Por Jaime Jaramillo Panesso
7 de octubre de 2009
El reportaje concedido a Yamid Amat por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Augusto Ibáñez, y publicado en El Tiempo el 27 de septiembre, debiera preocupar a los colombianos en general y los analistas jurídicos y políticos, pues Ibáñez plantea varios asuntos que denotan los componentes del actual estado del “gobierno de los jueces”.
Para justificar la propuesta de la CSJ sobre la creación de una Comisión de la Verdad, descalifica la Ley 975 de 2005, Justicia y Paz, y tomándose como original fórmula, predica que a la violación de los derechos humano en el conflicto armado, además de trámite formal en los tribunales, debe existir una alternativa de justicia transicional que conduzca a reflexionar sobre las circunstancias que llevaron al conflicto y buscar la verdad como instrumento de reparación. No tiene nada que ver con lo jurídico, sino con los histórico y sociológico. Esa Comisión de la Verdad en la cual está empeñada la CSJ tendría lateramente un área o subcomisión de “memoria histórica” y lograr así la no repetición de los hechos. Al final se pueden tomar decisiones jurídicas. Y nos deja en banco si esa C omisión tendría funciones judiciales, funciones acusatorias o simples descripciones socio-históricas. Agrega Ibáñez, para agrandar su ego, que lo relevante de la hora actual es la coincidencia cronológica y política del tema de los jueces y las víctimas y que este es el siglo de ambas partes, es decir, el siglo de los jueces y las víctimas.
No podemos pasar por alto las anteriores afirmaciones. La fórmula de una Comisión de la Verdad impregnada de los principios de justicia transicional, tiene dos errores: dicha fórmula ignora que la ley de Justicia y Paz está basada en la Justicia Transicional, pero ni el aparato jurisdiccional, ni el administrativo, ni los policías, ni los militares conocen la ley ni actúan conforme a esos principios. Una Comisión de la Verdad no procede en una etapa donde el conflicto no ha terminado, ya por acuerdo de paz, ya por derrota militar. Las Farc y el Eln existen aunque sea precariamente. Además, ¿de cuál Verdad se habla cuando la verdad judicial, fuente de información ineludible, se encuentra obturada y están en la impunidad los procesos de la Farc-política que deberían tener igual énfasis que los de la para-política? La verdad es parte de la reparación, pero la “memoria histórica” es bastante insuficiente como disuasivo para la no repetición de los hechos. La no repetición requiere el perdón y la reconciliación y una profunda tarea pedagógica para la convivencia y el respeto a las normas, escritas y no escritas. Súmele a lo anterior el reconocimiento a los desmovilizados y su involucración social y política que obture el ciclo de las venganzas.
¿De cuáles víctimas habla el Magistrado Ibáñez? ¿Las víctimas de la Primera Guerra Mundial de 1914? ¿De las víctimas de la Segunda Guerra mundial de 1939? Salvo excepciones, todas esas víctimas y sus sobrevivientes están muertas. Las víctimas colombianas de un conflicto que cumple 45 años, cuando los marxistas leninistas y maoístas criollos determinaron tomarse el poder por las armas y usar todas las formas de lucha. Y las innumerables víctimas que ocurrieron con la aparición de las autodefensas, en buena parte como respuesta a la violencia de los revolucionarios comunistas. Muchas de esas víctimas y sus sobrevivientes familiares han desaparecido. Mientras los jueces permanecen como institución, las victimas no mortales y sus sucesores desaparecen por razones naturales. No resulta fácil comprender la liga entre jueces y víctimas, al menos que sea una frase poética, desde el ángulo retórico de Ibáñez.
Pero quedan miles y miles que están visibles y reclamantes en los procesos judiciales, gracias a la Ley de Justicia y Paz. Si el Presidente de la CSJ proclama que es el siglo de los jueces y de las víctimas, suponiendo que el magistrado Ibáñez se refiere a las víctimas colombianas, ¿por qué solo hay una sentencia, sentencia además impugnada, emanada de los jueces de Justicia y paz? Fortuna es para las víctimas colombianas que exista la reparación administrativa la cual ha comenzado por la indemnización económica, parte de la integralidad reparatoria que se suma a la verdad, la justicia (de la que hace parte el Magistrado Ibáñez) y la no repetición. Durante 2009 la están recibiendo diez mil colombianos. Si Yamit Amat y el Magistrado Ibáñez conocieran los efectos y tareas que manda la ley 075 de 2005 y lo que hace la Comisión de Reparación y Reconciliación, mucho les aportaría a sus preguntas, respuestas y reflexiones. Conocerían parte de la realidad, que es la verdadera verdad.
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