martes, 12 de mayo de 2009
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Las columnas de las mejores plumas liberales y democráticas de Latinoamérica.
Las nuevas normas sobre evaluación ya han producido un primer efecto positivo que se manifiesta en el debate público sobre la calidad de la educación en Colombia. La prensa nacional registra numerosas columnas y comentarios sobre el tema. Se han pronunciado organizaciones sindicales y gremiales, facultades de educación y asociaciones de colegios privados. También comienzan a discutir el tema los colegios donde se toman las decisiones que regularán la evaluación, con la participación de maestros, estudiantes y padres de familia.
La discusión tiene matices que van desde la oposición radical hasta la aceptación sin restricciones. En los colegios surgen interrogantes de carácter práctico, apenas naturales cuando la obediencia a normas preceptivas se cambia por la necesidad de iniciativas innovadoras. Muchas preguntas están dirigidas a saber hasta dónde pueden ir en la organización del plan de estudios, alternativas de calificación y promoción y los límites que imponen las pruebas internacionales y nacionales con las cuales el Estado mide los avances de la calidad.
Un debate serio y constructivo debe hacerse por partes, tratando de aclarar y entender los diversos aspectos que afectan la calidad, pues ello contribuye a establecer con precisión las responsabilidades y las tareas de los diversos niveles del sistema. La calidad es el resultado de factores como la disponibilidad de infraestructura adecuada, equipamiento, condiciones sociales de los estudiantes, formación de los maestros, cantidad de estudiantes por grupo, modelos pedagógicos y planes de estudio.
Muchas de estas condiciones dependen del Gobierno Nacional que determina el monto y el procedimiento para la asignación de recursos financieros; otras dependen de las entidades territoriales y su capacidad de liderazgo y organización. Pero la responsabilidad directa del proceso pedagógico está en las instituciones educativas donde se materializa el proceso de formación integral de los estudiantes. Las nuevas normas sobre evaluación están dirigidas a este nivel, pero no resuelven las carencias que todavía se presentan en otros factores cuya mejoría no depende de las instituciones y los maestros.
Una crítica frecuente se refiere a la validez de las pruebas nacionales e internacionales para evaluar la calidad. Se argumenta que los criterios de las pruebas son limitados, porque sólo miden conocimientos, desconociendo otros aspectos importantes del proceso de formación. Se señala también que con condiciones muy precarias, como las de muchas instituciones del país, no es posible compararse con colegios de estratos altos y, menos aún, con países del primer mundo, donde hay recursos abundantes y una indudable valoración de la educación por parte del Estado y la sociedad.
No falta razón a quienes hacen estas observaciones. Pero eso no invalida la necesidad de comparar el desempeño de nuestros niños con respecto a los de otros países, o de diversos estratos y regiones. Por el contrario, la verificación de las desigualdades es un punto de partida fundamental para identificar las causas de la inequidad educativa. Sin estas comparaciones no es posible establecer datos objetivos (por relativos e imperfectos que sean) para exigir mayores recursos destinados a las regiones y sectores más pobres.
Eludir la comparación sería como decir a nuestros deportistas, generalmente de origen social pobre, que no deben competir en juegos olímpicos, bajo los estándares de rendimiento mundial más exigentes. Negar a los niños y niñas de estratos pobres y regiones apartadas el derecho de compararse con los más altos niveles de desarrollo intelectual del mundo sería el acto más pusilánime de claudicación política.
Saber cómo estamos con respecto a otros es el punto de partida para persistir en la lucha por conseguir mayores niveles de equidad social, dejando en claro que no basta el compromiso de los maestros si no está acompañado del compromiso de toda la sociedad y la acción del Estado.
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