Por Saúl Hernández Bolívar
El Mundo, Medellín
Marzo 24 de 2009
A lo único que le han temido siempre los narcotraficantes colombianos ha sido a la extradición. Por eso, el lema de Pablo Escobar y sus secuaces, cuando firmaban sus comunicados con el mote de ‘Los extraditables’, era aquello de que preferían “una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos”.
Claro que, en realidad, el argumento que siempre hundió la extradición fue el de la plata o el plomo, que era lo que Escobar siempre ofrecía. Su lugarteniente alias ‘Popeye’ –que más de una verdad ha revelado– acaba de acusar al actual Personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, de ser uno de los muchísimos constituyentes que recibieron plata de Pablo para prohibir expresamente la extradición en el texto de la nueva Constitución. No sería nada raro pues es un hecho sabido que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se vendió: el mismo día que aprobaron esa proscripción, Escobar se ‘entregó’ a la justicia y fue recluido en su propia cárcel de ‘La Catedral’ sin el temor de ser extraditado.
Y ese temor tenía y sigue teniendo una razón fundamental: en las cárceles gringas el dinero de los narcos no es el que manda. En las cárceles gringas los narcos no pueden hacer lo que les dé la regalada gana, ni se pueden escapar cuando les plazca. A la justicia gringa no la pueden engañar con patrañas de abogado barato, las penas que profiere no son tan ridículamente cortas como en Colombia y no hay descuentos de pena tan grotescos como los nuestros. En términos generales, ni el aparato judicial gringo ni su sistema carcelario son sobornables –no tan fácilmente–, y la política criminal de EEUU no tiene nada de blandengue.
A pesar de sus bondades, la extradición ha generado más resistencia por razones políticas que filosóficas, sobre todo por el sentimiento antiimperialista que profesan algunos sectores. Es exagerado creer que la extradición implica un sometimiento o una rendición al ‘imperio’ cuando la realidad indica que somos nosotros los verdaderos beneficiarios de esa cooperación judicial. Si ellos se quieren encartar con unos delincuentes crueles y peligrosos, autores de tanta depravación y perversidad, los colombianos no deberíamos sentir más que alivio y hasta cierta gratitud pues, por donde pasan, los narcos sólo dejan dolor, muerte y destrucción, y lo importante es que estos criminales reciban un castigo justo por parte de quien pueda doblegarlos. A la larga, el lugar donde un bandido pague sus culpas no tiene importancia.
Toda esta discusión parecía superada pero el debate se revive de vez en cuando. Lo que nadie tenía entre sus cálculos es que fuera un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que le diera un entierro de tercera a la extradición. En la práctica, hoy no hay extradición en Colombia. El pasado 19 de febrero, esa Sala negó la extradición de Fredy Ferney Monsalve con el argumento de que esta persona ya fue condenada por narcotráfico en Colombia, lo que significa un cambio de jurisprudencia pues nunca se había tenido en cuenta esa condición. Y aunque el mismo día esa misma Sala autorizó la extradición de otro colombiano que también estaba ya condenado en Colombia, se ha abierto una puerta para que los narcotraficantes pedidos en extradición se hagan condenar en el país y se libren de la justicia norteamericana.
Es inevitable preguntarse qué es lo que persigue la Corte Suprema con un timonazo de esa naturaleza y qué tiene que ver esta actitud con la animadversión que no ocultan hacia el presidente Uribe. ¿O fue que tan rápido olvidaron que el M-19 –también pagado por Escobar– quemó el Palacio de Justicia precisamente el día y hora que la Corte iba a estudiar la constitucionalidad de la extradición de nacionales? ¿Será cuestión de amnesia?
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