Corte viajera y cogobernante

Editorial

El Mundo, Medellín

Octubre 2 de 2009

La Corte se ha convertido, por decisión de sus actuales dignatarios, en un grupo de oposición al Gobierno y en un suprapoder que no rinde cuentas a nadie.

Una avanzadilla de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por su presidente Augusto Ibáñez Guzmán, emprende hoy una visita a los Estados Unidos que, por la información que se conoce, no fue ni consultada ni coordinada con el Gobierno nacional, lo que da pie para pensar que la honorable Corte, no satisfecha con el efecto pernicioso que al interior del país ha producido su ya largo enfrentamiento con el Ejecutivo, ahora se propone “internacionalizar” sus diferencias, ventilando en el exterior los supuestos o reales problemas que tienen para administrar justicia en Colombia.

Según informa El Espectador, la que se considera “una visita de Estado” comenzará en Washington con una reunión a puerta cerrada con funcionarios de los Departamentos de Estado y de Justicia, donde nuestros magistrados explicarán por qué la CSJ no dio concepto favorable a la extradición de dos ex guerrilleros y de uno de los “cerebros” de DMG, cómplice de David Murcia Guzmán, solicitados por la justicia norteamericana. También figura en la agenda de los seis magistrados una reunión con “representantes” de la Corte Suprema de Justicia de EEUU con el objetivo de “compartir criterios jurídicos, pero sobre todo contextualizar la difícil situación de algunos magistrados del país que han sido ‘chuzados’ por el DAS”. Se dice que otro objetivo de la Corte es reforzar la relación de cooperación judicial y dar un nuevo impulso a los procesos de la parapolítica en el marco de la Ley de Justicia y Paz, a más de destrabar y agilizar las versiones de los extraditados jefes de las AUC, que por cierto han vuelto –‘Don Berna’ y Mancuso, especialmente– a amenazar con retirar toda colaboración. Y finalmente, dizque hay gran expectativa por su encuentro con la Secretaria de Estado Hillary Clinton, “quien... le exigió hace unas semanas explicaciones al gobierno Uribe por la ‘chuzada’ a un funcionario de la embajada de ese país en Colombia que sostenía un diálogo con el magistrado auxiliar Iván Velásquez”.

Naturalmente, la colaboración con la Justicia norteamericana es muy importante y es vital un buen entendimiento y coordinación entre los dos aparatos judiciales, en un marco eminentemente profesional e institucional. El problema es que esos encuentros se gestionaron y concertaron, al parecer, a espaldas de la Cancillería, incurriendo en una suplantación o como mínimo en un desplante inaceptable. No tiene presentación, por ejemplo, que sin contar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente de la Corte haya concertado una entrevista con la señora Clinton, miembro del Ejecutivo y par del canciller Bermúdez en EEUU, para ir a quejarse de que aquí una dependencia de la Presidencia de la República está interceptando comunicaciones de magistrados y menos para ir a dar explicaciones –que le pidieron al Gobierno– sobre la ‘chuzada’ al funcionario de la embajada. Aquí se ve claro un procedimiento violatorio de la Constitución, puesto que las relaciones exteriores son excluyentemente un campo de competencia del Ejecutivo y así como la Carta Magna le asigna al Presidente de la República la función de “dirigir las relaciones internacionales”, también ordena que “los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. De modo que ese tipo de actuaciones de la Corte, si tienen alguna justificación y los gastos van a ser asumidos por el Estado colombiano, deben ser parte del ejercicio de las relaciones exteriores a cargo del Ejecutivo y la primera condición tendría que ser un previo acuerdo sobre la agenda de los viajeros, quienes no actuarían motu propio ni por decisión ‘soberana’ del presidente de la Corte, sino en representación del Gobierno y del Estado colombiano.

El episodio es tan absurdo y folclórico que empezamos a encontrar razón en los críticos feroces de la Corte que la tachan de haberse convertido en el “principal partido de oposición”, pues, como dice el Maestro de Galilea “por sus hechos los conoceréis”. Las declaraciones del magistrado Ibáñez al periodista Yamid Amat, publicadas en El Tiempo del domingo, son reveladoras de esa grave deformación del papel de la CSJ, convertida por decisión de sus actuales dignatarios en un grupo de oposición al Gobierno y en un suprapoder que no rinde cuentas a nadie.

Según la novedosa tesis del presidente de la Corte “el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos, de los congresos, la participación y representación ciudadana; el siglo XX fue el siglo del Ejecutivo, la organización, la administración, la ejecución de recursos. Y el siglo XXI es el siglo del juez, la norma, el cuidado a los derechos fundamentales”. Con su ropaje de cultura y de filosofía política, el enunciado es de un simplismo espantoso. En realidad, en los siglos XVIII y XIX lo que surgió fue la democracia, con su poder básico, el Parlamento, sustituyendo, gradual o violentamente, el poder ejecutivo único y absoluto de las monarquías. En los siglos XIX y XX se refinó el ejercicio del Poder Ejecutivo y, con base en los principios democráticos, se conformó y fortaleció el poder Judicial. La estructura democrática ya está, pues, inventada y no es cuestión de introducir filosofías improvisadas de candidatos a políticos derrotados, para justificar el “gobierno de los jueces”. Con esta gira, si la Divina Providencia no nos socorre, el Dr. Ibáñez sin duda logrará convertir a Colombia en el paradigma de las “Repúblicas Bananeras”.