El Plan Colombia

Editorial

El Mundo

Marzo 17 del 2009

No sabemos qué bicho picó al vicepresidente Francisco Santos para salir lanza en ristre contra el Plan Colombia, alegando que “nos ayudó mucho y fue muy importante en un momento crítico, desde lo político hasta lo policivo y militar contra el narcotráfico, pero ya no se necesita”. Lo dijo y lo reiteró, a sabiendas de que con semejante “bomba periodística” – para lucimiento del señor Yamid Amat y del periódico de su familia donde aquél publica su leída entrevista dominical – estaba contraviniendo la posición del Gobierno nacional y también, estamos seguros, la opinión de la inmensa mayoría de los colombianos. “Sé que el Presidente y el Ministro de Defensa me van a jalar las orejas, pero el costo para la dignidad del país es demasiado grande”, dijo el doctor Santos, en cuyas opiniones no creemos que haya mala fe o cálculo interesado pero sí cierta imprudencia e improvisación, sorprendentes en un funcionario de su categoría, sobre un tema tan sumamente delicado, que compromete tan gravemente al país en lo interno y en su política internacional. 

Con ello no estamos diciendo que el Plan Colombia sea un tema vedado para el debate público y que, casi nueve años después de su puesta en marcha, no merezca un estudio muy serio sobre los resultados alcanzados, las fallas que pueda tener y la conveniencia de mantenerlo por más tiempo. De hecho, a ese escrutinio ha sido sometido, año tras año, en los gobiernos Clinton y Bush y en el Congreso de EEUU, cada que se trata de definir y aprobar las partidas correspondientes. Ahora, si lo que quiere el señor Vicepresidente es abrir un debate al interior del país para definir si aquél debe seguir siendo una política estatal y un instrumento de lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo, en un marco de colaboración internacional diferente, pues lo más lógico habría sido que comenzara por plantearlo al Presidente de la República y a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, antes de salir a ventilarlo en público. 

El doctor Santos se queja amargamente de que el “trato que hemos recibido por parte de sectores de la sociedad civil estadounidense y por parte de sectores del parlamento de ese país es injusto con Colombia. Y le voy a decir algo más: es indigno. Mire: como tantos y tantos colombianos yo me he sentido humillado en escenarios donde nos maltratan. Precisamente, cuando somos no solo aliados y amigos, sino el único país de América Latina donde la imagen de los Estados Unidos es positiva. Sin embargo, nos maltratan, ¡y de qué manera! Ese es el costo que tenemos que evaluar frente a la efectividad de un Plan Colombia”. No le falta razón al Vicepresidente colombiano, a quien frecuentemente hemos felicitado por sus batallas internacionales en defensa de la dignidad del país y sus instituciones, la última vez, el pasado 7 de marzo, a raíz de su carta al congresista demócrata, George Miller, en la que protesta por la manipulación calumniosa de una audiencia del Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes sobre el tema de los derechos humanos y sindicales en nuestro país. Comprendemos que el doctor Santos esté harto de lidiar esa clase de personajes, algunos no tan grises como el anterior e incluso más poderosos, como los senadores Leahy, Kennedy y McGovern, para sólo mencionar a los más conocidos miembros del “sindicato” de malquerientes de nuestro país.

El propio doctor Santos los caracteriza como “un pequeño sector político que ha dominado con una imagen negativa la visión de Colombia en el Congreso y nos pide sometimiento silencioso al atropello e inclinación reverencial o, si no, amenazan con no aprobar el Plan Colombia”. Lo que en repetidas ocasiones hemos sugerido al Gobierno y a los altos funcionarios, que por razón de sus funciones les corresponde dar la cara en escenarios internacionales, es que no se desgasten en un costoso e inútil lobby ante a esos personajes, pues es absurdo pensar que van a cambiar su posición anticolombiana, cuando ésta es precisamente la fuente de su popularidad y su crédito frente a sus electores en Estados Unidos. 

Pero aparte de esa realidad y de que el Vicepresidente no quiera seguir haciendo ese papel de plañidera, hay que recordar que el Plan Colombia es una política de Estado, tanto aquí como en Estados Unidos, impulsada allá por el gobierno Clinton, aprobada por el Congreso y respaldada y fortalecida en el mandato Bush, contra la que ha sido vano el esfuerzo de sus enemigos por desmontarla, entre otras razones porque aquí no se trata de una concesión graciosa sino de una sólida alianza entre el principal consumidor y el principal productor para luchar contra la droga y todas sus secuelas de violencia y criminalidad. En Estados Unidos la percepción del Plan Colombia ha variado mucho, sobre todo después de los trágicos hechos del 11 de septiembre, con la calificación de terroristas a guerrillas y paramilitares y la aceptación dentro del Gobierno, del Congreso y de la sociedad norteamericana del contubernio criminal de esas organizaciones con el narcotráfico.

Esos desafíos no han sido resueltos ni esos enemigos han sido derrotados y mal haría Colombia en rechazar 550 millones de dólares anuales que el Imperio aporta en una guerra en la que Colombia pone la peor parte: el sacrificio y la sangre de muchos de sus mejores hombres y mujeres.