De Fujimori a Uribe hay largo trecho

Por Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Mayo 3 de 2009

Dirigentes de la oposición han dado en regodearse con la condena de un alto tribunal peruano a Fujimori por homicidio calificado en los casos de Barrios Altos y La Cantuta y secuestro agravado en los del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. La línea argumental de fondo es que Álvaro Uribe es nuestro Fujimori y que, igual que aquel, vivirá los mismos padecimientos que ‘el Chino’, si no en las cortes nacionales en el Tribunal Penal Internacional. 

La comparación no sólo es injusta sino falaz. Y es resultado de los odios políticos y las distorsiones ideológicas de los opositores del Presidente. 

Para empezar, Fujimori dio un autogolpe de estado en abril de 1992, cuando disolvió el Congreso peruano, obtuvo el control de las tres ramas del Poder Público y dejó en suspenso los artículos de la Constitución peruana que impedían su “gobierno de emergencia nacional”. En otras palabras, estableció un régimen autocrático. No hace diferencia que después el pueblo haya votado mayoritariamente por él. 

Uribe no ha cerrado el Parlamento y no tiene el control de jueces y tribunales y, aunque a veces disienta de sus fallos, los ha acatado estrictamente. En cualquier caso, ¿por qué los detractores de Fujimori son complacientes con actuaciones similares de Chávez, Correa y Morales, quienes también dieron autogolpes de estado? 

Después, la Corte peruana constató que Fujimori fue quien trazó una política de ‘guerra sucia’ para combatir a Sendero Luminoso. Quedó probado que fue él quien otorgó mando a Montesinos sobre los aparatos de inteligencia del Estado, que de él dependía un grupo clandestino (el ‘Destacamento Colina’) que se encargaba del aniquilamiento de subversivos y enemigos políticos, a través de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada, y que frente a múltiples denuncias públicas sobre Colina y sus crímenes sólo actuó para dejarlos en impunidad. 

Sería estúpido negar que Colombia ha presentado muchos casos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial. No otra cosa son los llamados ‘falsos positivos’. Sin embargo, no hay ni siquiera un indicio que señale que tales aberraciones son resultado de una política de Estado, de una decisión presidencial o de un comandante de Fuerza Militar o Policial o que muestre que el Gobierno ha pretendido ocultar los hechos, proteger a los responsables o interferir con la tarea de la Justicia. Al contrario, la política de seguridad de Uribe se basa explícitamente en el respeto de los derechos humanos y el DIH y cuando ha habido denuncias contra miembros de la Fuerza Pública se ha colaborado plenamente con la Fiscalía y los jueces y en muchos casos, aun sin pruebas o decisiones judiciales, se ha desvinculado a los involucrados. 

Mayor riesgo habría por las decisiones tomadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Pero, no sobra recordarlo, ese es el primer proceso de paz en el mundo que establece privación de la libertad para los desmovilizados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y en el que se establecen medidas para garantizar la verdad y la reparación a las víctimas. Suficiente para que, a ojos del Fiscal de la Corte Penal Internacional, sea ejemplo de cómo deben hacerse en el futuro los procesos que buscan poner fin a conflictos armados no internacionales.  

Por mucho que vociferen en la oposición, Uribe puede dormir tranquilo.