Alfonso Monsalve Solórzano
El Mundo, Medellín
Octubre 11 de 2009
El campo ha sido el mayor damnificado del conflicto interno colombiano. Millones de campesinos han perdido sus tierras y han sido desplazados o muertos por las fuerzas de extrema derecha o extrema izquierda que han convertido esas tierras en sembradíos de amapola o coca. La producción agraria es la que más ha sufrido el embate de la violencia, además de las medidas proteccionistas de las naciones desarrolladas. Por ello, recuperar el campo es una prioridad nacional, no sólo económica sino también social y de justicia.
La política de seguridad democrática paulatinamente ha ido creando las condiciones para el retorno y la normalización. Ésta pasa por la recuperación de la tierra por parte de aquellos a los que les fue arrebatada y la creación de una economía agrícola moderna, altamente productiva, sustentable y equitativa, que permita opciones de vida digna a quienes han regresado o no salieron, a pesar de todas las dificultades. La política ha de ser tal, que beneficie a todos; que eduque en la idea de que no basta tener un pedazo de tierra y obtener un subsidio, sino que impulse formas de organización de la producción con métodos empresariales, y de uso de la tecnología, para que al final no haya nuevas frustraciones. Ha de ayudar a millones de campesino a pasar de la producción preindustrial y atrasada, en la que han estado sumergidos por siglos, a la moderna y altamente tecnificada.
Países que predican el libre comercio, como Estados Unidos y los reunidos en torno a la Unión Europea, subsidian, de manera muy importante, la agricultura, es decir a los productores, que no son especialmente pequeños o campesinos sin tierra. Se trata de una política contra la que protestan los países pobres y/o emergentes, porque no permite que sus productos lleguen a los países desarrollados y, en cambio, éstos controlen el mercado de aquellos en renglones que tienen que ver con la supervivencia misma en regiones enteras del mundo, como el maíz. De manera que subsidiar a los productores responde a la estrategia de asegurar niveles importantes de producción alimentaria que permitan una cierta e importante soberanía en este campo tan estratégico.
Digo, cierta e importante soberanía porque es imposible ser productor de todos los componentes de la canasta alimentaria básica, y hasta no sería deseable serlo, si se aseguran los productos esenciales en este campo, para posibilitar, adicionalmente, la participación en la agricultura para la industria no alimentaria, que también es importante, y mucho, a la hora de diversificar la producción del país y producir riqueza, en áreas tan estratégicas como los biocombustibles, que buscan eliminar la dependencia de fuentes externas de energía y llegar a ser un exportador de ésta.
La producción de grandes cantidades de alimentos y de otro tipo de agricultura debe hacerse con criterios industriales, es decir, empresariales, a gran escala y con crecientes niveles de tecnología. Los grandes empresarios están en condiciones, si lo hacen bien, de producir de esta manera, y por ello tiene sentido subsidiar este tipo de empresas, más aun si están condicionadas a la creación de empleo. Pero también, como lo demuestra la industria del café, la producción puede irrigarse en un sinnúmero de pequeños y medianos productores, que son capaces de organizarse y producir para exportar.
Por eso, lo ocurrido en Agro Ingreso Seguro es muy grave. Ya tiene suficiente resistencia entre sectores importantes de nuestra sociedad la política de subsidiar a empresarios, así sea con el objetivo loable de producir empleo, para que, para colmo de males, un puñado de éstos, como todo parece indicar, defrauden los recursos del Estado, que son de todos los colombianos, inventándose formas de multiplicar dolosamente dichos subsidios. Esta práctica debe investigarse y llegar al fondo del asunto. La imagen del gobierno ha quedado seriamente golpeada. Debe corregir de inmediato para que este tipo de manejos no puedan volver a ocurrir.
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