José René Argueta
El Tiempo, Bogotá
Diciembre 1 de 2009
El 2 de diciembre próximo, el Congreso Nacional (CN) tomará la decisión final sobre si Zelaya es restituido o no como presidente de Honduras.
Con ese propósito, el Ministerio Publico, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia han enviado sus respectivas opiniones al CN para que este pueda tomar una decisión en concordancia con las leyes y el orden constitucional.
Es ampliamente sabido que dichas instituciones estuvieron directamente involucradas en el proceso que culminó con la decisión de la CSJ de remover a Zelaya de su cargo de Presidente de la República. Consecuentemente, su posición respecto a la restitución de Zelaya es contraria. De hecho, la posición común parece ser la expresada recientemente por la CSJ, la cual es opuesta a la restitución de Zelaya mientras este no sea sometido a juicio y sea exonerado de los delitos que se le han imputado.
Sin embargo, la Constitución de Honduras autoriza al Congreso Nacional a otorgar amnistía mediante el artículo 205, inciso 16. De modo que el CN podría decretar un perdón legislativo (amnistía) a Zelaya y remover así cualquier obstáculo para su restitución.
Hay dos escenarios que el Congreso va a sopesar antes de poder tomar una decisión.
Por un lado, el restablecimiento de Zelaya en el poder sin duda ayudaría a disminuir el descontento de un gran segmento de la población hondureña que apoya a Zelaya, contribuyendo así a reducir las divisiones políticas y a mantener la paz en el país. De igual manera, la restitución de Zelaya también satisfaría los reclamos de una gran cantidad de países que continúan percibiendo la destitución de Zelaya como un golpe de Estado, mejorando así nuestras relaciones internacionales.
Por otra parte, el decretar amnistía política sería un duro revés para la 'nueva' Corte Suprema de Justicia de Honduras. La amnistía política implicaría, ante el mundo entero, que la CSJ estuvo errada en su decisión de destituir a Zelaya, o peor aún, que lo que sucedió fue realmente un golpe de Estado.
Sin embargo, existe un factor común en ambos escenarios que el CN debería también considerar de manera muy seria: el deseo nacional de que imperen la ley y el orden constitucional. La gran animosidad entre ambos lados en este conflicto político ha sido el resultado de la percepción de que se violó la Constitución y el orden democrático de Honduras.
Los que apoyan a Zelaya lo hacen porque perciben su destitución como un golpe militar anti-constitucional. La prueba de su percepción fue la captura y envío al exilio de Zelaya por los militares, lo cual fue inconstitucional.
Los que están en contra de Zelaya lo hacen porque perciben su destitución como el resultado de las violaciones de este al artículo 239 de la Constitución, que prohíbe la promoción de la re-elección presidencial. La prueba de esta percepción son los varios fallos de diferentes cortes, los cuales Zelaya decidió desobedecer por ser contrarios a sus planes de reelección.
De manera que el Congreso Nacional debería tomar su decisión teniendo muy en cuenta que ambos bandos en el conflicto violentaron la Constitución y otras leyes. Si decide aplicar la ley y castigar a Zelaya por sus violaciones, también deberá asegurarse de que los que lo enviaron al exilio y los que inventaron su carta de renuncia sean también castigados.
Pero si no existe la voluntad política de aplicar la ley de manera imparcial, Zelaya debería ser exonerado también. Es preferible que todos queden impunes a que se aplique la ley solo "al árbol caído", reforzando así entre la población hondureña la percepción histórica de tener un sistema judicial parcializado a favor de aquellos en el poder.
Por supuesto, la mejor opción es que todos sean juzgados y respondan por igual ante la ley. La democracia hondureña no puede prosperar sólo por tener elecciones libres y justas. Igualmente importante es el establecimiento del Estado de Derecho en el país. Decretar una amnistía solo contribuiría a prolongar la larga historia de impunidad de políticos y militares en Honduras. ¡Esa es la verdadera crisis!
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