La seguridad urbana

Editorial

El País, Cali

Mayo 16 de 2009

La política de Seguridad Democrática ha producido incuestionables resultados en la reducción de la violencia que generan las guerrillas, los paramilitares y los grupos de narcotráfico, recuperando la tranquilidad en gran parte de las zonas rurales del país. Pero tienen razón los alcaldes de las principales ciudades colombianas cuando aseguran que es hora de enfrentar la criminalidad urbana. 

Las estadísticas indican que en Bogotá se producen 19,3 homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que en Medellín ascienden a 36, 6, en Armenia a 40, en Manizales a 43, en Cúcuta a 45, en Cali a 66 y en Pereira a 91. Esa es una realidad cruda que no puede ser atendida sólo desde el ámbito municipal y que necesita apoyo, sobre todo recursos, del orden nacional. 

Ahora bien, lo primero que deben hacer las autoridades de los distintos niveles es definir el concepto de seguridad que debe aplicarse en las ciudades. Porque si bien es cierto que se requiere una mayor presencia de la Policía, está visto que esa es sólo una de las herramientas con las que se debe combatir la violencia urbana, puesto que sus causas son múltiples. 

El mejor ejemplo es la capital del Valle: receptora de la población que huye de la pobreza y del accionar de los grupos delictivos que operan en el suroccidente del país, el Municipio es ya físicamente incapaz de proporcionarles los servicios que requieren, incluida la seguridad. En la medida en que esas necesidades no son satisfechas, aumenta el riesgo de la marginalidad, sobre todo en los jóvenes, dando paso a la posibilidad de que engrosen las filas de la criminalidad, llámese pandillas, guerrilla, narcotráfico o grupos de delincuencia organizada, interesados en expandir sus dominios a los centros urbanos. 

Es allí donde se hace prioritario que la Política de Seguridad Democrática se extienda a las ciudades. Y que las autoridades locales se hagan partícipes activas de ella, aportando recursos y aplicando programas de prevención basados en planes sociales que signifiquen oportunidades de desarrollo para esas poblaciones. 

Para cumplir este propósito se requiere del respaldo del Gobierno Nacional, pero también de que las administraciones municipales acepten que esa política no puede estar sometida a los caprichos del alcalde de turno, sino que tiene que diseñarse a largo plazo. Y de que el título de jefe de Policía de la localidad no sea asumido como algo honorífico sino que los obligue a asumir la responsabilidad de la seguridad ciudadana como una de las grandes prioridades de gobierno. 

Así, cuando se logre una adecuada combinación de las estrategias de represión con las que permitan anticiparse a los conflictos que pueden surgir por causa de la falta de oportunidades, de los desmovilizados que reinciden en la violencia, de los sicarios al servicio del narcotráfico y de la delincuencia común se podrá pensar que el país cuenta con una política de seguridad urbana. De lo contrario seguirán creciendo los reclamos de los alcaldes para que la Nación entregue más plata mediante la repartición del impuesto al patrimonio y más policías. Pero de poco servirá para llevarle tranquilidad al habitante de la ciudad colombiana.