El holocausto de la justicia

Por Alberto Acosta Ortega

El Magno, periódico de la Universidad de los Andes de Bogotá

24 de marzo de 2009

El 5 y 6 de noviembre de 1985 un comando armado del M-19  se tomó a sangre y fuego la sede del Palacio de Justicia. Al cabo de dos días, las fuerzas militares lograron frustrar el plan terrorista rescatando a por lo menos 250 personas. Sin embargo este fue uno de los acontecimientos más tristes de la historia de Colombia: no solamente murieron más de un centenar de compatriotas entre soldados, policías, guerrilleros y civiles, sino que el Estado no castigó a los culpables de tan atroz hecho. Dos décadas  después la Fiscalía General ha llamado a juicio a dos generales y a cinco coroneles que en esa época comandaron la liberación de los rehenes del Palacio, acusándolos de los delitos de desaparición forzada, tortura y secuestro, a partir de testimonios de personas que aseguraban confirmar la participación de los militares en las desapariciones.

El caso más representativo  es el del Coronel Plazas Vega, detenido desde  julio de 2007, por el delito de desaparición forzada y secuestro agravado. Las siguientes son las pruebas y testimonios que la Fiscalía tiene en su poder en contra del militar:

1. Los señalamientos que fueron publicadas por el semanario Voz de un ex conscripto de la Policía, Ricardo Gámez Mazuera, quien afirma que participó de los hechos del Palacio de Justicia y que fue testigo de las supuestas irregularidades cometidas por los militares. Dijo haber pertenecido al Ejército, y dijo haber observado que los métodos utilizados por los organismos de seguridad del Estado eran violatorios de las leyes, la Constitución y los convenios sobre Derechos Humanos. Similarmente menciona que durante los hechos del Palacio de Justicia observó cómo  llevaban a varias personas desde el Palacio a la Casa del Florero y que por orden del coronel Plazas Vega éstas fueron torturadas.  

Estas afirmaciones fueron investigadas y desvirtuadas por el Ministerio Público señalando que "es un testigo carente de toda credibilidad y que sus acusaciones no tiene ningún fundamento. Gámez Mazuera nunca perteneció al Ejército, y para la época de los sucesos había sido retirado de la Policía hacia más de cinco años. Sus testimonios carecen de validez no solo por entrar en enormes contradicciones sino porque quedó probado que no estuvo presente en los hechos del Palacio de Justicia.  Nunca perteneció al Ejército ni al DAS, y de la Policía había sido retirado por el delito de deserción seis años atrás. Estuvo en la cárcel por estafa y robo". En conclusión este testigo y su testimonio carecen de toda validez y credibilidad para dicho proceso.

2. La fiscal Ángela Maria Buitrago sostiene con base en testimonios, que las personas de cafetería salieron con vida y fueron conducidas a la Casa del Florero. Sin embargo, un tribunal especial de Instrucción, nombrado por el Gobierno de la época, que investigó los hechos inmediatamente, comprobó que los supuestos desaparecidos murieron todos en el cuarto piso del Palacio en el primer día de la toma, por lo tanto nunca salieron con vida como afirma la fiscal. El  informe dice: “El Tribunal considera que existe prueba suficiente en el sumario para concluir que tales personas fallecieron en el cuarto piso, a donde fueron conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos”. La Fiscal no tiene en cuenta este informe, elaborado por los magistrados de la Corte, quienes hicieron una investigación rigurosa.

3. Para argumentar que varios de los desaparecidos salieron con vida a la casa del Florero la fiscal se basa en la identificación de las victimas en los videos de la época. Identificación que ya se había llevado a cabo por la Procuraduría General de la Nación en la década del 80 y por el Juzgado 30 de Instrucción Criminal ambulante en la misma década, llegando a la conclusión de que no se podía comprobar que las imágenes borrosas fueran las de los empleados de la cafetería, porque sus mismos familiares no los reconocieron en los videos. Inclusive hay un caso destacado como el de Cristina Guarín (supuesta desaparecida) y cuyo hermano la identifica en el video. Pues bien, esa imagen fue reconocida como María Nelfi Díaz por ella misma, ascensorista del Palacio y rescatada por las tropas. La Fiscalía no ha ordenado la ejecución de un estudio de criminalística que puede llegar a concluir que las personas que aparecen es esos videos no corresponden realmente a alguno de los desaparecidos.

4. Un supuesto cabo retirado del Ejército que dijo llamarse Edgar Villareal y cuya identidad no ha sido comprobada, se presenta ante la fiscal para rendir acusaciones contra Plazas Vega. Dicho cabo declaró con otro nombre en una diligencia no programada por la Fiscalía en la cual no estuvo presente el Defensor de Plazas Vega, utilizó una firma diferente en su testimonio, se equivocó en sus datos personales, y luego no quiso presentarse a ratificar la denuncia. Menciona haber venido de Villavicencio a Bogotá en un helicóptero con 14 personas más, en esa época (1985), cuando los helicópteros con esa capacidad llegaron solo hasta el año 2000 con el Plan Colombia. Es decir el testigo incurre en una serie de mentiras que invalidan la declaración y ponen a la funcionaria investigadora en un serio problema jurídico por fundamentar su acusación en un testimonio evidentemente falso.

5. Hasta el momento han declarado a favor de Plazas Vega tres Consejeros de Estado rescatados por las tropas y todos ellos ex presidentes de dicha Corporación, un Magistrado rescatado de la Corte Suprema de Justicia, un ex ministro de Defensa, cuatro ex comandantes de las Fuerzas Militares, varios Generales y Coroneles, el Director del departamento de Antropología de la Universidad Nacional, quién reconoció que faltan ocho (8) cadáveres del Palacio de Justicia por pruebas de ADN (lo mismo que manifestó Plazas Vega a la prensa Nacional y que corresponderían a los supuestos desaparecidos), varios Coroneles y la ascensorista María Nelfi Díaz y sus hijos, entre otros.

6. La Fiscalía sólo tiene tres delincuentes como testigos, a saber: el ex policía Gámez Mazuera, que no se presentó ante la Fiscalía, el cabo Villarreal o Villamizar, que no ha aparecido en la audiencia, y el cabo Tirso Sáenz  Acero, condenado por tres homicidios, dos falsedades en documentos, hurto y otros delitos que suman 102 años de cárcel y permanece en el penal de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá).

7. La operación de rescate del Palacio de Justicia estaba a cargo de la unidad táctica de la Escuela de Caballería, que comandaba el Coronel Plazas Vega. Quien conoce el orden castrense sabe que esta unidad no tiene ni puede tener funciones de inteligencia por lo que no puede hacer interrogaciones. Su labor fue únicamente la del rescate de los rehenes y no indagar a cada uno de los liberados. De manera que la Fiscal desconoce el ordenamiento castrense e endilga funciones de inteligencia a un militar que por su posición sólo tenía mando sobre las tropas de operaciones tácticas.

En conclusión, la fiscal encargada del caso, Ángela María Buitrago, acusó al coronel Plazas sin ningún fundamento probatorio y desconociendo pruebas entregadas por el acusado y sin conocimiento de las estrategias y tácticas castrenses. Ella sólo tiene en cuenta las afirmaciones de los delincuentes mientras desconoce los testimonios de las honorables personalidades que han declarado a favor de Plazas Vega.

Mientras tanto, los miembros del movimiento guerrillero autor del asalto están libres y sin haber pagado un solo día de cárcel o un solo centavo de reparación, gracias al indulto dado a la cúpula del M19 por el gobierno del entonces presidente Cesar Gaviria Trujillo, que cubrió con impunidad esta trágico suceso nacional.

¿Quienes están detrás de todo esto? ¿A quienes buscan beneficiar o perjudicar? No sabemos, pero es posible sacar algunas conclusiones: el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, quien es parte civil del caso, siempre ha estado al frente de las acusaciones contra los militares y contra el Estado Colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias a lo cual dicho colectivo ha sido beneficiado con miles de millones de pesos que han obligado a pagar por las demandas interpuestas contra el Estado.

La Fiscal Ángela María Buitrago considera que con los falsos testimonios llevará a Colombia a ser condenada por la Corte interamericana de DDHH y que tendremos que pagar entre todos los contribuyentes  un cifra que puede ascender a veinte mil millones de pesos, como ya pasó con otras injustas condenas: veinte mil millones de pesos por la masacre de 20 contrabandistas cometida por paramilitares en el Magdalena Medio, por la cual estuvo varios años detenido el general Farouk Yanine Díaz, uno de los mas brillantes oficiales del Ejército colombiano.  El fue absuelto después de que Colombia pagó la multa.

O el caso de la masacre de Mapirirán cometida también por paramilitares en el Guaviare, por la cual el general  Jaime Uscátegui estuvo privado de la libertad por «omisión en el cumplimiento de su deber» como comandante de Brigada durante ocho años, al término de los cuales fue hallado inocente después de que la Corte Interamericana de DDHH de Costa Rica condenara a la nación colombiana a pagar otros veinte mil millones de pesos.

El Juicio a Plazas Vega va por el mismo camino. Presumiblemente busca otra jugosa indemnización para el citado colectivo de abogados, a cargo de los contribuyentes y usando como carnada la intachable vida al servicio de la Patria de un coronel  honesto y que logró quitar innumerables bienes al narcotráfico cuando fue director de Estupefacientes en una tarea eficaz y valerosa que todavía recordamos, reconocemos y añoramos los colombianos de bien.