Los jueces desmovilizan el Ejército

Por Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogota

9 de mayo de 2009

De un plumazo el Consejo de Estado ha reducido en un 70 por ciento la capacidad ofensiva de nuestras fuerzas militares. Es una muestra más de la manera desinstitucionalizante e inconveniente como los jueces a veces invaden la órbita de las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo. Destinstitucionalizante, porque los jueces deberían limitarse a la administración de justicia de acuerdo con las leyes, e inconveniente porque los jueces no siempre están en condiciones de medir los alcances de algunas de sus decisiones. Es el riesgo de la judicialización de la política. Si los jueces manejan la defensa y la seguridad nacional, todo se volverá judiciable.

Señala el Consejo de Estado que únicamente los soldados profesionales están en condiciones y tienen la obligación de participar en las operaciones bélicas de las fuerzas militares, mientras que el resto de los soldados no pueden ser obligados a hacerlo. La posición de este tribunal pasa por encima del artículo 216 de la Constitución Nacional según el cual "todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas".  El argumento del tribunal para semejante disparate no podía ser más flojo: que los soldados profesionales son voluntarios y que el resto son conscriptos, o sea, reclutados de manera obligatoria. Como si la conscripción no hubiese existido desde tiempos inmemoriales y como si desde la Revolución Francesa todos los regímenes políticos -las democracias, las dictaduras, los socialistas- no la hubiesen utilizado para conformar ejércitos permanentes que han ido a la guerra cuando así lo han requerido los Estados, participando en la confrontación armada todos los sectores constitutivos de la Nación, no sólo los militares de carrera. 

Con la movilización masiva de los países aliados fue como se derrotó, no hay que olvidarlo, la agresión nazi-fascista durante la Segunda Guerra Mundial. Y nadie en su momento objetó la necesidad ni el imperativo ético que significaba esa movilización, ni a ningún juez se le ocurrió que esa guerra solamente la podían librar los militares de carrera. En Colombia la democracia y nuestra seguridad colectiva han sido amenazadas por ejércitos irregulares de todos los pelambres. Y el servicio militar obligatorio nos ha permitido afrontar y empezar a derrotar esa amenaza: este ha sido un instrumento necesario, ético y legítimo, que no lo desvirtúa ni lo suple la reciente creación de un contingente de soldados profesionales. El hecho de que estos últimos tengan un régimen salarial y prestacional distinto no significa que en Colombia se haya abolido la conscripción, ni que los conscriptos están eximidos de las tareas bélicas, por el solo hecho de no ser voluntarios, ni que deban dedicarse a labores sociales y ecológicas, como sugiere el Consejo de Estado.

La insólita decisión es una muestra de irresponsabilidad, de ignorancia y de populismo judicial. Esta clase de populismo tiene, además de las consecuencias nefastas de sus decisiones, el problema de erosionar el principio de responsabilidad política, pues implica una captura de poder por quienes no rinden cuentas, no han sido elegidos y no pueden ser sustituidos democráticamente. Mientras el servicio militar sea obligatorio por mandato constitucional y legal, los jóvenes de todos los sectores sociales deberían estar en disposición de asumir este compromiso con el país, en función de las necesidades de nuestras Fuerzas Militares. Eso sí, en total igualdad en lo que se refiere a mecanismos de selección y reclutamiento, y al tiempo y las condiciones del servicio. Hoy existen grandes iniquidades: hay una contribución desproporcionada de gente pobre, campesinos y marginados urbanos, y una gran elusión de las clases medias y altas urbanas. Están exentos los sacerdotes, los indígenas, los estudiantes de colegios militares, entre otros. Los bachilleres cada vez son menos y sólo prestan funciones administrativas. 

Hay que corregir todas estas iniquidades con una nueva Ley discutida y aprobada democráticamente que reforme el servicio militar obligatorio. Pero son los poderes Ejecutivo y Legislativo, que tienen origen popular, los llamados a hacerlo. No es de jueces la organización de los ejércitos. P.S. Volvió a circular en Anncol, vocera oficiosa de las Farc, un absurdo y refrito montaje según el cual yo conspiré con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, la Cancillería colombiana y el Departamento de Estado de Estados Unidos para alterar los computadores de 'Raúl Reyes'. Un ejemplo más de delirante propaganda negra, originada seguramente en agencias chavistas de inteligencia, que se suma a otros que también han circulado por estos días. Tan delirantes, que nadie serio los toma en serio.