El Tiempo, Bogotá
Mayo 5 de 2009
Respetado Señor Director:
En primer lugar, queremos agradecer su editorial del día de ayer. Sobresale la forma respetuosa en que trata el tema de nuestra participación inmobiliaria en
Escogimos como profesión ser empresarios, con los riesgos y recompensas que esto implica. Lo hacemos de frente, sin testaferros ni intermediarios para esconder nuestros intereses.
La circunstancia de ser hijos del Presidente, independiente de nuestra escogencia profesional, conlleva implícitamente privilegios y limitaciones, propias del sistema social y exógenas a nuestra voluntad.
El debate ético no debe girar -no tiene por qué- en torno a si existen privilegios (para cada uno hay una limitación correspondiente) o si tenemos éxito profesional (por cada acierto existió el riesgo del fracaso). El debate ético no debe girar en torno a aspectos circunstanciales, externos a nuestra voluntad, sino alrededor de nuestro proceder, dentro del marco de estas circunstancias.
Para el caso particular de nuestros intereses en
¿Hubo acceso a información privilegiada?
La legislación de Zonas Francas es de conocimiento público; su contenido se encuentra ampliamente en Internet desde la fecha de su promulgación y desde la misma se han aprobado 47 Zonas Francas. Todos los criterios de aprobación de una ZF son objetivos y es obligación de los funcionarios dar visto bueno a una ZF que los cumpla.
También es importante precisar que no existe una planeación del Gobierno sobre la ubicación de las Zonas Francas a la cual hubiéramos tenido acceso privilegiado. La concepción y ubicación de una Zona Franca obedece en su totalidad a una iniciativa privada, tal como es el caso de
Ninguna de nuestras actuaciones empresariales han sido motivadas por acceso a información privilegiada.
¿Hubo presión a los funcionarios en capacidad de tomar decisiones o favorecimiento por parte de los mismos?
Tanto las actuaciones realizadas ante la alcaldía de Mosquera, como aquellas requeridas para obtener la calificación de zona franca, fueron adelantadas por terceros idóneos, con estricto apego a la ley y respetando los términos de la misma. Todas estas actuaciones corresponden a derechos y obligaciones consagrados por la ley. El privilegio, o favorecimiento, surge cuando se otorga de manera preferencial algo más allá de lo establecido por la ley. Este no es el caso.
Una cosa es hacer negocios con el Estado u obtener de este concesiones privilegiadas, y otra muy diferente es satisfacer los trámites ante el Estado que la ley exige. Nunca nos hemos valido de nuestra condición de hijos del Presidente para cumplir con los diversos trámites que nuestra profesión nos ha exigido.
Como bien lo señala su editorial, son numerosas las voces que se han pronunciado sobre el tema. Casi todas han emitido juicios éticos; casi ninguna ha separado su examen ético de su posición política. No se le puede llamar debate ético a la crítica política. ¿Por qué en nombre de la ética no se le reclama rectificación a quien lanza acusaciones infundadas? El examen ético debe ser, ante todo, objetivo y equilibrado.
Finalmente, respetamos su sugerencia de "echar para atrás el negocio". Consideramos, sin embargo, que lo esencial y prioritario es demostrar la integridad de nuestras actuaciones. Hacer donaciones en este momento es engañar a la opinión pública, desviar el tema, reconocer una culpa que no hemos tenido y dar la razón a quienes han hecho imputaciones temerarias. La responsabilidad social debe obedecer a una profunda convicción, no a una cómoda reacción circunstancial.
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