Por Augusto Trujillo Muñoz
El Espectador, Bogotá
Octubre 2 de 2009
Escribí en esta columna hace quince días, que en un Estado de derecho los jueces hablan a través de sus sentencias.
El ejercicio de la política, a veces, supone espectáculo, pero la administración de justicia, siempre, supone prudencia. Cuando la democracia deja de ser ciudadana para volverse mediática, la importancia del contenido desaparece frente a la proyección de la imagen. El Estado de derecho deviene en Estado de opinión. Entonces los jueces hablan a través de los medios y la justicia se vuelve espectáculo.
Es lo que el país está viendo durante las últimas semanas. Una guerra mediática entre dos autoridades, cada una de las cuales se resiste a perder espacios de opinión. A veces parece que privilegian su poder sobre sus obligaciones. El conflicto tiene origen constitucional pues, con el propósito de hacer más transparente el proceso electivo de algunos funcionarios, la Carta del 91 formuló procedimientos que interrelacionan a diferentes ramas del poder público. Es lo que ocurre con las ternas que se conforman para elegir magistrados de la Corte Constitucional o Fiscal General de la nación.
Dicho propósito del constituyente se desdibujó en la práctica. No sirvió para mejorar el ejercicio de la política ni la administración de la justicia, pero sí contaminó de ejercicio político a las corporaciones que administran justicia. Ahora las altas cortes son una especie de grandes electores que no siempre eligen sobre la hoja de vida respectiva sino sobre las opiniones –o la falta de opinión- de los candidatos, con el discutible pretexto de que no se puede forzar a la Corte a elegir a alguien que no les parezca idóneo.
Conozco bien la actividad pública y sé que una coyuntura como la actual no facilita la toma de decisiones políticamente asépticas. Pero la conveniencia o no de elegir Fiscal General de la nación entre los miembros de una terna –buena, regular o mala- no se puede debatir en el seno de la Corte, ni sus miembros pueden controvertirla en los medios de comunicación. Para eso es el Congreso y para eso están los voceros de opinión que existen en una democracia. La situación se podía haber ventilado en forma privada y no mediática, porque ésta aleja en vez de acercar los resultados positivos.
La Corte suprema fue muy lejos al opinar sobre la conveniencia de elegir el Fiscal General entre los miembros de la terna elaborada por el gobierno. En efecto, habrá quienes piensen que el gobierno hubiera podido conformar una terna mejor, más idónea, más independiente. Otros podrían decir que la Corte también pudo designar como presidente a un magistrado mejor, más antiguo, más prudente. Pero una y otra son opiniones subjetivas y, por lo mismo, controvertibles. Desbordan la dicotomía entre lo formal y lo sustantivo, señalada por Rodrigo Uprimny en su columna de El Espectador.
También leí con atención, en este mismo diario, a Mauricio García cuando justifica lo que la Corte quiere decir, en su lenguaje jurídico, con relación a la terna y frente al autoritarismo del presidente. No veo en las declaraciones del presidente de la Corte lenguaje jurídico. Ahora decidió proclamar al siglo xxi como ‘el siglo de los jueces’, a la manera de cualquier candidato en campaña electoral. Ese no es un lenguaje jurídico, ni equilibrado, ni prudente.
No se trata, por supuesto, de criticar a la Corte. Por el contrario se trata de defenderla de su locuaz presidente que, incluso, podía hacer lo mismo pero desde la austeridad de su despacho, no desde las páginas de los periódicos. Al volverse protagonista de esta inefable guerra mediática desdibuja la majestad de la justicia y estimula la polarización social. En otras palabras se aleja del Estado de derecho y se acerca al Estado de opinión.
*Ex senador, profesor universitario
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