El Mundo, Medellín
Marzo 24 de 2009
Si el Imperio decide que no va más el Plan Colombia, no vamos a romper nuestra Alianza por eso. En lo que se refiere a las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, su raigambre histórica y geopolítica y su riqueza y complementariedad en el plano económico, estamos completamente de acuerdo con la señora embajadora Carolina Barco cuando dice que “La relación sigue intacta, es muy fuerte, es de Estado y viene desde hace años”. Sus puntos de vista coinciden en ese sentido con las tesis que aquí hemos expuesto y que, esencialmente, pueden sintetizarse diciendo que Colombia no sólo ha mantenido una relación permanente, cordial y amistosa a lo largo de su historia común, sino que ha alcanzado el punto de alianza muy fuerte con el Imperio estadounidense, alianza que ha sido probada a lo largo de los distintos gobiernos, tanto demócratas como republicanos, y que, naturalmente, no ha estado exenta de algunos desencuentros pasajeros – como en los tiempos de la ominosa descertificación y de la fallida conspiración contra el gobierno constitucional del presidente Ernesto Samper, lamentablemente alentada por un embajador de cuyo nombre no queremos acordarnos – pero desencuentros, en fin, que siempre han sido resueltos en términos positivos y de los que la alianza ha salido invariablemente fortalecida.
Esa sólida alianza está basada en muchas consideraciones, como decimos, históricas y geopolíticas, que no es del caso recordar aquí, y también en un hecho incontrovertible como es la presencia en EEUU de una inmensa población de colombianos, inmigrantes y descendientes, que nos permite pensar que en muy poco tiempo llegaremos a conquistar un sitial – como sucede con otros grupos de latinos – tanto en el Congreso como en la Casa Blanca, así como, de hecho, se han alcanzado puestos administrativos y cargos de elección popular en algunos estados y municipalidades. También estamos de acuerdo con el enfoque de nuestra distinguida representante en los Estados Unidos, con respecto al nuevo gobierno demócrata, sobre el cual se han sembrado tantas expectativas, algunas exageradas, sobre lo que puede esperar del mismo, tanto Latinoamérica como la propia Colombia, hacia la cual, sin pecar de optimistas, se han dado algunas pruebas de que es errado ese ánimo tremendista con que algunos miran el momento actual de las relaciones bilaterales. Ella lo dice muy claramente en su entrevista con El Tiempo: “Lo que estamos viendo ahora es la transición hacia un nuevo gobierno, pero en el cual yo no veo mayores cambios. Habrá que hacer ajustes, pues nos estamos apenas acercando, pero dentro de un marco de total confianza”. Menciona la embajadora como buenas señales las conversaciones telefónicas entre los mandatarios y su reciente reunión – la primera que concede a una representante diplomática de Latinoamérica – con el nuevo asesor de Seguridad para la región, Dan Restrepo, a quien saludamos recientemente en estas columnas por tratarse de una persona con fuertes vínculos familiares en Colombia, dado que es hijo de un distinguido diplomático y columnista de este diario, fallecido hace varios años.
Hasta ahí es plena nuestra coincidencia, pero en cambio estamos en absoluto desacuerdo con la señora Barco cuando, al preguntársele por el futuro del Plan Colombia, asegura que “Es claro que estamos en un proceso de nacionalización del Plan Colombia, de trasferir el control y costo de los programas al país, pero estamos en conversaciones con EEUU para que se haga de una manera paulatina”. Y agrega: “Hay que destacar, sin embargo, que para este año 2009 no hubo recortes y eso nos permite hacer los ajustes y la transición de una manera que no sea traumática. Lo importante, hacia adelante, es que se haga de manera concertada, para que los programas no sufran y sigan siendo efectivos”.
Nosotros jamás hemos aceptado que Colombia asuma los costos de la lucha contra el narcotráfico en una proporción mayor y, por el contrario, nuestra queja ha sido que la colaboración que le damos a los EEUU, para resolver un problema esencialmente norteamericano, es mucho más costosa que la mezquina cuota que recibe anualmente para el llamado Plan Colombia que, como debe recordarse, fue una iniciativa del gobierno demócrata del presidente Clinton. Nos parece que mantener esa batalla conjunta se justifica únicamente si, como mínimo, los costos siguen siendo cubiertos en una parte substancial por los Estados Unidos. De lo contrario, lo que habría que pensar es en suspender o en ir disminuyendo nuestro compromiso con una lucha que tanta sangre y cuantiosos recursos nos ha costado, para buscar, simplemente, una acomodación a una nueva estructura, que ya nos la irán señalando los organismos internacionales, la ONU, en primer término, y las autoridades que se perfilan en el futuro, como es el caso de la Comisión Interamericana sobre Drogas, que ya propuso una estrategia de paulatina liberalización, en vista del aparente fracaso del paradigma de la represión impulsado por los Estados Unidos.
En síntesis, Colombia no puede seguir cargando sola, como sugiere la señora embajadora, con ese fardo de la lucha antidrogas – con su doble componente de narcotráfico y terrorismo – porque sería renunciar al principio de la corresponsabilidad en la solución de un problema que es mundial y cuyo origen está en la ávida demanda de los países consumidores. De modo que si el Imperio decide que no va más el Plan Colombia, no vamos a romper nuestra Alianza por eso y, simplemente, se acabarían, por ejemplo, las fumigaciones, y aunque seguiría habiendo un control normal del ejército y la policía sobre la delincuencia organizada, nos libraríamos de la tremenda y costosa responsabilidad de impedir que la droga llegue a los mercados de los países desarrollados, sin caer, desde luego, en la agresiva política de Morales ni en la tolerancia complaciente de otros destacados actores en este complejo escenario.
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