¡Que hable la verdad!

Por Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Mayo 17 de 2009

En los últimos días el tema de las chuzadas y los seguimientos a miembros de la Corte Suprema de Justicia, a líderes de la oposición y a funcionarios del alto gobierno, ha crecido como una bola de nieve.

La revelación de algunas de esas grabaciones por RCN prueban que sí se hicieron las interceptaciones por parte del DAS, y Mario Aranguren, del ministerio de Hacienda, declaró que entregó información financiera de magistrados de la CSJ y de sus familiares a ese organismo. 

Ya es inaceptable que se esté espiando a ciudadanos colombianos sin orden judicial. Se trata de un delito grave. Pero una cosa es que funcionarios del DAS hayan realizado estas actividades para particulares con intenciones criminales y otra, muy distinta, que las hubiesen ejecutado por orden de funcionarios del alto gobierno. Este sería un delito de Estado. 

Un abuso de poder que pondría en entredicho la democracia colombiana por parte del ejecutivo, que pondría en peligro la independencia y el equilibrio de poderes, uno de los cimientos de una democracia liberal. 

En los últimos años el ambiente político e institucional se ha enrarecido. El enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial, especialmente la Corte Suprema de Justicia, ha sido evidente. Algunos colombianos hemos visto con preocupación las actitudes de la Corte. Hemos respetado y respaldado sus acciones contra la parapolítica -a pesar de que los fallos de los jueces ordinarios han echado por tierra parte de sus acusaciones- pero vemos con frustración que la evidente infiltración de las Farc y el Eln no hayan sido encaradas con la celeridad y fortaleza. Nos ha llamado la atención la forma como la CSJ ha enfrentado acusaciones contra algunos de sus miembros, independientemente de que fuesen falsas. En lugar de dar el ejemplo que les corresponde como máximo tribunal judicial, de pedir que se investigue por las autoridades competentes estas acusaciones, la CSJ respondió con descalificaciones, actuando con solidaridad de cuerpo, dando por sentado, antes de toda investigación, que las imputación eran falsas.  

La oposición política, por su parte, ha desplegado toda clase estrategias para impedir que la política de seguridad democrática siga su curso, que se produjera la primera reelección de Uribe, y que pueda realizarse la segunda. No hay nada que no hayan intentado algunos de ellos: rumores, calumnias, utilización de foros e instituciones internacionales para desacreditar el gobierno con argumentos falaces, cifras acomodadas y falsedades. 

Desde los medios, un cierto número de columnistas y de empresas hace hasta lo imposible, de manera obsesiva, por revertir el apoyo mayoritario que Uribe ha tenido entre los colombianos, machacando día y noche sus puntos de vista. 

Es un hecho que el tono del enfrentamiento entre el gobierno y sus opositores ha ido subiendo a medida que se abre paso la segunda reelección del presidente. El acoso produce estrés, desgaste y pérdida de control sobre la situación. En momentos cruciales, como éste, es necesario mantener la calma, ser inteligente y prudente. Pero sobre todo, transparente y con total apego a la ley, que es lo que produce la superioridad moral sobre el adversario, en el convencimiento de que es mejor un país en el que se abuse de la libertad a uno en el que ésta no exista. 

Nada, absolutamente nada, ameritaría que el alto gobierno violase la ley para capotear este vendaval, que es la especie que se viene manejando. Por ello es importante que se investigue y se llegue al fondo del asunto, que se esclarezcan estos hechos y se fijen responsabilidades. Porque no es un asunto de poca monta, sino uno que, como dije más arriba, toca la esencia del Estado de derecho: la protección de las libertades civiles y el equilibrio entre poderes. El primer interesado en que la verdad salga a la luz, es el propio alto gobierno que ha proclamado su inocencia. 

Muchos colombianos hemos respaldado al presidente y su gobierno porque tenemos confianza en que protegen las libertades y derechos fundamentales en medio de una situación compleja y difícil. Y confiamos en que en esta ocasión la verdad hablará, de nuevo, a su favor. 

La Procuraduría investigará a tres altos funcionarios de Palacio. La Fiscalía está realizando una indagación, que esperamos sea imparcial y pronta. Sería muy sospechoso que las investigaciones se dilatasen, porque mantendrían un manto de duda que los colombianos entenderíamos como una maniobra política contra el gobierno.