Catástrofe

Por Fernando Londoño Hoyos

El Tiempo, Bogotá

Mayo 7 de 2009

La sentencia del Consejo de Estado sobre el servicio militar obligatorio: “es por ignorancia o por mala fe”.

Cuando se enteró de lo que acababa de hacer el Consejo de Estado con el Ejército Nacional, el general Freddy Padilla de León lo calificó como una catástrofe que no podía imputarse sino a alguno de los extremos del dilema que arriba se propone entre comillas.

En una mediocre sentencia, cuatro magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo quisieron acabar con el Ejército, la Armada, la Constitución Política de Colombia y dos siglos de Historia de este país.

En su parecer, los soldados regulares o conscriptos "deben recibir instrucción para realizar actividades de bienestar social en beneficio de la comunidad y tareas para la preservación del medio ambiente y la conservación ecológica". Y nada más. La guerra se reserva para los oficiales y los soldados profesionales, porque los que prestan servicio militar obligatorio quedan a cubierto de los peligros del combate.

Nadie sabrá si los distinguidos consejeros tenían presente que le quitaban a la Patria el concurso guerrero de más de la mitad de los combatientes actuales, nada menos que 120.000 hombres.

Tampoco dejaron entrever si eran conscientes de que los conscriptos se batieron como leones en el Pantano de Vargas y Boyacá; que fueron ellos los que llevaron la sagrada bandera hasta las cimas del Potosí y triunfaron en Carabobo; los que rechazaron al enemigo invasor en el Portete de Tarqui, la Pedrera, Tarapacá y Güepí; y que han sido esos muchachos, que cumpliendo el más sagrado de los deberes de un hombre, el de alistarse bajo banderas, han impedido que en Colombia se instaure una tiranía comunista. Prescindir de ellos valdrá tanto como inventar una nueva Historia, para una Colombia diferente. Porque la que tenemos, la nuestra, la que llevamos cosida al corazón, está hecha con el entusiasmo, el heroísmo, el amor y la sangre de cuantos han jurado bandera como soldados regulares.

Si se arrimaba por la mente de los despistados jurisconsultos la idea de crear un ejército de soldados profesionales, ignoraban, supongamos que sin malicia, que entrenar, equipar y mantener con salarios y prestaciones 120.000 hombres cuesta unas cuantas reformas tributarias. Y que los soldados profesionales son posibles porque existe la semilla de los que prestando el servicio militar demostraron su vocación, su talento y su bravura para ser admitidos como profesionales.

Pero lo más triste del problema radica en que la desgraciada sentencia cita la norma que debieron aplicar los magistrados y que cercenaron para que dijera forzada lo que no dice. La transcribimos en su parte inicial, con indicación en negrilla de lo que el Consejo mutiló para sus impiadosos fines:
"Los soldados, en especial los bachilleres, además de su formación militar y demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y dedicados..."

Supondrán ya que la dedicación que corresponde, además, es la que tiene que ver con las obras de bienestar social y defensa ecológica. Pero lo primordial es la formación militar, para la guerra, y las obligaciones como soldado, que son la defensa de la Patria y sus instituciones, aun con el riesgo de la vida.

Para este fenomenal enredo, al Consejo le bastó mutilar la primera parte de una norma, con lo que los soldados dejaron de serlo y lo militar desapareció. Cuando se recomponga el artículo y se le devuelva lo que se le sustrajo, volveremos a tener ejército para enfrentar a los enemigos de afuera o de adentro.

Esperamos que los Honorables Magistrados, enterados de la impostura de que fueron víctimas por obra de algún azorado ponente, enmendarán el error, antes de que esa catastrófica sentencia empiece a parecerse, como una gota de agua a otra, a un prevaricato.