La Patria, Manizales
Marzo 30 de 2009
Esta medida permitiría incrementar rápidamente la capacidad de compra y la demanda de los hogares: que es lo que se necesita con apremio.
La economía colombiana está entrando -no en una recesión- pero sí en una aguda desaceleración. Los datos son concluyentes: el sector industrial viene registrando cifras negativas durante los últimos meses. Las exportaciones caen. El año pasado se perdieron casi 500 mil puestos de trabajo y en el 2009 puede suceder otro tanto. El crecimiento económico se desacelera y, por supuesto, se vio que no estábamos blindados como festivamente se dijo. Así lo ha reconocido aunque con tardanza el propio gobierno.
Pero que no estemos blindados no significa que no haya necesidad de actuar con decisión. Al menos para atenuar el desfallecimiento de la economía doméstica; para procurar moderar el alza del desempleo; y sobre todo, para proteger a los más desvalidos de los estragos de la escurrida económica.
Se puede actuar en dos frentes: uno, el monetario. A través de las bajas de interés del Banco de la República, cosa que ya se viene haciendo. Y ojalá pueda continuar durante los meses venideros. Hay margen monetario para ello y afortunadamente la inflación que no está amenazante le permite al Banco Emisor seguir por este camino.
El otro frente consiste en actuar con audacia es lo fiscal. Infortunadamente nuestro margen es escaso. No ahorramos nada en las épocas de vacas gordas -como sí lo hicieron países como Chile- que ahora están en condiciones de incrementar sus programas de gasto público gastándose el superávit acumulado con previsión y sin incurrir en déficit.
Para nosotros poder hacer una auténtica política fiscal anticíclica tendríamos que incrementar el déficit público. Lo que plantea serios interrogantes de conveniencia hacia el futuro y, sobre todo, de posibilidades de financiarlo en el corto plazo con el oscuro panorama que presentan en la actualidad los mercados financieros internacionales. De ahí que lo que anuncia el gobierno consiste simplemente en gastar más rápido lo que ya estaba presupuestado.
Lo que sí podríamos hacer adicionalmente (sin comprometer la sanidad de la política fiscal) es recomponer las fuentes de las palancas tributarias que se han venido operando. Para adecuarlas a la crisis que se vive.
El país ha venido poniendo en marcha durante los últimos seis años una abigarrada red de costosísimas exenciones, deducciones, descuentos, y de todo tipo de gabelas tributarias que sólo benefician a ciertos sectores empresariales.
Esta frondosa enredadera de minoraciones tributarias en vez de beneficiar la generación de empleo (como lo advirtió en su momento la desoída comisión del gasto público) lo está perjudicando, pues abarata en términos relativos el factor capital frente al factor trabajo. Un documento reciente del profesor Hugo López demuestra que durante los últimos años el capital -frente al trabajo- se ha abaratado un 44%.
Uno solo de estos privilegios por ejemplo (la deducción del 40% por la adquisición de activos productivos) le debe estar costando al fisco cerca de 3,8 billones de pesos. En el 2007, el último año para el cual se publicaron cifras iba en 3,2 billones de pesos. Suma extravagante.
Pues bien: sin aumentar un centavo el déficit fiscal y teniendo en cuenta que cada punto del IVA vale $900 mil millones, bastaría con reducir a la mitad este privilegio que en las actuales circunstancias ni se necesita ni es equitativo y del cual se benefician sólo unas pocas empresas. Así podría compensarse el menor recaudo que significaría bajar el IVA del actual 16% al 14%.
Reducción que beneficiaría -no a unos pocos- sino a toda la ciudadanía, pues todo el mundo es consumidor y paga IVA. Y permitiría incrementar rápidamente la capacidad de compra y la demanda de los hogares: que es lo que se necesita con apremio.
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