Caracol en la oposición

Editorial

El Mundo, Medellín

Mayo 7 de 2009

No está por demás, también, esperar que la compañía cuide el buen gusto manteniéndose separada del debate interno en materia de política y gobierno.

La insistencia del periodista Darío Arizmendi porque el presidente Uribe respondiera al último comunicado de los presidentes de las Altas Cortes con una declaración de guerra y su forma de inducir al recién elegido presidente de la Corte Suprema, magistrado Augusto Ibañez, a mantener y agravar el brote del enfrentamiento institucional, son dos de los más recientes episodios de la campaña de la cadena radial Caracol contra el Gobierno Nacional. La situación no tendría por qué ser motivo de análisis si no fuera porque esa cadena radial ha hecho hincapié en proclamarse como independiente y porque actualmente es propiedad del Grupo Prisa, gigante español de las comunicaciones que en su país de origen sí reconoce su afiliación, y casi que vocería, en el Partido Socialista Obrero Español, Psoe. 

En Colombia, como en muchos otros países, el escenario de los medios de comunicación es compartido por aquellos que nacieron bajo la inspiración de un partido político pero luego se declararon independientes, que son hoy la mayor parte; por los que hemos defendido y publicamos nuestra filiación partidista, sin que esa simpatía implique que seamos voceros oficiales de las colectividades, y por los que se proclaman como tales y le sirven de altavoces, entre los cuales el más representativo es el periódico comunista Voz, dirigido por el periodista Carlos Lozano. Al proclamar nuestra adscripción ideológica, los medios damos a los lectores y oyentes herramientas para juzgar los planteamientos expuestos en nuestras columnas editoriales. Al declararse independientes, están obligados a limitarse a ser informadores de los hechos. 

Más que una censura, que no es nuestro lugar ni interés ejercer con un medio de comunicación y un colega particularmente cercano a nuestra historia, invitamos a reflexionar sobre las incoherencias de la cadena radial a partir de la presentación que hace de sí misma como un medio de comunicación independiente y como canal de expresión de una empresa multinacional con intereses en distintos países latinoamericanos. 

La declaración de independencia y la consecuente dedicación exclusiva a la información es un modelo diferente al que seguimos en EL MUNDO, pero que entendemos y respetamos. Ella exige que las noticias no sean utilizadas para enmascarar la opinión de los periodistas, que es lo que viene sucediendo con Caracol a raíz de la radicalización de su principal noticiero y su dedicación casi obsesiva a las denuncias y batallas contra el Primer Mandatario, cada una de ellas adornada con una pléyade de adjetivos más propia de las plazas públicas donde se sigue haciendo proselitismo político, que de las casas informativas comprometidas con enunciar los hechos con claridad y precisión para dejar el análisis a sus oyentes. 

Además de las modas periodísticas que demandan de los profesionales declararse independientes de toda entidad política, Caracol está limitada para asumir públicamente una adscripción partidista, puesto que dejó de ser una cadena de propiedad colombiana para ser parte del conglomerado informativo internacional que orbita alrededor del diario El País de España, las empresas del Grupo Polanco y los líderes socialistas afectos al ex presidente de gobierno Felipe González. En esas condiciones, el medio de comunicación debe respetar la norma constitucional que limita la participación de extranjeros en el debate nacional al consagrar (artículo 100 del Capítulo III) que “los derechos políticos se reservan a los nacionales” si bien los extranjeros pueden disfrutar de los derechos civiles. No está por demás, también, esperar que la compañía cuide el buen gusto manteniéndose separada del debate interno en materia de política y gobierno. Iguales condicionamientos deberían regir, en consecuencia, para los periodistas al servicio de cadenas informativas controladas por empresas multinacionales, con mucha mayor razón las que tienen clara afiliación con conocida beligerancia. 

Una semana atrás lamentamos la actuación de inversionistas españoles que durante la visita del presidente Uribe a Madrid suscribieron un comunicado invitándolo a presentarse a la reelección. Dijimos que “nos parece que no está bien que los distinguidos inversionistas extranjeros – más si se tiene en cuenta que algunos son dueños aquí de medios escritos y hablados de gran influencia – se entrometan en la política interna del país que los acoge y pretendan tomar partido en el tema más delicado de debate actualmente en Colombia”. Si tales consideraciones valen para los gobiernistas, también han de ser extendidas a los opositores, y mucho más si estos detentan la capacidad de penetración que en Colombia tienen los medios radiales. 

Que sea este cordial llamado a la cordura en la información y al reconocimiento de los más tradicionales principios del periodismo, que llaman a diferenciar la información, que es sagrada, de la opinión, que es libre, y a presentar a los escuchas, televidentes o lectores, cada una claramente separada de la otra. La intensidad y la calidad del debate político que hoy vivimos en Colombia amerita tal actitud de respeto por nuestra profesión y por las normas, escritas o implícitas, que rigen su ejercicio en el mundo civilizado.