Por Jon Perdue *
La Razón, Lima
17 de marzo de 2009
A propósito de la cruzada que puso fin a la persecución judicial del general peruano Eduardo Bellido Mora
Desde el final de la Guerra de Vietnam, muchos grupos han adoptado sistemáticamente el concepto de derechos humanos no por estar realmente interesados en ese tema sino por dar publicidad a políticas izquierdistas en EE UU y en el extranjero. Fue en las primeras etapas del gobierno de Jimmy Carter, que Brady Tyson, asistente hasta ese entonces del Embajador de la ONU Andrew Young, pronosticó que los derechos humanos se usarían para apoyar a los revolucionarios izquierdistas en el hemisferio occidental.
Aproximadamente en la misma época, el miembro del Partido Demócrata Daniel Patrick Moynihan criticaba la tergiversación similar de los derechos humanos por parte de la ONU, y sostenía que “a menos que se apliquen normas sobre los derechos humanos de manera uniforme y neutral en todas las naciones... pronto se verá que realmente no se invocarán los derechos humanos cuando se hagan aplicaciones selectivas, sino que serán simplemente normas políticas arbitrarias disfrazadas con la excusa de los derechos humanos”. Moynihan continuó, “cada vez más parece que las Naciones Unidas sólo conocen violaciones de los derechos humanos en aquellos países en donde aún es posible protestar contra ellas”.
Richard Holbrooke, recientemente nombrado Representante especial para Afganistán y Pakistán en el gobierno de Obama, una vez en plena Guerra Fría declaró frente al congreso que “en nombre de los derechos humanos, un grupo pequeño, pero imponente, de personas intentaba llevar a cabo un cambio radical en la estructura del mundo... atacando a todo aquel país con un régimen derechista antisoviético”. En la actualidad, las advertencias de Moynihan y de Holbrooke se manifiestan en muchos países latinoamericanos donde el poder judicial tan politizado instala “comisiones de la verdad y reconciliación”, tales como las que propuso la semana pasada el Senador Patrick Leahy para castigar al gobierno de Bush, las cuales están manipuladas para alcanzar un resultado políticamente anhelado.
La “Ley Leahy”
Hoy en día, este cuasi poder judicial incita falsas acusaciones al ofrecer reparaciones por parte del Estado a cualquier civil que entable una demanda contra el personal militar o la policía nacional. Al mismo tiempo, ni las cortes civiles ni las cortes militares ofrecen jurisprudencia para aquellas personas que hayan sido aniquiladas, mutiladas o desplazadas por grupos terroristas, los mismos que provocaron la respuesta militar en un inicio. Este denominado “conflicto judicial”, como comúnmente se le conoce, se llevó a cabo gracias al propio Senador Leahy, quien en 1997 dio origen a la legislación para un proyecto de ley más completo. La “Ley Leahy”, como se le conoce hoy en día, ha brindado a los grupos terroristas maoístas, marxistas y leninistas en toda Latinoamérica la capacidad de retirar a los mandos superiores del campo de batalla sin disparar ni una sola bala. Muchos de los oficiales mejor entrenados, incluidos aquellos más entrenados para evitar víctimas civiles durante las operaciones antiterroristas, frecuentemente se ven relevados y degradados, recibiendo la mitad del sueldo, debido a acusaciones sin fundamento de haber cometido violaciones de derechos humanos. Aunque se exonera con el tiempo a la mayoría, sus carreras y su situación económica fracasan en los laberintos legales en los que se ven envueltos, los cuales pueden durar décadas. Peor aún, los falsos testigos que hacen las acusaciones rara vez, o quizás nunca, son procesados, a pesar de que en muchos casos se han retractado y, bajo juramento, han declarado que se les indujo a dar falsos testimonios.
Mea culpa
Uno de los casos más conocidos de conflicto judicial llegó a su fin recientemente en el Perú, con la exoneración del General Eduardo Bellido por parte de la corte de la Corte Suprema del Perú. El caso del General Bellido se convirtió en objeto de estudio para periodistas, y hasta se publicó un libro publicado por el Instituto de Prensa y Sociedad (Institute for the Press and Society). El libro, “Prensa y Militares,” es un mea culpa por la naturaleza flagrante con la que los medios de comunicación había aceptado todos los argumentos que los narcoterroristas y sus ONG defensoras presentaron contra un general condecorado que había pacificado el país.
El 29 de enero del 2009, las Fuerzas Armadas del Perú realizaron una ceremonia para honrar públicamente al General Bellido por sus servicios a la patria y reconocer la farsa que tuvo que soportar. Detrás de estas falsas acusaciones, una vez más, estaba la infame ONG izquierdista “Asociación Pro Derechos Humanos” (APRODEH), grupo que solicitó con éxito al Parlamento Europeo que no se incluya a los terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la lista oficial de grupos terroristas. En las dos últimas décadas, estos mismos personajes han estado detrás de casi todas las apelaciones ante congreso para detener la ayuda militar proveniente de EE. UU. a América Latina, en tanto que callan cuando los gobiernos favorecen sus intereses. Francisco Soberón, director de APRODEH, ha obtenido muy buenos ingresos como “defensor de los derechos humanos” en estas dos últimas décadas. El presidente Alan García lo ha calificado “traidor a la patria” y solicitó que se inicie una investigación sobre los fondos de APRODEH después de que se revelara que Soberón había solicitado al Parlamento Europeo apoyo para los terroristas del MRTA.
Giampietri en la mira
El ex vicepresidente Luis Giampietri, uno de los rehenes en la toma de la Embajada de Japón por los terroristas del MRTA en 1997, acusó a Soberón de defender a los terroristas. “¿Qué derechos humanos defienden estas organizaciones? Defienden a terroristas, opinó Giampietri sobre APRODEH. Giampietri, ex oficial de la marina, ayudó a los comandos peruanos en el rescate de los rehenes proporcionando servicio de inteligencia a través de una radio miniatura bi-direccional desde el interior de la embajada Japonesa. Esto también le permitió advertir a los rehenes que se mantuvieran alejados de los terroristas minutos antes de que la operación de rescate empezara, de manera que pudieran salvar sus vidas.
Una vez que la humareda se desvaneció, ningún terrorista quedó con vida. La operación fue aplaudida a nivel mundial como un suceso histórico. La primera en denunciar la “brutalidad” de este rescate fue Eligia Rodríguez Bustamante, Subdirectora de APRODEH. Pero lo que causó más asombro fue el hecho de que doña Rodríguez Bustamante era la madre de uno de los terroristas del MRTA asesinados en la misión de rescate. No llama la atención que luego APRODEH haya entablado una demanda en nombre de los familiares de los terroristas, alegando que los que ejecutaron el rescate atentaron contra los derechos humanos de los terroristas. Debe estipularse que si existe algún caso de violación de los derechos humanos cometida por un soldado, policía o civil, el transgresor debe recibir el castigo más severo que corresponda según la ley. La muerte de inocentes es, y siempre será, un hecho lamentable pero también es consecuencia inevitable de defender a muchos más millones de inocentes del aventurerismo criminal de ideologías académicas. Sin embargo, no existe equivalente moral entre los que lucharon por defender a los inocentes, aunque de manera imperfecta, y aquellos que defendieron la masacre de los inocentes para justificar fines políticos.
* Jon Perdue es Director Ejecutivo del “Washington Writers Group".
Fuente: http://www.larazon.com.pe/--http://www.hacer.org/report/2009/03/peru-ongs-usan-los-dd-hh-para-ganar.html
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