Editorial
El Mundo, Medellín
Mayo 3 de 2009
En efecto, a tres días de que el canciller Jaime Bermúdez le pidiera a su homólogo venezolano Nicolás Maduro combatir a las Farc en su territorio y a dos de que el Departamento de Estado de Estados Unidos denunciara que las simpatías ideológicas del presidente Chávez con las Farc y el Eln “limitan la cooperación venezolana con Colombia en la lucha contra el terrorismo”, el coronel-presidente declaró que si bien su país impediría la presencia guerrillera en sus fronteras, el conflicto de Colombia “no es una guerra nuestra y nosotros no nos inmiscuiremos en esa guerra”, dándole así a la guerrilla lo más que le puede pedir a un gobierno que se declara miembro de la comunidad de naciones americanas.
Con su entrada en la escena, el mandatario venezolano matizó las declaraciones previas del canciller Nicolás Maduro, quien ofreció que “las fuerzas irregulares colombianas (…) no pueden delinquir y saben que van a ser enfrentadas (en Venezuela)”. La intervención del Ministro siguió al llamado del gobierno colombiano en busca de ayuda para combatir a la columna guerrillera que se refugió en ese país después de asesinar a ocho soldados colombianos en la Serranía del Perijá, territorio guajiro limítrofe entre las dos naciones. Además de su intervención pública, el doctor Maduro había dialogado telefónicamente con su homólogo colombiano, Jaime Bermúdez, a quien le ofreció la colaboración que luego anunció públicamente, en declaraciones con las que ambos países sintieron que se daba vuelta a la hoja de ese amargo episodio.
La llama fue reavivada con el informe anual sobre la lucha contra el terrorismo que el Departamento de Estado entrega cada año al concluir el mes de abril, para cumplir con una obligación legal. Aunque el documento presentado por Ronald D. Schlicher, coordinador de la Unidad Antiterrorismo del Departamento de Estado, no señala a Venezuela como país favorecedor del terrorismo, calificación que recibieron Irán, Siria y Cuba, sí hace hincapié en la preocupación estadounidense por las inclinaciones del presidente Chávez a favor de los grupos extremistas colombianos, pues “no se debe ir elogiando a una organización terrorista extranjera”. El documento, que el gobierno tiene que entregar cada año al Congreso, recordó que Venezuela recibió en 2008 certificación condicionada por su pobre colaboración en la lucha contra el terrorismo y que en la actualidad está prohibido hacer negocios de armas con ese gobierno.
La publicación del informe estadounidense despertó, como era de esperarse, la furia del presidente venezolano, que lo calificó de “infamia”, mientras arremetía contra el presidente Obama, a quien descalificó por su política hacia Cuba y por publicaciones como ésta, con las que aseveró sigue actuando con la tradición del “Imperio” frente a América Latina. Una vez más, pues, en el presidente venezolano primó su simpatía enfermiza por la trasnochada izquierda radical, en la que la única posición admisible o deseable es aquella que tolera sus excesos ideológicos y sus vaivenes políticos, no la que respeta el compromiso que el mundo civilizado asumió a través de acuerdos multilaterales, para luchar contra todas las formas de terrorismo que lo amenazan, y eso incluye a los grupos de la extrema izquierda colombianos aliados con el narcotráfico.
Colombia ha confirmado el aprecio que Estados Unidos da a su lucha contra el terrorismo. También la solidaridad de esa nación con su necesidad de defenderse de las simpatías de gobiernos como el chavista en Venezuela y el sandinista en Nicaragua, hacia las Farc y el Eln. Pero sabe, asimismo, que ni la importancia de los proyectos estratégicos comunes es razón suficiente para disuadir al presidente Chávez de su amistad con criminales a los que les permite mantener a Venezuela como refugio desde el cual lanzar ataques criminales contra el Ejército colombiano o guarecer con toda comodidad a sus jefes, como denunció El Tiempo que ocurre con el alias Iván Márquez, del Secretariado General de las Farc. Así las cosas, pues, el país no puede seguir eludiendo asumir con firmeza la relación con un vecino que no ha merecido la confianza que nuestra Cancillería le quiere conceder.
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