La cuestión indígena

Por Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Marzo 29 de 2009

Los pueblos indígenas, habitantes originarios de nuestro territorio desde la noche de los tiempos, tienen razones para la desconfianza.  Por siglos exterminados, acorralados y despojados - por los conquistadores, primero; por los terratenientes de la República, con el mismo rostro de los anteriores depredadores,  y por los nuevos señores del narcotráfico y la guerra, de extrema izquierda o extrema derecha, da lo mismo- resienten igualmente, y en ocasiones rechazan, a las autoridades del Estado, muchas de las cuales, históricamente, han permitido, si no participado en la agresión de la que los indígenas han sido víctimas.

Los españoles los explotaron inmisericordemente y los exterminaron con la guerra o con las enfermedades contagiosas para las que no estaban preparados. Sujetos con alma, susceptibles de ser bautizados, no obstante repartidos o encomendados a los conquistadores blancos, quienes los heredaban, el Derecho de Indias, de alguna manera permitió, en el Siglo XVII, que se determinaran tierras comunales inalienables y con prohibición de arrendamiento, para proteger a estos pueblos. Pero desde mediados del siglo XVIII, esta política fue desmantelada, por lo que la venta y despojo de las tierras comunales por parte de terratenientes se convirtió en el pan de cada día. La Revolución Comunera logró poner un cierto freno a dicha política, pero fue imposible expulsar a los blancos que las habían “comprado”.

En el Siglo XIX, desde la Independencia y hasta la Constitución de 1886, predominó, frente a la cuestión indígena, la idea liberal de los derechos del hombre, por definición, individuales, por lo que los resguardos, propiedad común por excelencia, comenzaron a ser desmontados de nuevo. Sólo con la Constitución de 1886, se reversa esta política, pero se declara a los indígenas “menores de edad” cuya integración a la nación colombiana y su educación se encarga a la iglesia. En los años sesenta las corrientes marxistas asimilan a los indígenas como campesinos pobres y trata de incorporárselos a los movimientos armados guerrilleros.

Pero la idea de la identidad étnica que los lleva (a unos pueblos más que otros) a reconocerse como pueblos con identidades propias, y, por consiguiente con reivindicaciones propias, que tienen que ver con la propiedad de la tierra y la reivindicación de la cultura y de sus propias autoridades, hace que los pueblos indígenas  tengan su propio programa y su propia agenda y entren en contradicción con estos movimientos, que los han agredido brutalmente, como lo muestra la masacre de indígenas awás por parte de las Farc, así como los paramilitares, que los acusaron de tener relación con aquellos y también los han golpeado despiadadamente.

El panorama se obscurece  más todavía si se tiene en cuenta que el nefasto negocio del narcotráfico ha permeado a algunas de estas comunidades, lo que ha llevado a su seno la lucha entre guerrilla, paramilitares y bandas emergentes. Afortunadamente, los pueblos indígenas han entendido que el narcotráfico sólo trae miseria y destrucción y han desarrollado una estrategia para erradicar el cultivo y el comercio de este tipo de sustancias.

La Constitución de 1991, reconoció los derechos étnicos (o culturales) de los indígenas colombianos, lo que ha permitido un fuerte desarrollo de su identidad y la reconstrucción (o invención, en el mejor sentido de la palabra, puesto que muchas de sus tradiciones habían sido sepultadas por la occidentalización de su cultura) de sus propias formas de organización jurídico política, incluidas formas propias de derecho penal, etc. Esto, reforzado con el hecho de que perciben a las autoridades estatales como los agentes principales y partícipes del despojo y la agresión de la que han sido objeto durante siglos,  ha llevado a cuestionarse la legitimidad de las instituciones nacionales, y reclamar una neutralidad frente al conflicto entre el estado y las organizaciones  armadas ilegales.

Se trata de una neutralidad imposible, pero el Estado y los demás colombianos debemos ser pacientes porque la legitimidad es la aceptación del gobernante por el gobernado, y esto no se hace a la fuerza. Hay que demostrar con hechos y de manera sostenida en el tiempo, que el Estado está a su servicio. Y eso se consigue con respeto por sus culturas, trabajo conjunto con sus autoridades en la medida que lo permitan,  apoyo decidido a sus proyectos, dentro de un marco de cooperación y negociación que no lleve a afectar a terceros también desposeídos y humillados, como las comunidades negras.