Campanazo de alerta

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Octubre 21 de 2009

El asesinato de dos ediles de la localidad bogotana de Sumapaz, la captura de 40 supuestos guerrilleros y los ataques a la Fuerza Pública en Cauca y Nariño confirman que, a seis meses de las elecciones, las Farc pretenden demostrar que aún cuentan con suficiente capacidad para hacer daño. Tras un 2008 catalogado como de los peores períodos de dicha organización subversiva en su historia, la guerrilla ha incrementado recientemente sus atentados con explosivos, sus hostigamientos a cabeceras municipales y el despliegue de campos minados.

El cobarde fusilamiento de los dos políticos locales de Sumapaz por hombres del frente 53 busca reinstalar el miedo en una zona que ha sido un exitoso campo de batalla en la política de seguridad democrática. A pesar de que las Farc habían mantenido durante décadas una presencia histórica en la región, las Fuerzas Militares, con tres batallones y una brigada móvil, recuperaron este corredor estratégico y asestaron duros reveses a los subversivos, incluyendo, por ejemplo, la muerte del 'Negro Antonio', cabecilla del bloque oriental.

Una de las muestras del regreso de la tranquilidad al Sumapaz fue la celebración de las elecciones locales en el 2007, tras siete años sin comicios, en las cuales salió escogida una de las víctimas del fin de semana pasado. Esa actividad política y social, propia de la paz y la democracia, es la que los guerrilleros intentan acallar en los más de ocho departamentos -como el Caquetá y el Huila- donde asesinan, amenazan y destierran a cientos de ediles, concejales y demás representantes de las comunidades.

La incursión en esta zona rural de Bogotá busca, así mismo, generar un impacto sicológico, dada su cercanía a la capital. Lo sucedido es indicativo de hasta dónde las Farc quieren recuperar su corredor de seguridad perdido. En consecuencia, a la Fuerza Pública le corresponde reafirmar el control que mantiene en el Sumapaz -que se refuerza con la creación de un cuartel de policía en San Juan-, evitar nuevos atentados o hechos de alta visibilidad y preservar el apoyo de los habitantes.

Las goteras capitalinas no son el único frente donde la guerrilla está reactivando su accionar militar en los últimos meses. En Caquetá, Guaviare, el bajo Cauca antioqueño, Tolima, Huila y Nariño, las Fuerzas Armadas y la población civil enfrentan ataques y hostigamientos como los de la semana pasada en la región caucana de Toribío y Caloto. Estos municipios, por ejemplo, han sufrido múltiples incursiones, y en el departamento del Cauca se han aumentado las alertas tempranas de desplazamiento forzado. Una buena parte de tales enfrentamientos es el resultado de la presión ejercida sobre las columnas subversivas por las operaciones militares en el cañón de Las Hermosas y las fronteras entre Valle, Tolima y Huila.

Además del objetivo de retomar vitales corredores estratégicos desde el Sumapaz hasta la Costa Pacífica para el transporte de tropa, droga y suministros, la guerrilla está detrás de consolidar un mensaje político: el de que, después de siete años de gobierno de Álvaro Uribe, no está derrotada militarmente. A medida que se acerque el día de elecciones, los ataques subversivos contra la Fuerza Pública, los civiles y los políticos locales podrían aumentar, con la intención de demostrar capacidad de fuego. Al igual que en las últimas tres campañas presidenciales, las Farc buscarán ser protagonistas y hacer que el debate gire en torno a ellas. Sin embargo, este recrudecimiento encontrará una respuesta firme de las instituciones y no debería generar un nuevo balance de fuerzas, ni tampoco un retroceso en los logros del Gobierno. Pero sí implica una reactivación, que pone a prueba la consolidación regional de la política de seguridad democrática y la capacidad de reacción del Estado.