Por Fernando Londoño
La Patria, Manizales
Marzo 17 del 2009
El Estado perdió su organismo central de inteligencia política y no hay una sola prueba en su contra. Y no nos impresiona como tal la palabra del Director de Semana, ni la del Fiscal, mucho menos cuando fueron descubiertos en suculento banquete tratando el asunto.
El 29 de octubre del pasado año, ya han transcurrido desde entonces cuatro y medio meses, fueron destituidos con afrenta 27 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional. Se dijo entonces, y por nadie menos que por el Presidente de la República, que la baja se justificaba por la participación de los caídos en los llamados falsos positivos y específicamente por la muerte fuera de combate de los muchachos que salieron de Soacha con destino desconocido y aparecieron muertos en varios lugares, como en las vecindades de Ocaña.
La noticia le dio la vuelta al mundo, y no hubo medio noticioso que no dijera las cosas como se entendieron sin género de duda. Los militares acusados por semejante enormidad perdieron su carrera, algunas de más de treinta años, sus visas para los Estados Unidos y Europa, quedaron reseñados como los peores y más crueles bandidos, y en cualquier página de Internet que hoy se consulte podrá comprobarse que se los tiene por asesinos vulgares y sin entrañas. Deshonrados, aniquilados en su reputación, cargan el peso de semejante acusación, para todos comprobada sin sombra de duda.
Pero han corrido los meses, y ninguno de los 27 ha sido llamado a declarar en proceso disciplinario o penal. Estrictamente hablando, ni siquiera saben por qué se fueron de baja. El informe del General Suárez, que ha cumplido el triste papel del verdugo, no se conoce “por razones de seguridad y defensa nacional”. Apenas lo conoce, cómo iba a ser de otro modo, la revista Semana. O por lo menos asegura que lo conoce. Pues basta de medias verdades en este caso. Exigimos las pruebas.
También van pasando las semanas y nada sabemos sobre las pruebas que comprometen al DAS en interceptaciones telefónicas ilegales. Lo único que sabemos es que el DAS ya fue declarado culpable, por su Director en primer lugar. Sin preguntar quiénes eran los testigos de semejante trama, vinieron las declaraciones imprudentes, temerarias y condenatorias. El Estado perdió su organismo central de inteligencia política y no hay una sola prueba en su contra. Y no nos impresiona como tal la palabra del Director de Semana, ni la del Fiscal, mucho menos cuando fueron descubiertos en suculento banquete tratando el asunto.
No nos habíamos repuesto de los golpes anteriores, y andábamos con la impresión de las interceptaciones telefónicas ilegales, cuando aparece otra, manifiesta, monstruosa, detestable. De ella fue víctima un asesor presidencial y se la propone al país la revista Cambio, haciendo alarde de su capacidad delictiva. Si es tan criminal interceptar una llamada como utilizarla, la hazaña de Cambio no puede ser más oscura.
Pues sin pensarlo dos veces, sin preguntar por las condiciones en que la comunicación fue robada, sin oír a la víctima, ahora es el Secretario General de la Presidencia el que destituye al doctor Alfázar, se queja de su negra traición y le acaba la vida. Lo de la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el respeto por la intimidad personal, no cuentan para el doctor Bernardo Moreno. Las interceptaciones son malas, censurables y pecaminosas, cuando se las imputan a una entidad del Estado. Cuando las hace, o las publica la revista Cambio, son de buena familia y producen la plenitud de los efectos jurídicos ipso facto, como decimos los abogados.
Así se manejan las cosas en Colombia. Para ser precisos, así las maneja un Gobierno que clama por buenos asesores jurídicos. ¿Dónde están las pruebas?
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