desconocer que las graves conductas descubiertas violan la Convención Interamericana contra el Terrorismo y las obligaciones que tienen los estados conforme la resolución 1373 de las Naciones Unidas. Esa actitud, lejos de favorecer la paz y la seguridad de la región puede terminar colocándola en riesgo, pues le verdadera amenaza no es el combate al narcotráfico y a las FARC, sino el contubernio de dichos gobiernos y la organización terrorista. 

Nota al margen: ¿Qué tal el flamante Fiscal Mario Iguarán? Pasó la semana pasada de denunciante de Piedad Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia a ser uno de los que le rinde homenaje. ¡Vergonzoso!