¿Se colombianiza México?

Por: Gustavo Duncan(*) 

El País, Cali

Mayo 7 de 2009

A raíz de las manifestaciones de violencia irracional, se habla recurrentemente de la ‘colombianización’ de México. Los enfrentamientos con la Policía en batallas campales, los atentados terroristas contra negocios lícitos que se resisten a pagar extorsiones a la mafia, los magnicidios y los secuestros con grabaciones donde se tortura a las víctimas recuerdan la violencia de los años 80 en Colombia. Sin embargo, pese a las similitudes en la forma proverbial e irracional de ejercer la violencia, el caso mexicano es diametralmente distinto al colombiano desde sus mismos inicios, ya que sus posibles trayectorias están marcadas por profundos contrastes. 

En México la irrupción del narcotráfico estuvo marcada por el control del Estado sobre la actividad criminal. A pesar de la estructura federal del Estado, el PRI, el partido de gobierno desde la revolución mexicana, había construido una infraestructura institucional tan fuerte que estaba en condiciones de someter sin mayores problemas a los empresarios de las drogas. Cuando los colombianos llegaron a México a utilizar las rutas de entrada a Estados Unidos, la Policía los sometió a sendas palizas y torturas, pero los liberó para que llevaran un mensaje a Colombia: podían utilizar el país para traficar, siempre y cuando pagaran su respectiva cuota de protección a las autoridades políticas.

 La mafia en México se montó, entonces, sobre el papel regulador de la clase política adscrita al PRI, que vendía las plazas (corredores de tráfico) a carteles locales. Cuando estos narcotraficantes necesitaban hacer uso de la violencia debían apelar a la Policía mexicana, que también era controlada por el PRI. Era un verdadero Estado mafioso, a diferencia de Colombia, donde los narcotraficantes, aunque corrompían a la clase política, operaban con amplia autonomía. 

¿Por qué los narcotraficantes mexicanos se sometieron al poder del Estado? En parte, porque la protección ofrecida por el PRI era suficiente para satisfacer sus demandas de impunidad. Y, en parte, porque si hubieran decidido sublevarse en una región, por ejemplo en Tijuana o Sonora, el Gobernador y los alcaldes habrían apelado a las jerarquías de su partido para someter por la fuerza a los criminales insurrectos. Un alcalde de un pequeño municipio no era competencia para la riqueza de un narcotraficante, pero ningún cartel era competencia para las autoridades de México cuando salían al rescate de uno de los miembros del PRI. 

Si las diferencias eran tan marcadas, ¿por qué el Estado mexicano, al igual que el colombiano, perdió el control sobre los narcotraficantes y estalló la violencia? En esencia, por las mismas razones: el poder político se fragmentó y las facciones que emergieron no eran tan fuertes para enfrentar por separado el poder de los narcotraficantes. El triunfo del PAN, partido opositor del PRI en la Presidencia y algunas gobernaciones, rompió la disciplina y jerarquías de un partido único en el gobierno. En adelante, los criminales desbordaron la capacidad de respuesta de la institucionalidad local. El resultado serían los enfrentamientos campales con la Policía, el surgimiento de una mafia autónoma y demás manifestaciones de violencia. 

Aún así, México está lejos de replicar la dimensión de la violencia colombiana. El tamaño de su economía, la cercanía a Estados Unidos y la ausencia de una amenaza guerrillera y de cultivos de coca hacen inviable la proliferación de grandes ejércitos irregulares que dominen amplias regiones del país. 

(*)Profesor Universidad de los Andes.