Alejandro Gaviria
El Espectador, Bogotá
Octubre 18 de 2009
El debate sobre el financiamiento de las universidades públicas está al rojo vivo. Los rectores dicen que los recursos actuales son insuficientes. La Contraloría señala que las transferencias de la Nación han disminuido en los últimos años.
El Ministerio de Educación afirma lo contrario. El viernes en la tarde un grupo de estudiantes retuvo de manera arbitraria al rector de la Universidad Nacional. El Presidente ordenó la intervención de la Policía. El incidente de orden público acaparó transitoriamente los titulares. Pero el asunto inicial, el problema de fondo, las dificultades financieras, sigue sin resolverse.
El origen del problema es simple. Las universidades públicas han crecido significativamente durante los últimos años. Tienen más y mejores profesores. Más programas. Más estudiantes. Más grupos de investigación. Pero las transferencias de la Nación no han aumentado en términos reales. Por mandato legal, según lo establecido en la Ley 30 de 1992, las transferencias han crecido, año tras año, al mismo ritmo de la inflación. Actualmente el problema financiero ya es estructural. Y por lo tanto no va a resolverse con una adición presupuestal de última hora. La solución, casi sobra decirlo, pasa necesariamente por una reforma integral de la Ley 30 de 1992.
La reforma tiene que aumentar el monto de las transferencias de la Nación. Pero no puede quedarse allí. Tiene que ir más allá. Debe no sólo aumentar el tamaño de la torta, sino también la forma como se distribuye. Los recursos adicionales, al menos, deberían distribuirse de manera distinta, con base en criterios de eficiencia o de equidad regional. Algunas universidades grandes, con la Universidad Nacional a la cabeza, se han opuesto sistemáticamente a cualquier cambio en los criterios de distribución. Parecen preferir la inercia distributiva actual. Contradictoriamente abogan por un cambio en el monto de los recursos pero se oponen a cualquier reforma a la distribución.
Hace ya seis años el Congreso aprobó una reforma menor a la distribución de las transferencias a las universidades públicas. La Ley 812 de 2003 (o Ley del Plan de Desarrollo) estipuló que 12 por ciento del monto total de los recursos debería ser distribuido con base en una serie de indicadores de calidad. Desde el momento mismo de su aprobación, el Ministerio de Educación quiso discutir los indicadores, trató de promover un dialogo necesario sobre la distribución de los recursos. Pero algunos rectores siempre miraron con recelo aritmético una reforma marginal. El entonces rector de la Universidad Nacional decidió finalmente demandar la norma en cuestión. Y en poco tiempo la Corte Constitucional la declaró inexequible pues iba supuestamente en contravía de la autonomía universitaria, como si la inercia distributiva fuera inmodificable por siempre.
La reforma de la Ley 30 de 1992 es urgente. La necesidad de mayores recursos es indiscutible. Pero también es indispensable una reforma a los criterios de distribución. Nadie cuestiona la autonomía universitaria. Pero muchas universidades públicas incurren en una contradicción flagrante cuando ponen de manifiesto la dependencia económica y promulgan simultáneamente la autonomía absoluta. Si la Nación pone la plata, debe también poner, dentro de unos límites razonables, ciertas condiciones. Bienvenidos los mayores recursos. Pero acompañados de unas nuevas reglas de juego.
No hay comentarios:
Publicar un comentario