Comedia de errores

Guillermo Perry

El Tiempo, Bogotá

Octubre 18 de 2009

La responsabilidad principal recae en la regulación de la Creg, que remunera a los transportadores según el promedio de gas transportado.

La crisis de suministro de gas natural afecta gravemente a muchos usuarios y ocasiona un alto costo a la economía nacional. ¿Qué sucedió? Respuesta inmediata: la sequía que padecemos ha obligado a utilizar las plantas termoeléctricas de gas a plena capacidad para evitar un racionamiento de energía eléctrica. Al buscar entregar el gas requerido, el sistema se estrelló con limitaciones en la capacidad disponible de transporte de gas (especialmente entre la Costa y el interior) y de tratamiento de gas en los yacimientos de Cusiana. Esta respuesta es precisa, pero no es satisfactoria, pues la capacidad de producción y el sistema de transporte por gasoductos deberían ser suficientes para atender emergencias como esta. ¿Por qué no lo son?

A corto plazo, las autoridades tienen que concentrar su atención en manejar el racionamiento haciendo el menor daño posible. Pero resulta indispensable aclarar bien las causas del problema para actuar sobre ellas con diligencia y así evitar una repetición del insuceso.

Sin duda, ha habido decisiones de algunos transportadores y productores que han tenido incidencia sobre la indisponibilidad actual de gas (como no haber mantenido los compresores que hubiesen permitido un mayor transporte de gas hacia el interior o no haber ampliado más la capacidad de tratamiento en Cusiana). Pero no debe olvidarse que los inversionistas toman decisiones de acuerdo con las señales que les envían la regulación y las decisiones de política de las autoridades.

La responsabilidad principal recae en la regulación de la Creg, que remunera a los transportadores según el promedio de gas transportado. No remunera, por tanto, la capacidad disponible para consumos pico o para emergencias. Conduce, en consecuencia, a que los transportadores no inviertan en capacidad excedente para emergencias. La Creg ha prestado oídos sordos a esta fundada crítica. Resulta curioso que haya actuado así, cuando en el caso de la energía eléctrica se remunera tanto la producción como la capacidad disponible desde 1995.

Además, la Creg mantiene un esquema dual de precios que distorsiona la operación del sistema. Mientras el precio de gas de Cusiana y otros yacimientos se fija libremente en el mercado, el de La Guajira está regulado. Por supuesto, todos los consumidores quieren gas de La Guajira, que les cuesta menos. Eso reduce la demanda efectiva por gas de Cusiana y ha incidido en la lentitud observada en invertir allí en plantas de tratamiento. La Creg ha sido renuente a liberar el precio de gas de La Guajira para no darle a Chevron una ganancia inesperada. El dilema puede resolverse liberando el precio al consumidor, pagando a Chevron según la fórmula vigente y dejando la diferencia en manos del Gobierno.

El ministro Martínez ha agravado, sin querer, el problema. En lugar de tomar el toro por los cuernos (y haberse aplicado a resolver estos problemas de la regulación como presidente de la Creg), lo tomó por la cola: ha hecho repetidos anuncios de que no permitirá nuevas plantas termoeléctricas de gas y ha buscado estimular la conversión de las existentes para que puedan utilizar también combustibles líquidos. Se han pagado grandes subsidios para esta conversión y ahora resulta que esas plantas no pueden producir con la eficiencia prevista cuando usan diésel. Peor aún, este tipo de anuncios desestimula aún más la construcción de capacidad excedente en gasoductos y en plantas de tratamiento: ¿para qué invertir más si no va a haber suficiente demanda, dado que la política oficial es reducirla? Para colmo, se comprometió al país a exportar gas a Venezuela a tiempo que se buscaba reducir la demanda doméstica. No podrían haber sido mas confusas las señales para el sector.

Así como el traumatismo del racionamiento eléctrico de 1992 sirvió para impulsar reformas profundas en ese sector en los años siguientes, el insuceso del actual racionamiento de gas debería servir para resolver de una vez por todas los múltiples problemas que aquejan a la regulación del sector.